Un órgano del Ministerio de Empleo rechaza las ‘devoluciones en caliente’

El Foro para la Integración de los Inmigrantes afirma que la enmienda en la  Ley de Seguridad Ciudadana “adolece” de falta de respaldo legal nacional, europeo e internacional.

El Foro para la Integración Social de los inmigrantes, un órgano de carácter consultivo dependiente del Ministerio de Empleo, se opone a la legalización de las “mal llamadas devoluciones en caliente” que se practican en las vallas de Melilla y Ceuta. Así lo afirma en un informe sobre la situación de los flujos migratorios en la frontera sur, en las ciudades de Melilla y Ceuta y las costas españolas aprobado en pleno el pasado 15 de diciembre.
En sus conclusiones, este Foro expresa su preocupación por las “expulsiones sumarias” en la valla de Melilla y recomienda que esta práctica “se elimine al no garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y no estar acorde con la legislación internacional y nacional”.
Es más, este foro se muestra en contra de la enmienda introducida en la Ley de Seguridad Ciudadana que viene a legalizar precisamente esta práctica. Expresa, concretamente, su “total oposición” a esta enmienda porque el procedimiento que establece de “expulsiones sumarias” en las vallas de Melilla y Ceuta “adolece de falta de legalidad internacional y europea suficiente y va en contra de los tratados y acuerdos internacionales firmados por España”.
El Foro considera que la Ley de Extranjería ya establece “los procedimientos legales suficientes que permiten actuar a las autoridades frente a los intentos de entrada irregular”.

Solicitantes de asilo
Por otra parte, este Foro dependiente del Ministerio de Empleo, también expresa su preocupación por “las restricciones de la libertad de circulación de los solicitantes de protección internacional en las ciudades de Melilla y Ceuta”. Esta conclusión entra en consonancia con las reiteradas quejas, concentraciones y reivindicaciones del colectivo sirio acogido en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en ambas ciudades autónomas. Éstos se quejan sistemáticamente de que aún solicitando asilo en Melilla y Ceuta, pueden pasar meses en el CETI hasta ver resuelto su expediente o ser trasladado a la península.
Además, esa falta de libertad de circulación de los solicitantes de asilo también afecta al propio funcionamiento de los CETI, en los que este Foro ya ha constatado que padecen de un “déficit de recursos” que impide su buen funcionamiento así como de los programas de acogida humanitaria en la península, según el informe.

El CETI de Melilla, sobreocupado desde 2004

El informe del Foro para la Integración Social de los inmigrantes, dependiente del Ministerio de Empleo, constata que, desde que existen estadísticas, el CETI de Melilla nunca ha estado ocupado por debajo del máximo de plazas disponibles, 480. Especialmente, ocurre así en la última década. La ocupación media del centro melillense entre 2004 y 2014, aunque el CETI se puso en marcha en 1999, ha sido de 683 personas.  Además, el tiempo medio de estancia de los inmigrantes en el CETI de Melilla fue el año pasado de algo más de tres meses, muy lejos de los once meses que se registró de media en 2010 y de los nueve meses en 2004, cuando comenzó a registrarse estas estadísticas. Igualmente en Ceuta, el mayor tiempo medio de estancia en el CETI se registró en 2010, con doce meses. En ambas ciudades autónomas, el tiempo medio de estancia de los inmigrantes en el CETI en los últimos diez años ha sido de algo más de cinco meses. El infome de este Foro destaca el notable descenso del tiempo medio de estancia desde 2011 y comparte la causa de ello ya esgrimida por el Defensor del Pueblo en 2013, que alude a la  estrecha colaboración y coordinación entre las autoridades de Melilla con las de la península y ONGs para agilizar los traslados de inmigrantes a la península a través de los programas de acogida humanitaria. En el informe también se recoge que desde el año 2009 a 2014 la plantilla de funcionarios y personal laboral del CETI de Melilla ha pasado de 13 a 19 personas y el gasto realizado en los últimos siete años ha sido de más de 31,6 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio al Foro para la Integración Social de los inmigrantes.