UGT pide más garantías para aplicar la bonificacion a la Seguridad Social

Aboga porque los convenios colectivos integren como  una cláusula esta medida aprobada por la administración.

El sindicato UGT se pronunció ayer en torno a las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en Melilla estimando la necesidad de arbitrar un sistema de garantías que permita conocer con exactitud el número de trabajadores que se benefician de esta medida así como los empresarios que no lo están llevando a cabo.

   En este sentido, el secretario general del sindicato, Alonso Díaz, comentó que uno de los problemas que había detectado UGT desde el comienzo de la aplicación de este sistema en el año 2005 era la imposibilidad de conocer con exactitud el número de empresas que estaban repercutiendo estas bonificaciones en los salarios de los trabajadores. 

   Díaz recordó que el año 2005 se llegó al acuerdo de que estas bonificaciones en las cuotas deberían quedar plasmadas en los convenios colectivos de las empresas del los tres sectores afectados como son el comercio, la hostelería y el sector del metal.

   “Cinco años después no se ha cumplido todavía”, comentó Díaz quien señaló que este fue uno de los acuerdos a los que llegaron los sindicatos con la patronal. “Estos convenios colectivos no contienen esa cláusula”, afirmó tras lo cual remarcó que había que hacer un seguimiento de esta medida a través de una comisión paritaria para ver el grado de cumplimiento del acuerdo “y ver si se aplicaba a los trabajadores”.

   “No se ha hecho ese seguimiento o evaluación”, afirmó y recordó que UGT tiene información de empresas que no garantizan que esos beneficios lleguen a los trabajadores. Ante esta situación, UGT propone que se incluya esa cláusula en los convenios como primera medida pero van más allá pues ya han enviado una carta a la patronal de estos sectores con el fin de que se lleve a cabo. Junto a ello también quieren que se produzca la reunión de la comisión paritaria para que se haga el seguimiento del acuerdo del año 2004. Finalmente, también abogaron por una mayor implicación de la Administración local y la central.

   Así, Díaz señaló que debería producirse una reunión entre las administraciones, sindicatos y patronal para hacer un seguimiento de los acuerdos. “No tenemos constancia de que los trabajadores estén recibiendo la parte de cuota que les corresponde”, afirmó aunque matizó que UGT si sabe que hay 2.129 autónomos acogidos a la bonificación. 

   En total deberían estar beneficiándose de esta medida unos 3.895 trabajadores en Melilla aunque no hay datos fiables para saberlo con certeza.

   Debido a ello, UGT ha pedido a la Seguridad Social el nombre de las empresas beneficiadas para realizar un trabajo de campo y ver el grado de cumplimiento de la medida “para hablar con datos objetivos”. 

   Además, afirmó que tampoco entendían que los trabajadores transfronterizos no se beneficiaran de la medida pues estaban sometidos a la legislación española trabajan en España. “Tendrá que explicarlo la Administración”, sentenció.

Díaz respaldó en nombre del sindicato el último acuerdo al que podrían haber llegado PSOE y PP con el fin de modificar la propuesta inicial de la formación popular y restringir algo más la extensión de la bonificación a las cuotas, dejando de lado al sector bancario.

Así, comentó que no era razonable que algunos sectores con importantes beneficios empresariales, como es el caso de la banca, fueran bonificados. En cualquier caso, recordó que antes de que llegaran a un acuerdo ambas formaciones políticas deberían ponerse de acuerdo para regularizar esta situación que data ya del año 2004, en particular en lo que respecta al control que se ejerza sobre las empresas para ver si esas bonificaciones tienen una repercusión en el salario de los trabajadores.

Recientemente los Gobiernos de Melilla y Ceuta se han puesto de acuerdo en llevar conjuntamente esta propuesta del aumento de las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social con algunos cambios respecto a la proposición que defendió el Ejecutivo local en Madrid hace unos meses y que fue rechazada.

La propuesta consiste en extender la medida a casi todos los sectores económicos, hacerla estable en el tiempo y con un período de aplicación de tres años de ahora en adelante.