El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, anunció que el módulo cuatro de la planta desaladora ya está funcionando, aunque precisa de varios ajustes: “en el módulo nuevo había un par de bombas que había que conectar, pero ya se han conectado. Es decir, el cuarto módulo funciona, aunque tiene algunas ajustes y reparaciones pendientes”.
Pero no todo son buenas noticias, ya que los otros tres módulos de la desaladora continúan en mal estado “por lo tanto hemos trasladado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Transición Ecológica que el mantenimiento de la planta, al que nunca tuvo acceso la Ciudad Autónoma hasta el pasado mes de marzo, era deficiente. Por lo tanto, son ellos quienes tendrán que tomar cartas en el asunto y realizar las intervenciones necesarias que precise la instalación”, afirmó Ventura.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente quiso dejar claro que las reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir son constantes al igual que con el Ministerio de Transición: “dependemos los unos de los otros y las reuniones son frecuentes por diferentes motivos, tales como cuestiones técnicas o de control”.
Problemas heredados
El pasado 6 de marzo, la Ciudad Autónoma recibía por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Transición Ecológica la gestión de la planta desaladora para su explotación, conservación y mantenimiento. Una entrega que se llevó a cabo conforme al convenio ratificado en el 2021 entre la Administración, el Ministerio y la Confederación. En dicho acuerdo se establecían las líneas de colaboración para la ejecución, y posterior cesión, del uso, explotación, mantenimiento y sistema de abastecimiento de agua de Melilla.
En ese momento, la Ciudad aceptó la realización de los trabajos de la segunda fase de la nueva red de abastecimiento de Melilla, así como la sectorización y automatización de la misma. La Confederación, por su parte, se obligaba a ampliar la instalación de la desalinización de agua de mar y la dirección general del agua del Ministerio de Transición Ecológica a realizar la nueva línea eléctrica de alta tensión para poder alimentarla.
Antes de la recepción de la planta, la Ciudad Autónoma solicitó una auditoría a través de la empresa Bureau Veritas, que junto con la propia auditoría que llevó a cabo la empresa Sacyr agua, adjudicataria del nuevo contrato de operación y mantenimiento de la desaladora daban lugar a una serie de informes que el Gobierno de la Ciudad incorporó al acto de entrega para dejar constancia del estado de la planta.
A la vista de las deficiencias encontradas en los informes, se incluyó, a petición de la Ciudad Autónoma, un anexo donde se recogían una serie de observaciones y obligaciones derivadas de la inspección técnica realizada el 5 de marzo y que, entre otras cosas, ponían de manifiesto algunas deficiencias como falta de equipos y repuestos necesarios para el adecuado funcionamiento de la planta.
La desaladora continúa siendo el caballo de batalla de la Ciudad Autónoma que la recepcionó, en palabras de Daniel Ventura, “defectuosa” .
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