Unas 250 personas claman en una marcha contra lo que sucedió en Melilla el 24J

La I Marcha por la Justicia 24J ha salido puntual a su cita, desde el aparcamiento del hotel Tryp Melilla Puerto, a las 18:30 horas de este sábado, día 24 de junio de 2023, cuando se ha conmemorado la tragedia ocurrida en la valla de Melilla justo un año antes en la que, al menos, 37 personas fallecieron y 77 continúan desaparecidas.

Unas 250 personas venidas de todas las partes de España –muchas de ellas de Cataluña y del País Vasco-, según las más de 300 entidades organizadoras de todo el país, han comenzado recorriendo el paseo marítimo tras una pancarta en la que se podía leer ‘Justicia masacre Melilla 24J’. Detrás de ella había otras cuantas pancartas, todas con mensajes relacionados con aquel día y mucha gente detrás.

De ahí, giro a la derecha para comenzar a callejear y llegar, alrededor de las 20:30 horas, al paso fronterizo del Barrio Chino, donde ocurrió la tragedia hace exactamente un año.

Durante todo el camino, la activista Quinndy Akeju, quien había participado en la mesa de conferencias celebrada por la mañana en el edificio de los sindicatos, y otra persona más han estado intercambiándose constantemente lanzando proclamas que la gente seguía con pasión. Entre sus lemas, ‘Maslarka, canalla, salta tú la valla’; ‘Europa, canalla, abre la muralla’; ‘Melilla, no olvidamos’ y ‘Tarajal, no olvidamos’; ‘ninguna persona es ilegal’; ‘Europa mata, España remata’ y los equivalentes ‘Europa mata, Marruecos remata’ o incluso ‘Europa mata, España y Marruecos rematan’. En un momento dado, caminando junto a la playa, decían ‘aquí están nadando, otros se están ahogando’. Lemas muy pegadizos algunos de ellos, e incluso canciones, especialmente dedicadas al ministro del Interior: ‘Salta la valla; Marlaska, salta la valla; salta la valla; Marlaska, salta la valla’, emulando la famosa canción.

Tras las dos horas de camino, y ya en el paso fronterizo –cerrado- del Barrio Chino, un portavoz del movimiento ha explicado en qué consistiría lo que allí se llevaría a cabo: la lectura de un manifiesto firmado por 319 colectivos y organizaciones a nivel estatal a quienes ha agradecido “su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos’, un pensamiento a los familiares de las víctimas y un recuerdo para siempre de que lo que ocurrió allí hace un año “no fue una catástrofe natural, sino una acción humana deliberada que tiene responsables”, a la espera de que “nunca más habrá víctimas sin verdugos”.

En el manifiesto, leído a dos voces por un hombre negro y una mujer blanca, se ha recordado que la mayoría de esos inmigrantes eran refugiados sudaneses, muchos de ellos menores de edad, que fueron expulsados “ilegalmente” sin permitirles solicitar asilo. Según han contado, el 24J fue “la masacre más grave de los últimos tiempos perpetrada en suelo europeo”, a pesar de lo cual el Gobierno español “ha incumplido sistemáticamente su deber y se ha negado a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y reparar el daño”.

La “opacidad” y las “versiones contradictorias y falaces” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “como evidencia del racismo sistémico e institucional en el Estado español”, han sido fuertemente criticadas, hasta el punto de que, para los convocantes de la marcha, estos “crímenes de derecho internacional” no fueron casuales, sino fruto de una acción coordinada entre los gobiernos de España y Marruecos “que derivó en tragedia”. Una “masacre” que, junto a otras como la del Tarajal, “demuestra el carácter racial y colonial de las políticas migratorias diseñadas por la Unión Europea y ejecutadas por los estados miembros, así como por terceros países subcontratados –en relación a Marruecos- con el objetivo de impedir la movilidad del sur al norte”.

Los convocantes insisten en que la mayoría de las víctimas, y también de los supervivientes expulsados sin posibilidad de pedir asilo, eran refugiados de Sudán, “un país inmerso en una profunda crisis política y en un conflicto armado que se ha ensañado durante años con la población civil”, a la que la UE no protege, según ellos, de la misma forma que, por ejemplo, a los ucranianos por su color de piel. Tal es el caso del refugiado sudanés Basir, quien, “tras ser torturado y expulsado ilegalmente” y pedir protección internacional en la embajada española en Rabat, sigue sin respuesta por parte del Gobierno central, lo que demuestra, según ellos, que la vía legal defendida por el Gobierno “no es más que una falacia”, y así se percibe también por el hecho de que, “un año después de la masacre de Melilla, ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad”.

Una impunidad, han alegado, pactada por los partidos que forman el Gobierno de coalición, y, al respecto, han subrayado que la comisión de investigación parlamentaria “fue obstaculizada en sucesivas ocasiones hasta ser imposible”. Y así lo demuestra también, han agregado, que, a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de que investigaría los hechos, el 23 de diciembre de 2022 la fiscal de Extranjería Beatriz Sánchez archivó las diligencias sin exigir una investigación judicial.

Así, lo que ellos creen es que el Estado desoye “deliberadamente” sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos y de crímenes de derecho internacional al no abrir una investigación “independiente e imparcial” que permita a las víctimas “acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación” y garantizar de esta forma que algo así no vuelva a suceder en el futuro. “Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado y enterrado a sus muertos”, han expuesto, antes de volver a exigir nuevamente la destitución de Fernando Grande-Marlaska como máximo responsable del operativo que se puso en marcha aquel día y “su eliminación de cualquier lista en las próximas elecciones generales del 23 de julio”.

Con vistas a estos comicios, esta mujer ha exigido “la apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos”, la puesta a disposición de las familias de todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas y para la identificación y recuperación de los restos mortales de los fallecidos, el inmediato traslado a España del refugiado sudanés Basir, la eliminación de las devoluciones en caliente y expulsiones de Melilla y Ceuta y en toda España en general, la erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso a la protección internacional, la dotación de recursos a las personas víctimas de persecución, la eliminación de barreras en las solicitudes de asilo en España, la eliminación de los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) por ser “racistas” y la priorización, durante la Presidencia española de la UE, del debate sobre los derechos de las personas migrantes y de la lucha contra “la impunidad y los graves crímenes internacionales perpetrados por agentes estatales de los estados miembros.

Tras la lectura del manifiesto a dos voces, se ha procedido al depósito de flores en la valla del paso fronterizo mientras se leían los nombres de las personas fallecidas para “conectar con las familias de las víctimas que no han podido estar aquí, con las víctimas mortales, con los desaparecidos y con los que sí pudieron llegar y con los que no pudieron llegar, que a día de hoy todavía siguen en Marruecos”.