Toda la oposición rechaza en el Congreso legalizar las ‘devoluciones en caliente’

El PP asegura que la enmienda está redactada concienzudamente y respeta la normativa europea y de Derechos Humanos l El resto de partidos ve lagunas en la modificación de la  Ley de Extranjería

La Comisión de Interior del Congreso aprobó ayer, con el apoyo en solitario del PP, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, al que se opusieron los partidos de  la oposición en bloque, cuyos portavoces expresaron su voluntad de derogarla si llegan al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional, si finalmente es aprobada.
Después de tres sesiones de ponencia, en las que se han incluido algunas enmiendas del PP y de otros grupos, el dictamen fue aprobado por 23 votos a favor y 16 en contra y se debatirá en el pleno de la Cámara Baja previsiblemente la segunda semana de diciembre.
Cabe recordar que una de las mayores polémicas durante la tramitación de la normativa surgió como consecuencia de una enmienda del PP para, a través de esta ley, modificar la de Extranjería y legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’.
Éste fue el punto en el que más hincapié hizo ayer el portavoz del grupo socialista. Sin embargo, el PP, que utilizó a dos portavoces en el debate, no mencionó el asunto de las ‘devoluciones en caliente’ ni su autoenmienda sobre las expulsiones en grupo, mientras que todos los partidos de la oposición expresaron su rechazo a la posibilidad de regular las expulsiones en frontera por considerarlas ilegales.
El socialista Ignacio Sánchez Amor dijo que modificar la Ley de Extranjería mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana del grupo parlamentario de la mayoría (el PP),  supone “saltarse el control de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial”. Los socialistas pidieron que se retrase la aprobación del proyecto de ley, que se debatirá en el pleno, hasta  tener un informe del CGPJ sobre la enmienda de los rechazos en frontera.
Por su parte, el portavoz de CiU, Feliu Guillaumes, consideró “incomprensible” que se incorpore la legalización de las ‘devoluciones en caliente’. “Entiendo que una persona en el momento que está en territorio soberano de un Estado democrático es titular de ciertos derechos. Esto incluye el derecho a pedir asilo”, recalcó. Por tanto, indicó que la inclusión de esta enmieda supone una violación de los derechos de los inmigrantes.
Asimismo, el diputado de UPyD Toni Cantó recordó que tanto Aministía Internacional como ACNUR han dicho que esta enmienda contravendría las obligaciones internacionales de España en relación a la Convención de Ginebra porque supondría un grave obstáculo para el asilo. “No vamos a votar el texto en el estado en que se encuentra actualmente”, sentenció.
El portavoz de ERC (Esquerra Republicana), Joan Tardá, apuntó también a la posible vulneración del Convenio de Ginebra que supondría el cambio en la ley, mientras que Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, recordó que 118 organizaciones han presentado en el Congreso un documento instando a los diputados a rechazar esta enmienda del PP. Sixto aseguró que el tema de las devoluciones es “el colofón a una ley que se ha tramitado de forma chafardera y presurosa”.
Por parte del PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, insistió en la ilegalidad de las ‘devoluciones en caliente’ y consideró que la enmienda modifica el concepto de “no devolución sin garantías judiciales” que se prevé en la actual Ley de Extranjería e incurre en “un delito penal de deportación ilegal”.
“En tanto la deportación ilegal es un delito previsto en el Código Penal, vamos a refutar y criticar con intensidad la incorporación de esta posibilidad que vulnera la Ley de Extranjería y también aspectos del derecho comunitario, como el código de Fronteras Schengen, la directiva de asilo, la de retorno y otras que podríamos exponer, amén de otros tratados internacionales”, apostilló Olabarría.
Por último, Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, denunció que “meter esta reforma como se ha metido, colándola por detrás, dice mucho de las intenciones del Gobierno”. “Todos la definimos como una entrega en caliente que pretende legalizar algo que es completamente ilegal y que vulnera todos los elementos del ordenamiento jurídico, tanto propio como internacional”, añadió.
Al término de la comisión, el portavoz del Grupo Popular, Conrado Escobar, aseguró a la prensa que la enmienda se ha redactado “concienzuda y milimétricamente” y recalcó que responde a todas las exigencias legales tanto desde la perspectiva del Derecho Europeo como de los Derechos Humanos. El popular argumentó que establece dos condiciones para su aplicación, que el intento de entrada se produzca ilegalmente y que sea en grupo, lo que, a su juicio, supone que existe una organización previa. “Se garantiza y refuerza el cumplimiento de los compromisos con la UE y con el espacio Schengen, se atiende a razones humanas y se acota la labor de la Guardia Civil, ofreciendo mejor cobertura a su función”, apostilló.
A través de la enmienda del PP, se modificará la Ley de Extranjería y se incluirá un precepto para que el rechazo en frontera de los inmigrantes sólo se lleve a cabo cuando intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas.
En concreto, el texto dice: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.