Vecinos de la Circunvalación dicen que llevan años viviendo en esa zona de Melilla

Vecinos de la Circunvalación defienden que las casas en las que viven, en muchos casos desde hace 20 años, no son ilegales.

La Policía Nacional realizó hace una semana una redada en viviendas de la carretera de la Circunvalación y detuvo a siete personas por carecer de documentación para permanecer en España. Desde el Cuerpo Nacional indicaron que en la zona fueron identificadas como extranjeras 43 personas.

El Faro se ha trasladado al lugar de los hechos donde los vecinos de la zona han opinado sobre lo sucedido y aseguran que llevan años viviendo en esta zona.

En declaraciones a El Faro negaron que se trate de viviendas ilegales y defendieron que ese conjunto de once casas tiene su cédula de habitabilidad y que constan en el registro catastral.

De hecho, las viviendas cuentan con una numeración en su entrada y tienen contador de luz. Según estos vecinos, ellos pagan también facturas de electricidad y agua. Además, comentaron que muchos de ellos tienen que pagar alquileres que rondan los 200 euros por vivir en esos inmuebles.

Los vecinos afirmaron también que la mayoría de ellos son españoles, empadronados todos y con su documentación en regla, aunque no la mostraron a El Faro. E incluso hay algunos que llevan un par de décadas viviendo en los inmuebles de esas parcelas, donde han ido desarrollando su vida.

Admiten que durante la operación policial fueron detenidas siete personas, todas de nacionalidad marroquí, por carecer de documentación para permanecer en España, por lo que estaban en situación irregular. Esas personas, añaden, fueron trasladadas a dependencias policiales para cumplimentar los pertinentes expedientes de expulsión.

Los vecinos, que prefirieron no dar sus testimonios ante la cámara, criticaron la actuación policial e incluso llegaron a señalar que el registro se hizo sin orden judicial. Ellos afirman que no han tenido la oportunidad de ver dicha orden.

El Faro se puso en contacto con la Policía Nacional para contrastar la versión de los vecinos y aseveraron que no se hizo ningún registro. Aclararon que se actuó en supervisión de las personas que viven en una vivienda y que si el propietario no se niega, se puede supervisar legalmente.

La Policía Nacional realizó esta actuación este 2 de diciembre junto a la Policía Local, en una finca de la Circunvalación, con la orden de determinar la veracidad de las inscripciones patronales e inspeccionar las condiciones de la construcción de la vivienda en cuanto a habitabilidad.

De puertas para afuera

De puertas para adentro, sostuvieron que no tienen ninguna carencia, pero es distinto de puertas para afuera: falta de iluminación,  la carretera está mal asfaltada y existe peligro de caída con los árboles enredados con los cables en la zona.

Además, indicaron que han tenido que hacer arreglos ellos mismos en la entrada de los inmuebles, o en las mismas viviendas, ya que entienden que la Administración no se va a hacer cargo de esto.

Hay familias con niños y niñas que van a la escuela, y lamentan que ni siquiera el autobús llegue hasta esta zona. En definitiva, los vecinos lamentan esta situación y el abandono por parte de la Administración.

Molestos, invitaron a la Ciudad Autónoma a que acuda a las viviendas de La Cañada, porque, según indicaron, ahí sí hay viviendas construidas de forma ilegal desde hace muchos años.

"Construcciones sin licencia de obra, y con ellos no se meten", se quejaron.

Retrasos en la Administración de Justicia

Una de las personas detenidas en la operación policial es una mujer de origen marroquí, pareja de Fernando, uno de los vecinos de estas viviendas. Ambos tienen un niño de 2 años. Él explicó a El Faro que "sus papeles estuvieron durante cinco meses", "hasta que todo estuvo conforme para Extranjería".

Al parecer trató de enseñar a los agentes esa documentación, pero al no tener más que el pasaporte de Marruecos, la llevaron a dependencias policiales donde estuvo diez horas retenida. Fernando argumenta que es debido a los retrasos que se están dando en la Administración de Justicia.

Además, él explica que su hijo de 2 años no está inscrito por retrasos de la Administración de Justicia. SEgún explicó, desde el inicio de la pandemia no ha podido inscribir a su hijo en el Registro, a pesar de haber nacido en el Hospital Comarcal y tener un padre español.

Él asegura que llegó, incluso, a hablar con el  juez decano de Melilla, pero la familia ha estado esperando una firma del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 para registrar al pequeño.

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