UPyD y Equo ponen en duda la legalidad de las “expulsiones en caliente”

Díez pregunta si los protocolos de la Guardia Civil respeta la L.O. 4/2000.

Los grupos parlamentarios de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Compromís–Equo también han preguntado al Gobierno sobre la legalidad de la actuación de la Guardia Civil en las expulsiones de inmigrantes que entran a Melilla de manera irregular. Especialmente, ponen en duda la legalidad de las “devoluciones en frontera” y si los protocolos de la Benemérita “están adecuados” a la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros en España y su integración social.
La diputada upedista Rosa Díez ha llevado al Congreso esta pregunta tras la denuncia de CCOO en Melilla sobre la falta de formación de los agentes de la Guardia Civil “sobre cómo actuar ante la posible devolución de inmigrantes a Marruecos que entren de manera irregular en territorio español. Según el sindicato, no existe un protocolo de actuación. Los agentes tienen que cumplir órdenes de superiores a sabiendas de que son contrarias a la Ley de Extranjería y sufren la presión de sus mandos. Si se diera el hipotético caso que un juez los citara, lo que prevalece sobre todo lo demás es el cumplimiento de dicha ley y no los consejos que reciben de parte de sus mantos y demás instituciones sociales. Un vacío que pone en riesgo la seguridad jurídica de los agentes y su actividad”, expone la upedista.
Por ello, pregunta “¿qué protocolos de actuación posee la Guardia Civil en el trato a los inmigrantes que acceden a territorio nacional saltando las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla? ¿Están adecuados dichos protocolos a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros en España y su integración social? En caso contrario, ¿por qué? ¿Cómo piensa el Gobierno adecuar estos protocolos a la normativa vigente?”.

Las expulsiones “calientes”
Por su parte, el diputado de Compromís–Equo Joan Baldoví pregunta si el Gobierno tiene conocimiento de “expulsiones masivas por parte de la Guardia Civil de Melilla por el mar o por las puertas de servicio de la valla fronteriza”; por el número de expulsiones realizadas por la Benemérita “sin trámites administrativos previos” desde el año 2003 hasta la fecha; si existe un protocolo de expulsión de los inmigrantes sin documentación interceptados dentro de territorio español en las poblaciones de Ceuta y Melilla y si existen acuerdos con el Gobierno marroquí sobre expulsiones a Marruecos de ciudadanos de terceros países que han cruzado la frontera hispano–marroquí.
Baldoví justifica esta pregunta en base a las denuncias que “desde hace años” vienen realizando “diversas ONGs y partidos políticos”. “Según testimonios de los subsaharianos que entran o están a la espera de saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, se han producido expulsiones ‘en caliente’ sin trámite administrativo alguno y con entrega a la Policía marroquí a través de puertas de servicio de mantenimiento de las vallas fronterizas e incluso en el mar”.

El Gobierno dice que las expulsiones son legales

El Ejecutivo central informa de que en los últimos cuatro años se ha procedido a la expulsión de 1.638 inmigrantes, a los que se suman otros 70 en lo que va de este año. Entre 2009 a 2012 entraron en la ciudad ilegalmente un total de 12.927 inmigrantes, según los datos del Gobierno. Asegura que todas las devoluciones y expulsiones, realizadas desde 2009 a 2012, “se han efectuado conforma a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico español y los acuerdos internacionales”, en respuesta a una pregunta planteada por el diputado del Grupo Mixto, Jon Iñarritu. Además, el Ejecutivo central dice no tener constancia de “ninguna denuncia por malos tratos de personas que han entrado en Melilla” ni “se ha observado ningún hecho de malos tratos por la Policía marroquí a inmigrantes”.

El desalojo de la Isla de Tierra, también dentro de la ley

El Gobierno también ha defendido la legalidad del desalojo de los inmigrantes que llegaron a la Isla de Tierra, cerca del peñón de Alhucemas, el pasado verano en respuesta a una pregunta realizada por la upedista Rosa Díez. “Se insiste en recordar el pernicioso papel que en el ámbito de la inmigración irregular desempeñan las mafias y su permanente búsqueda de nuevas vías de acceso al territorio español”. El Ejecutivo reconoce que el pasado verano estas mafias utilizaron islas y peñones españoles y que el caso de la Isla de Tierra requería una reacción “inmediata y coordinada” con Marruecos. El Gobierno sostiene que el pasado verano se cumplieron “los compromisos internacionales formalizados por España” y destaca “la intensa y excelente colaboración” con Marruecos “en la lucha contra el crimen organizado”.