La portavoz adjunta de Podemos en el Senado, Maribel Mora, recurrió ayer a las redes sociales para hacer pública la respuesta que recibió del Gobierno acerca de los menores migrantes que llegan solos al Estado, así como información detallada sobre las vías de entrada. A través de su cuenta de Twitter, lamentó que solo se le hubiera respondido acerca de aquellos niños y adolescentes que llegaron a territorio español a través de las costas entre los años 2015 y 2017. Según la respuesta del Senado, el año pasado llegaron a España un total de 2.426 menores. De ellos, 27 lo hicieron por las costas de la ciudad de Melilla.
De acuerdo con los datos oficiales, la comunidad que más menores no acompañados recibió con llegada por costas fue Andalucía, donde arribaron un total de 2.021 niños a lo largo del año pasado, mientras que el anterior experimentó la llegada de 412 niños y, en 2015, de unos 298 menores en total. La provincia que mayor número de llegadas registró por sus costas fue Cádiz, que en 2017 sumó en total unos 1.449 menores no acompañados.
En el documento se observa cómo se ha disparado el número de llegadas por esta vía en 2017. Mientras que en 2015 se contabilizó un total de 414 niños extranjeros y, en 2016, unos 588, la cifra superó los 2.400 el año pasado.
La senadora de Unidos Podemos lamentó que solo se le hubiera respondido acerca de la llegada de menores a través de la vía marítima. No obstante, manifestó que su partido continuaría insistiendo para saber cuándos niños llegan solos a nuestro país “porque la situación que viven en algunas comunidades autónomas es muy preocupante”.
En la respuesta del Gobierno se expone que la información referenciada parte de las Administraciones autonómicas.
Asimismo, se recuerda que toda actuación pública vinculada con los menores, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, está presidida por el interés superior del menor. Del mismo modo, en la respuesta se señala que la acogida de los menores extranjeros no acompañados forma parte del ámbito de competencias de las comunidades y ciudades autónomas, que son las que asumen la tutela de los mismos en el ejercicio de sus funciones en materia de protección del menor.
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