Política

Somos Melilla asegura que Alvalop vuelve a dejar a sus trabajadores sin cobrar

Somos Melilla ha vuelto a criticar públicamente que el Gobierno de Juan José Imbroda permite que la empresa Alvalop, adjudicataria de servicios públicos como las ludotecas, el punto de encuentro familiar, las aulas matinales y de conciliación, entre otros servicios, no pague en tiempo y forma las nóminas de sus trabajadores. A día de hoy, no han cobrado aún la nómina del mes de junio, según señala la formación.

Jadu Driss, secretaria de Economía y Política Institucional, ha asegurado que los impagos a los trabajadores se están volviendo una constante en esta empresa. De hecho, recuerda que Somos Melilla ya avisó sobre esta situación en abril, tras constatar que algunos empleados estuvieron hasta tres meses sin cobrar sus nóminas.

Desde la formación se han puesto en contacto directamente con la máxima autoridad de la empresa vía telefónica, ya que ni siquiera tiene oficina física en Melilla. El diputado y presidente del partido Amín Azmani ha preguntado por los retrasos en el pago de las nóminas. Sin embargo, desde Alvalop no han querido dar ninguna explicación.

“¿Hasta cuándo va a seguir el gobierno de la ciudad siendo cómplice de esta situación que está siendo un calvario para más de 100 familias? ¿Hasta cuándo el Gobierno del señor Imbroda va a seguir siendo consentidor y colaborador de estos incumplimientos laborales?”, se ha preguntado Driss.

La dirigente del partido recuerda que el pago de las nóminas debe ser siempre mensual.

'Expediente fake'

Desde el partido se cuestionan qué ha pasado con el 'expediente fake' que abrió el Gobierno a la empresa y que la consejera Randa Mohamed difundió como noticia como muestra de acción por parte de la Ciudad Autónoma. Lo cierto, asegura Driss, es que esta empresa ha vuelto a ser adjudicataria de las ludotecas para los próximos cuatro años.

Somos Melilla exige por tanto que el Gobierno articule las medidas necesarias para que se cumpla con la legislación laboral, se sancione a las empresas que no cumplan y se vigile a todas aquellas adjudicatarias de servicios públicos.

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