Un profesor de la Pontificia equipara ‘expulsiones en caliente’ con nazismo

José Luis Segovia, experto en Ética de la Universidad de Salamanca, cree que cambiar los mínimos de la Ley de Extranjería para legitimar devoluciones en la valla es comparable a lo que hacían los nazis para legalizar sus prácticas.

José Luis Segovia, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, compara a los profesionales que están mirando para otro lado, ignorando lo que está ocurriendo en la valla de Melilla, con ‘los juristas del horror’ que permitieron al nazismo “ir legalizando prácticas que eran manifiestamente ilegales”.
El profesor, que ha colaborado en el informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, considera que intentar cambiar la legislación de Extranjería, que en su opinión es una norma de mínimos, para dar cobertura legal a las devoluciones en la valla muestra “una profundísima degradación del Derecho, de las prácticas del Derecho y de la Democracia misma”.
En opinión del profesor Segovia, las ‘expulsiones en caliente’ “no sólo son groseramente ilegales, más que presumiblemente delictivas, sino además son indecentes, ilegítimas e ilegitimables”.
Aunque este experto en Ética Social no menciona directamente al Ministerio del Interior en un vídeo colgado en la web solidaridad.net, cabría recordar que el ministro Jorge Fernández Díaz ha manifestado la intención de modificar la Ley de Extranjería y el Acuerdo hispano-marroquí de 1992 para legalizar y agilizar las ‘devoluciones en caliente’. Su departamento no reconoce esta terminología ya que considera que los inmigrantes que alcanzan la valla, se suben a ella o incluso entran en la zona entre vallas y son devueltos a Marruecos responden a “rechazos en frontera”.
Este año el Gobierno central reconoce que ha llevado a cabo 6.613 rechazos, según ha publicado el Boletín Oficial de las Cortes Generales en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu.
También cabría recordar, como ha publicado este periódico, que la Fiscalía de Melilla no abrió diligencias de oficio ante las denuncias e imágenes recogidas en la prensa sobre ‘las expulsiones en caliente’ en la valla.

‘Los juristas del horror’
Para explicar el paralelismo con el nazismo, el profesor Segovia cita el libro ‘Los juristas del horror’, de Ingo Müller que, según subraya, pasa revista a las omisiones de los juristas en la Alemania nazi y a la complicidad del pueblo alemán con su silencio. “Él plantea que hay dos factores que intervienen en la degradación más profunda del Derecho contemporáneo que fueron por una parte la desconexión entre la Univerisdad y el sufrimiento, algo que nos degrada a todos, y por otra, el hecho de que el régimen iba legalizando prácticas que eran manifiestamente ilegales y que con el paso del tiempo iba convirtiendo en legales”, dijo.
Respecto a la legislación de Extranjería, el profesor de Ética Social de la Pontificia de Salamanca recuerda que se trata de una ley que surgió “para segregar, excluir y expulsar”. Por eso le preocupa que los “estándares tan mínimos” que contempla esta norma “ni siquiera se cumplan” como ocurre con ‘las expulsiones en caliente’ que “lo más grave que tienen es que niegan a los inmigrantes el pan y la palabra”. Según explica en el vídeo, al expulsar a los inmigrantes por la vía de hechos consumados, el Gobierno les niega la asistencia letrada.
Ante hechos como éstos, Segovia cree que Europa debe convertirse “en dique de contención de la devaluación de los Derechos Humanos” para evitar que el Estado social y democrático de Derecho dé un paso atrás.
Asimismo subraya también que en la valla de Melilla se renuncia a dos sentimientos básicos que nos sacaron de las cavernas: La compasión y la indignación. “Estamos en un proceso de degradación intolerable”, concluyó.

CEAR detecta “obstáculos claros” en la concesión de asilo a gais y lesbianas

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguró ayer  que en España existen “obstáculos claros” que impiden el acceso de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) al derecho al asilo, que están “sustentados en el uso de estereotipos”.
En un comunicado de prensa, la secretaria general de la CEAR, Estrella Galán, mostró ayer su preocupación por “los criterios de elegibilidad” que, a su juicio, usan las autoridades españolas para estudiar las solicitudes de protección internacional, así como por el “escaso” número de resoluciones favorables.
Según señaló Galán, “el primer paso en el procedimiento de asilo de este colectivo es determinar si la persona es LGTB o no”.
Por ello, pidió ayer a las autoridades que se abstengan de utilizar estereotipos, ya que “la ocultación inicial de la preferencia sexual obstaculiza el acceso a mecanismos de protección internacional porque suscita dudas en la credibilidad del solicitante”.
Asimismo subrayó que el llamado “requisito de la discreción” es “contrario” a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, a la normativa europea y a la legislación española en materia de asilo.
CEAR estará presente en la manifestación del Día del Orgullo, que tendrá lugar este sábado en Madrid, bajo el lema ‘Nos manifestamos por quienes no pueden’.

“Hay que replantearse la valla de Melilla”, según una representante del Gobierno

Irene Blázquez, responsable de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del Gobierno, considera que “hay que replantearse la valla de Melilla” porque no cumple con los objetivos para lo que ha sido concebida.
Los números le dan la razón. El Gobierno central admite en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Trevín que de enero a marzo han entrado irregularmente en la ciudad 1.917 inmigrantes, la mayoría saltando la valla. De hecho este año la ciudad ha registrado dos saltos considerados los mayores de la historia de la inmigración en la ciudad: 500 subsaharianos han accedido a Melilla en cada uno de ellos.
Eso ha hecho, como bien reconoció ayer Irene Blázquez durante unas jornadas organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía, que el Centro de Estancia Temporal (CETI) esté saturado. De hecho, la semana pasada alojaba a 1.700 inmigrantes, más de tres veces su capacidad máxima de 480 personas, aunque esta cifra previsiblemente continuará bajando si se mantienen las dos salidas semanales a la península de entre 100 y 150 inmigrantes cada una.
Fiel al discurso del Gobierno, Blázquez destacó que las medidas utilizadas en la valla (por ejemplo la concertina) son disuasorias, aunque admitió que también son “complejas y perfectibles”.
La representante del Gobierno ha hecho estas declaraciones el mismo día en que la ‘Campaña por el Cierre de los CIEs’ anunció que ha organizado una comisión de Derechos Humanos en Melilla, integrada por observadores que evaluarán la situación en la valla fronteriza de la ciudad con Marruecos y las presuntas vulneraciones de derechos que denuncian diversas ONGs y asociaciones locales.

Del 3 al 6 de julio
Esta comisión de observadores visitará Melilla del 3 al 6 del mes que viene, durante el II Encuentro Frontera Sur, tras el cual elaborará un informe que será enviado a diversos organismos internacionales, según una nota de prensa remitida por SOS Racismo.
El objetivo es hacer llegar el informe a organizaciones internacionales de protección de Derechos Humanos, al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) entre otras.
La comisión de observadores que visitará Melilla estará integrada por abogados, defensores de los Derechos Humanos, periodistas e integrantes de organizaciones como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y el Grupo de Acción Comunitaria.
Los organizadores de este II Encuentro Frontera Sur han justificado el desplazamiento de esta comisión de observadores a la frontera de Melilla por “la gravedad de la situación”, que ha llevado a la ‘Campaña por el Cierre de los CIEs’ a organizar esta iniciativa.
Así, explican en su nota que el pasado mes de febrero murieron al menos 15 inmigrantes en Ceuta “tras la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado español y marroquí cuando intentaban llegar a Europa”, una “tragedia que sigue sin esclarecerse”.
Este hecho se suma a otros denunciados por organizaciones como United Against Racism, que ha señalado que más de 23.000 personas han muerto mientras intentaban alcanzar Europa entre el año 2000 y el 2013.
Otra de las cuestiones que enumeran es que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha documentado en su recién publicado informe de 2013 que al menos 39 personas sufrieron malos tratos cuando intentaban entrar en Melilla, aunque “se desconoce el número real de personas que han sufrido malos tratos” por la falta de datos oficiales.
Además, denuncian “la militarización de las fronteras, a través de la utilización de vallas y cuchillas o gases lacrimógenos y balas de goma contra aquellas personas que intentaban acceder al territorio español” a lo largo de los últimos meses, lo que se une a otras quejas respecto al supuesto tránsito de agentes españoles y marroquíes de un lado a otro de la valla.
“En las últimas semanas se han publicado vídeos que muestran cómo la frontera es inexistente para agentes policiales de los estados español y marroquí”, que “entran y salen de ambos países sin restricción alguna para aplicar una fuerza absolutamente desproporcionada contra las personas que intentan acceder a territorio europeo”, concluye el comunicado.