El último informe de Fiscalización de Melilla elaborado al Tribunal de Cuentas y relativo al 2014 detecta algunos “incumplimientos y deficiencias” en la gestión de los recursos públicos al evaluar la sujeción de los principios de legalidad, eficiencia y economía. Eso sí, en relación con las medidas tomadas por la Ciudad para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en informes anteriores, indica que se han apreciado “avances”.
En concreto, apunta a la mejora del registro financiero de las operaciones que se recogen en la liquidación del presupuesto para una concordancia entre éste y las cuentas de balance y resultados. También ve una evolución positiva en lo que se refiere a la confección y actualización del inventario de bienes, en los procedimientos de gestión y recaudación de Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.
No obstante, señala que existen algunas en las que se detecta un insuficiente grado de implantación y por tanto vuelven a reiterarse en este nuevo informe.
Incumplimientos
En cuanto a las deficiencias, indica que las organizaciones sindicales encargadas de la ejecución del plan de formación con fondos propios de la Ciudad no disponían de medios propios para ello, por lo que se permite la subcontratación total de las actividades.
También indica que en 2014 se reconocieron obligaciones por 163.000 euros a favor de una empresa prestadora de servicios sin que quedaran sustentadas en contratos en vigor.
En lo que tiene que ver con el funcionamiento de los mecanismos de control interno y sistemas de planificación de gastos e ingresos con que contaba la Ciudad durante el 2014, se hacen varias observaciones, como el hecho de que el secretario general de la Ciudad, el interventor y el tesorero estuvieran cubiertos de forma accidental. También señala que los Presupuestos de la Ciudad fueron aprobado definitivamente fuera del plazo previsto y ésto supuso una modificación cuantitativa del 17,3% sobre el aprobado “lo que afecta de forma directa a la planificación de actividades”.
Asimismo, apunta que no se ha realizado ningún control financiero ni de eficiencia sobre la Administración General de la Ciudad ni los organismos autónomos. También indica que no se remite información prevista para los casos de acuerdos adoptados por el presidente y por el Pleno contrarios a los reparos formulados por la Intervención, ni un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
La Ciudad cumple los principios de estabilidad presupuestaria
El último informe de Fiscalización de Melilla elaborado al Tribunal de Cuentas y relativo al 2014 señala sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera realizado que se verifica la existencia de superávit y un nivel de deuda acorde con la legislación de las haciendas locales, si bien no se incluyen las tres sociedades mercantiles propiedad de la Ciudad, catalogadas por la Intervención General del Estado en el sector administraciones públicas y que, por tanto, deben ejecutar y liquidar sus presupuestos ajustándose a los principios anteriores.
Aconseja el análisis de la pervivencia de Melilla Monumental
El último informe de Fiscalización de Melilla elaborado al Tribunal de Cuentas y relativo a 2014 hace una decena de recomendaciones a la Ciudad. Uno de los asuntos en los que pone el acento es en la pervivencia de la Fundación Melilla Monumental, que considera que debería analizarse ya que entiende que su función podría desarrollarse a través de comisiones interadministrativas. Además apunta que debe mejorar los sistemas de gestión necesarios para llevar una adecuada contabilidad de los compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios. También pide que se ahonde en la tarea de actualizar el inventario de bienes para que ofrezca una información completa y basada en “criterios objetivos de valoración”. Considera, asimismo, que hay que elaborar los presupuestos con mayor rigor para evitar las desviaciones entre el presupuesto aprobado y el ejecutado. Además, aconseja estudiar la necesidad de contar con 61 cuentas bancarias diferentes, ya que apunta que su reducción podría fomentar un manejo más económico de los recursos y una mayor posibilidad de control. Por otro lado, indica que sin perjuicio de la participación de las organizaciones sindicales, junto con la Administración, convendría valorar la posibilidad para una gestión más eficiente de la contratación de los servicios de formación directamente por parte de la Ciudad. Apunta que si optan por continuar con el modelo actual, convendría elaborar unas normas detalladas para la justificación de las subvenciones.
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