Vox ha denunciado esta mañana que la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia, Gloria Rojas, firmó un contrato a una empresa representada por su hermano consistente en la limpieza del colegio público Real por algo más de 14.000 euros y una duración de dos meses.
El presidente de la citada organización política, José Miguel Tasende, adelantó que Vox se está planteando la posibilidad de llevar el tema a la Fiscalía (“posiblemente sí lo hagamos”, dijo) aunque, en su opinión, debería ser la propia Ciudad Autónoma la que interviniera. Según Tasende, la solución no es que Vox acuda a los tribunales sino que la propia Administración tenga mecanismos de control suficientemente eficiente en ese sentido.
De ese modo, el partido propone que el secretario, el tesorero y el interventor sean habilitados nacionales para garantizar “una capacidad técnica e independencia” que impida “que se produzcan estas tropelías”. Asimismo, entiende que debe existir una “oficina antifraude” como forma de asegurar “el respeto al dinero público, la moralidad y que se empleen bien los impuestos que pagamos”.
Tasende explicó que en febrero pidieron al presidente De Castro información acerca de cuándo llevarían a la Fiscalía la “larga serie” de expedientes de contratación entre 2016 y 2019 que el Tribunal de Cuentas recomendó plantear ante la Justicia “por deficiencias con indicios ilícitos”. “Con esos antecedentes”, explicó, “creíamos que se iba a acabar con esos contratos”.
Sin embargo, según expuso el líder de Vox en Melilla, el nuevo ejecutivo local “se ha subrogado del anterior” y nada ha cambiado en el tema de los contratos. Y a modo de ejemplo, expuso lo ocurrido con la contratación menor correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad que, en cambio, firma la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia aún cuando su hermano aparece como representante de la empresa, en este caso Clece. Se trata de un contrato de limpieza de los llamados “puente” porque se produce entre la finalización de una relación contractual y el comienzo de la siguiente.
El contrato, por espacio de dos meses, suponía un coste de 14.525 euros.
Para Vox resulta extraño el hecho de que la contratación menor no fuera firmada por la consejera Fernández Treviño sino por Gloria Rojas aún cuando aparecía su hermano como signatario por parte de la empresa.
A juicio de Tasende, toda esta circunstancia contraviene lo establecido en las normas que rigen no solo la contratación pública sino también la ley de cargos públicos, que no deben firmar ese tipo de acuerdos hasta el grado cuarto de cosanguineidad.
José Miguel Tasende cree que dicha situación “pisotea la moralidad pública, la transparencia y deja espacio a la corrupción, a las corruptelas, al amiguismo e incluso al nepotismo”.
Vox entiende que esa contratación “podría ser nula”, según establece un primer análisis realizado por los servicios jurídicos del partido porque supone “una flagrante violación de la norma” que “dice que no se puede contratar con un pariente de segundo grado” como es el caso de un hermano.
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