La campaña de vacunación, los efectos del coronavirus, la gestión de los fondos de recuperación y la estrategia nacional frente al reto demográfico serán las materias que protagonizarán la XXIV Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes en Salamanca. Pero Melilla también expondrá y pondrá sobre la mesa que se aborden las relaciones con Marruecos.
Una cita que también estará marcada por las ausencias, como la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien, a pesar de la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que su intención es mantener una interlocución bilateral con el Ejecutivo central, por lo que no acudirá a la Conferencia de Presidentes, al considerarla un acto meramente "simbólico".
A pocos días de la celebración de la Conferencia de Presidentes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco ha desvelado si acudirá el día 30 de julio a la cita salmantina.
El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha mostrado su intención de abordar las relaciones entre España y Marruecos en la Conferencia de Presidentes.
"Toda esta desagradable historia que estamos viviendo respecto a Marruecos se pondrá, como siempre he hecho, encima de la mesa", ha afirmado De Castro, refiriéndose a la crisis fronteriza que tuvo lugar hace justo dos meses con los acontecimientos de Ceuta, que también afectaron, en menor medida, a Melilla.
Quien ha amenazado con no ir más a estas reuniones de presidentes autonómicos ha sido la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Ejecutivo de incumplir el reglamento de la Conferencia de Presidentes.
Según Díaz Ayuso, cuando el expresidente popular Mariano Rajoy convocaba estas reuniones, se informaba con los 20 días de antelación que el reglamento exige, se comunicaba el orden del día con los temas a tratar y se debatían previamente las posturas de los diferentes gobiernos para preparar dichas conferencias.
Por ello, ha advertido que en esta ocasión sí acudirá, pero, mientras Pedro Sánchez las organice sin programarlas con tiempo y “no se traten de acuerdo al reglamento”, con un orden del día, con 20 días de preaviso, la Comunidad de Madrid “no va a seguir asistiendo”.
De cara a la reunión del próximo viernes, fuentes del Ejecutivo madrileño han explicado a EFE que la presidenta madrileña espera del Gobierno de España “información, transparencia y verdadera cooperación” con las comunidades autónomas a la hora de gestionar los fondos europeos para la recuperación, ya que, según ha criticado Díaz Ayuso recientemente en público, ni siquiera sabe “cómo ni cuándo presentar los proyectos”.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tratará de esclarecer las cuestiones que afectan a los fondos, porque tampoco conocen “qué figura jurídica los regulará”.
Hasta ahora, a juicio de fuentes del Ejecutivo madrileño, lo que hay es “opacidad” acerca de la gestión y arbitrariedad a la hora de distribuir los fondos, en función de si se trata o no de regiones gobernadas por los socialistas o sus socios.
En este sentido, desde el Gobierno de Díaz Ayuso subrayan que Madrid va a recibir 1.284 millones de euros, 422 millones menos que Cataluña, aunque aporta más al producto interior bruto (PIB) nacional.
También ha sido muy crítico con cómo se ha convocado la conferencia el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha sostenido que no se ha cumplido "la normativa" para estos encuentros y que será solo "una reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos".
"No hay documentación previa, no hay un pacto sobre los asuntos en el orden del día y ninguna resolución o acuerdo de obligado cumplimiento" para su aprobación, ha aseverado el presidente gallego.
Feijóo ha considerado "razonables" las peticiones de una agenda para esa reunión y ha recordado que las Conferencias de Presidentes tienen un reglamento aprobado que regula su funcionamiento, por lo que las últimas que se han celebrado desde el inicio de la pandemia no lo han sido, ya que "ninguna cumple esa normativa".
Lo cierto es que hasta el pasado jueves no se conoció -y no oficialmente- el orden del día de la cumbre, con un primer punto para analizar la situación de la campaña de vacunación y de los efectos de la covid-19, así como la gestión y los próximos pasos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El segundo punto del orden del día está referido a la presentación de la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto Demográfico para impulsar la agenda común entre los diferentes niveles de gobierno.
Fuentes autonómicas indicaron a EFE ese mismo día, el jueves 22 de julio, que el Gobierno les informó de que los presidentes autonómicos tendrán cinco minutos cada uno para su intervención.
Cinco minutos que el "anfitrión" de la cita, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechará para exigir un reparto de los fondos europeos justo y equitativo y una política activa contra la despoblación.
La mejora de las infraestructuras, una ley de pequeños municipios, la fiscalidad y los costes laborales en la provincia de Soria o que el Gobierno considere a la provincia de Zamora en zona de riesgo de despoblación son otras de las medidas concretas que reclamará Fernández Mañueco.
Desde Aragón, las reivindicaciones que planteará su presidente, Javier Lambán, son una financiación autonómica que atienda el coste de los servicios por habitante y una gestión de los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia que permita reequilibrar a las comunidades autónomas.
Para Lambán, el reto demográfico es una "pésima denominación", porque es un reto que "tiene todo el país por la caída de nacimientos", y por eso defiende que de lo que hay que hablar es de la España "abandonada", que "merece más atención" y es una cuestión que Aragón pretende seguir liderando.
La "otra cara" de la moneda, según el presidente aragonés, es la financiación autonómica, sobre la que Aragón defiende un reparto en función del coste de los servicios por habitante y que parte de las tesis recogidas en la "Declaración de Zaragoza", suscrita en septiembre de 2018 por Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón.
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