Este martes quedó visto para sentencia el juicio de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el convenio colectivo del personal laboral firmado en 2012 entre la Ciudad Autónoma y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para los planes de empleo, que, según el sindicato demandante, suponía una “atrocidad” hacia los trabajadores y había “atentado directamente contra el artículo 14 de la Constitución, el estatuto de los trabajadores y la directiva europea referida al trabajo temporal. Para la CGT, a igual trabajo tiene que haber igual salario y, sin embargo, aseguran que desde entonces se pagaron cuantías muy inferiores en las nóminas y se perjudicaron algunos derechos sociales de los trabajadores, como los referentes a los días libres.
El secretario de Organización del sindicato en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, confía en que el Juzgado de Lo Social 1 de la ciudad autónoma, con su sentencia, termine con “este despropósito” que se suscribió en 2012 y que se convierta en “un antes y un después”. El dirigente sindical cree que se va a abrir la posibilidad, por un lado, de compensar a esas personas económicamente por las diferencias correspondientes y, por el otro, de que “las personas afectadas reciban las indemnizaciones que correspondan”, determinadas, en su caso, por el juez.
Según los cálculos de la CGT, son miles de personas afectadas –la mayoría, mujeres– a razón de unos 300 euros mensuales, a lo que habría que añadir la indemnización que el magistrado considere, en su caso, pertinente por vulneración de derechos fundamentales.
La abogada del sindicato en este caso, Ana Martínez, es optimista respecto a la resolución que pueda adoptar el juez. Asegura que ha aportado jurisprudencia de casos similares por parte del Tribunal Supremo (TS) en Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla, Córdoba o Algeciras.
Martínez apuntó en el juicio que las personas más perjudicadas habían sido los colectivos más vulerables, especialmente las mujeres, y criticó que suelen ser las mismas personas las que año tras año son seleccionadas para los planes de empleo, con “gente que tiene a su cargo gente que llevan siete años”.
La Ciudad Autónoma, con el apoyo de CSIF y la UGT, se opuso a las reclamaciones de la CGT. Los tres pidieron una sentencia desestimatoria y negaron, según la abogada, la capacidad del sindicato de ser parte del procedimiento. “Sorprendentes” le resultaron a Martínez las alegaciones de CCOO, que, aunque firmó en su momento el acuerdo, ayer se adhirió a la demanda de la CGT.
El cambio de postura de CCOO dejó “anonadado” a Montenegro, quien pensaba que podía deberse a que hubieran “visto la luz” o quizás a una pérdida de afiliación que él, asegura, ha percibido durante las últimas semanas.
Según explicó a El Faro el secretario general de CCOO en Melilla, Francisco López, contra lo que se pudiera pensar, no es que cambiaran su postura. Lo que sucedió es que, en el anterior juicio, el suplico de la demanda estaba “mal”, pero, una vez subsanado, este sindicato ya no tenía problemas en apoyarlo. Es más, agregó el secretario general local de CCOO, ellos siempre defendieron que ese acuerdo no habría que haberlo firmado, hasta el punto de que las dos personas responsables de suscribirlo en su momento fueron suspendidas y acabaron marchándose a la UGT. El convenio ya estaba firmado y no se pudo hacer nada, según López; sin embargo, recalcó que “la actual dirección siempre ha estado en contra de que a los trabajadores se les pongan condiciones distintas en el mismo puesto de trabajo”.
La abogada de la CGT reclama el derecho de su cliente a representar a los demandantes pese a no formar parte de comité de empresa del Ayuntamiento, ya que la gente ha visto en ellos, dice, una manera de organizarse y “un sindicato que sí va a defender sus derechos”. En contraposición, Martínez opina que “a lo mejor el colectivo del primer empleo no es muy atractivo para los otros sindicatos, porque no puede participar en las elecciones sindicales”.
En cualquier caso, la abogada considera que se trata de “una cuestión legal” en primer término y que si, además, esto sirve para “mover posiciones de los otros sindicatos, “bienvenido sea”.
“Está bien que hayamos hecho cambiar el paso a un sindicato que se dice de clase, pero que viene demostrando en Melilla que está más próximo a la clase política que a la clase trabajadora”, terció, mientras, el secretario de Organización del sindicato en alusión a CCOO.
Tanto Montenegro como la abogada tienen muchas esperanzas en que van a ganar el juicio. Para el primero, “es vergonzoso que una administración viole el dercho fundamental a la igualdad”. En su opinión, ya sólo esto debería “provocar dimisiones por parte de los responsables públicos que suscribieron aquel acuerdo y que, año a año, desdde 2012, han venido apoyándose en él –mantenido por los sucesivos gobiernos locales que ha habido desde entonces– para dañar a miles de trabajadores, muchos de ellos muy próximos a la exclusión social”.
Al parecer del secretario de Organización de la CGT para la zona, “es impresentable que una administración llegue a estos niveles”, pero es incluso “mucho más impresentable que unos sindicatos que dicen representar a la clase trabajadora patenten con su firma estas discriminaciones”. “No sabemos qué hay detrás, a cambio de qué han firmado esto, pero es vergonzoso”, añadió.
Por su parte, la abogada resaltó el papel de las administraciones públicas como garantes de la protección de los ciudadanos y que fueran precisamente estas las que estaban “vulnerando los derechos de los trabajadores y de los colectivos más vulnerables en muchos casos”.
Dada la jurisprudencia previa existente, Martínez tiene esperanzas. “Respetamos en procedimiento y sus cauces, pero confiamos en nuestros argumentos”, subrayó. Para una resolución favorable, la CGT cuenta con lo que ella califica como “una demanda muy sólida, con muchos argumentos jurídicos y basada en muchos otros pronunciamientos” como son las “más de 20 sentencias similares en estos términos presentadas”.
El secretario de Organización de la Confederación General del Trabajo para Andalucía, Ceuta y Melilla (CGT-A), Miguel Montenegro, se mostró “abrumado” por la “buena acogida” que, dijo, está teniendo el sindicato entre los trabajadores de Melilla. En el certificado de afiliación presentado el pasado día 15 de abril, válido para los panes de empleo y para otras consultas –también para los simpatizantes–, se cuentan 481 afiliados que trabajan o han trabajado en los planes de empleo y 174 personas inscritas como simpatizantes que trabajab o lo han hecho en los planes de empleo.
Asimismo, en dicho certificado, el sindicato señala que, sólo entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, se han recibido más de 1.000 consultas y en la asesoría jurídica de la CGT sobre planes de empleo y se registraron 547 demandas individuales ante el Juzgado de Lo Social.
Cabe recordar que el período que abarca el juicio comienza en 2012 y llega incluso hasta este año.
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