Un inversor melillense, víctima de un delito de "maquinación" en mercados bursátiles

Un inversor melillense se ha visto afectado con grandes pérdidas económicas presuntamente provocadas  por un asesor financiero acusado de un delito de maquinación y uso de información privilegiada en mercados bursátiles.

El magistrado José Luis Calama Texeira, del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite una querella contra el asesor financiero Pablo de Castro Luis, que ha sido denunciado por el bróker Gustavo Pérez-Carballo Villar, al que está vinculado el inversor melillense.

El bróker presentó una querella contra el asesor financiero al entender que éste realizó "defraudaciones y maquinaciones que han alterado gravemente el precio de acciones de empresas españolas y europeas cotizadas en bolsa".

Básicamente, según explica el afectado a El Faro, Pablo de Castro Luis presuntamente habría utilizado los contactos del bróker y a través de un periodista de un medio de comunicación especializado en noticias de la Bolsa, habría alterado el precio de las acciones.

De esta forma, con la información que tenía el melillense, perdía todo el dinero invertido. Mientras eso ocurría, el asesor financiero subía a sus redes sociales fotos viajando en un jet privado.

El melillense no es el único afectado y según consta en la querella a la que ha tenido acceso El Faro, esta acción provocó perjuicios patrimoniales "a una generalidad de personas en todo el territorio nacional y europeo por importe de decenas de millones de euros". Unos 300 millones, comenta el afectado.

El despacho Rua Abogados de Madrid, experto en derecho de banca, que lleva el tema, cree que estamos ante un caso más grave que el mayor escándalo de información privilegiada que se ha dado en Europa hasta el momento, que es el 'caso Choucair', porque el asesor habría estado cometiendo el delito durante años.

Las alarmas saltaron cuando entre 2017 y 2018 el bróker y sus clientes observaron cómo el asesor financiero realizó operaciones que ellos consideran "claramente sospechosas debido a su altísima rentabilidad". Se trataba además, de acciones "sofisticadas y por elevados importes" que presuntamente guardaban cierta similitud con el caso Choucair.

Según consta en la querella, el 15 de octubre de 2019 el entonces responsable de la Unidad de Vigilancia del Mercado, Carlos Sánchez Vilar, citó a declarar al asesor financiero ante la CNMV "al observar un patrón en todas sus operaciones que indicaba que éste operaba con información privilegiada y a su vez manipulaba el mercado de valores", señala el escrito admitido a trámite en la Audiencia Nacional.

Esa investigación se abrió a raíz de una OPA sobre Saeta Yield, que destapó otras operaciones realizadas con el mismo patrón. Entre ellas, una que afectó a IAG (antigua Iberia), con plusvalías de 742.287,01 que, según la querella de Rua Abogados, al superar los 600.000 euros deja de ser una falta administrativa para convertirse en delito de 'insider trading'.

El 'modus operandi' consistía en la compra de acciones horas antes de que un periodista publicase noticias sobre una determinada compañía. Era entonces cuando el asesor vendía las acciones inmediatamente después y obtenía enormes plusvalías.

Durante la investigación de la CNMV, el asesor financiero negó conocer al periodista con el que se le vincula, pero el bróker compareció voluntariamente y aportó pruebas que apuntan a que sí tenían contacto. Entre esas pruebas, señala que el asesor denunciado estuvo en la boda del periodista; que ambos estuvieron juntos a la final de la Champions League en el estadio del Atlético de Madrid el 17 de noviembre de 2019 y que vieron al Circo del Sol en Hong Kong.

El bróker se querella contra el asesor financiero por un presunto delito de manipulación de mercados, que acarrea penas de seis meses a dos años de cárcel e inhabilitación de dos años para intervenir en mercados financieros como actor, agente, mediador o informador.

También considera que el asesor podría haber incurrido en un delito de abuso de información privilegiada.

El querellante pide una fianza de 1 millón de euros y el embargo de bienes que cubran esas cuantías.

De momento, la Audiencia Nacional ha emitido un auto inicial de admisión de la querella para practicar la primera diligencia, que determinará si el asesor deberá o no ser llamado a declarar como investigado.