El terreno de la polémica entre PP y CpM, 8 años en el juzgado por el precio

Esta semana una de las polémicas que ha protagonizado los titulares de los medios de comunicación ha sido el anuncio del consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, de que se ha enviado a Fiscalía el expediente de construcción de un vial en un espacio verde por parte del que fue consejero de Fomento, Miguel Marín. Bussian ve un presunto delito urbanístico. Pero Marín se defendió asegurando que era un terreno rústico y que se pagó a los propietarios su expropiación. Sin embargo, El Faro ha recibido la queja de uno de los propietarios de este terreno, la empresa Nueva Melilla SA, que aseveró que no han cobrado aún esa expropiación porque la Administración local les daba un precio mínimo por estos terrenos y se llevó el caso a los juzgados. Lleva 8 años en los tribunales y actualmente está en el Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Nueva Melilla SA aseveró que es “rotundamente falso” que le hayan abonado la expropiación de los terrenos que hay en el vial que se creó en el año 2013 en la zona del Mayorazgo y La Quinta.

La empresa manifestó que han llevado su caso al Defensor del Pueblo en varias ocasiones y que esta entidad ha pedido a la Administración local la documentación para ver este expediente sin recibir respuesta alguna.

Nueva Melilla SA expresó a El Faro que no ha recibido “ni una peseta ni un euro” de este terreno. Indicó que desconoce si hay más propietarios afectados por la expropiación y la situación de ellos, pero insistió en que esta sociedad no había recibido nada.

Cuando se realizó la expropiación forzosa se pidió a los propietarios que aportaran el valor de los terrenos. Esta empresa explicó que en ese espacio hay una zona urbanizable y otra rústica. Subrayó la importancia de la calificación porque esto también determina el precio del suelo.

Nueva Melilla SA indicó que llevó un informe a la Ciudad realizado por el técnico en el que se describía el valor de esta área que se iba a expropiar y que rondaría los 200.000 euros. Sin embargo, la Administración local se quedó muy lejos de este valor y ofreció un precio muy bajo.

Se puso una reclamación al no estar conforme y se revisó este expediente por la Delegación del Gobierno determinando el mismo valor que la Ciudad y eso fue lo que llevó a Nueva Melilla a presentar el caso en los tribunales.

“Llevamos ocho años de litigio”, indicó porque el asunto lleva en los juzgados desde abril de 2013. Ahora está a la espera de que se falle la sentencia y el deseo de esta empresa es recibir el precio que “por ley deben abonar”.

Nueva Melilla insistió en que están muy molestos e indignados por las afirmaciones del dirigente del PP de que ya se habría abonado la indemnización a los propietarios, puesto que no es así.

La empresa no cree que contado esta situación se vaya a avanzar nada porque este asunto está en sede judicial y será el tribunal el que determine qué ocurre, pero remarcó que están muy sorprendidos que digan que este expediente está cerrado cuando no es así y ni responden a los requerimientos del Defensor del Pueblo.