Unanimidad en los sindicatos de educación: rechazan la propuesta del pin parental

Los sindicatos de Educación de Melilla coinciden en su rechazo al pin parental propuesto por la formación política Vox y, que está siendo aplicado en Murcia. Representantes del área de enseñanza CCOO, UGT, SATE-STEs, CSIF y ANPE, defienden la educación impartida en el país, pues es parte de un currículo que ha sido estudiado y aprobado y está dentro del marco legal.

Ricardo Jimeno, secretario general de la comisión del Enseñanza de CCOO Melilla, expresó su “rechazo absoluto al pin o veto”. Desde el sindicato, en voz de Jimeno, califican esta propuesta de “retrógrada y absurda”, que no contribuye con la educación.

Asimismo advierte que esta propuesta podría derivar en una espiral en la que los padres no solo “vetarían” la enseñanza de determinados aspectos de sexualidad, ejemplifica, y se acaba “vetando la educación física, las matemáticas o el teorema de Euclides, es algo que no se puede consentir”.

Jimeno está de acuerdo en que los padres estén informados sobre la educación que reciben sus hijos, pero cuestiona que se quieran prohibir las enseñanzas que atañen a la ética.

Dice que en caso de aplicarse afectaría “muy negativamente a la educación”, pues uno de los pilares de la formación es educarlos en temas científicos, éticos y morales, brindando una formación completa.

Por su parte, Mohamed Al Lal, responsable del sector de Enseñanza de UGT, afirma que hay derechos fundamentales que deben ser enseñados a los niños, y “no se puede plantear la más mínima duda sobre esos derechos a las generaciones que estamos educando”.

Explica que el planteamiento es que en actividades ‘extracurriculares’, que no son así, dice, porque el contenido dictado es parte del currículo educativo, se refiere “a derechos fundamentales como el respeto a la igualdad sin distinción de género, el respeto a la identidad de género, son los que más plantean, pero en realidad se podría extrapolar a cualquier otro aspecto”.

Ejemplifica esta situación con que unos padres veten, una actividad, donde se explique un derecho fundamental como es el voto. Al Lal recuerda que al hablar de derechos fundamentales, están respaldados por la Constitución y por derechos jurídicos. Asimismo señala que existe un currículo oficial de obligado cumplimiento y que está amparado en el Estado de Derecho.

“Y las actividades que pretenden vetar, están siempre amparados en el marco de esa normativa”, explicó el responsable del sector de Enseñanza de UGT.

Para Al Lal, abrir la posibilidad para que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades y no recibir información que está dentro del currículo oficial, puede vulnerar los derechos fundamentales de los alumnos. Agregó que “los padres no pueden vetar unilateralmente los contenidos que se enseñan en los centros, porque hay un módulo educativo que se refleja en una línea ministerial, que aprueba el Congreso de los Diputados, donde están representados toda la sociedad española” por medio de los partidos y, ellos acuerdan los contenidos a impartir, que están recogidos en una normativa.

Por otro lado, indica, que otra situación es que los padres en el ámbito privado maticen los contenidos, según sus creencias o ideológicas.

Derecho de los estudiantes

Higinio Rodríguez, miembro del secretariado de SATE-STEs, aseveró que también está en contra de esa propuesta y recuerda que el sistema educativo está para formar a los niños y jóvenes, ofreciéndoles una educación integral. “Nuestros hijos no solamente tienen el derecho a conocer los valores de los padres, pero ellos tienen el derecho de recibirlos y conocer que hay otros y otras serie de sensibilidades”.

A juicio de SATE-STEs, con la propuesta del pin parental hay un cuestionamiento a la educación pública “por fundamentalmente va orientada a eso (...) en el fondo lo que se está cuestionado es el sistema público”.

Rodríguez alerta que el pin parental se puede extender a diversos contenidos e hizo referencia a un caso en Murcia, donde hubo alumnos que no pudieron asistir a una charla sobre el reciclaje. De la misma forma, califica de “absurda” la propuesta.

Por su parte, el presidente de ANPE Melilla, Sergio Rincón, rechazó la implementación del pin parental por ser una forma de fiscalizar el trabajo de los docentes. Señala que hay una inspección educativa, que es la encargada de hacer este trabajo, y de conocer las acciones que se hacen dentro del aula. “No se puede sondear ni pedir permiso a los padres de qué es lo que se va a impartir, para eso existen los equipos directivos, los centros educativos y la ley educativa que deja definido todo”.

Para Rincón, es necesario que el Ministerio de Educación tome las riendas en esta materia en España y, aunque existan las autonomías para que se respete la idiosincrásica de cada zona, debe haber ejes integradores.

Por su parte Sergio Ramírez, vicepresidente de CSIF, reclama un pacto por la educación y rechaza la “utilización de la educación como herramienta política”. Aclaran que los currículos oficiales son acordes con los vales constitucionales, por lo que son de obligado cumplimiento. “No podemos estar de acuerdo con la voluntariedad de una materia y otra por objeciones de conciencia”, señala una nota de prensa.

Además abogan por el respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Por otra parte dejan claro que en la “educación pública no se adoctrina a nadie”.

Berbel defiende el currículo educativo y la capacidad de los docentes

El director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, salió en defensa del currículo educativo. Para él, “el problema no es el contenido de los temas que puedan resultar controvertidos, sino el enfoque dado a los mismos”.

Berbel asegura que los contenidos deben dictarse con un enfoque apegado al rigor científico, “de objetividad, sin sesgos ideológicos, óptima preparación por parte de quien lo difunde”. En este sentido, indicó a El Faro, que todas estas características las poseen “la inmensa mayoría de los docentes potenciales de su impartición, tanto en asignaturas específicas, como trasversalmente en distintas disciplinas del currículum”.

El director provincial también se apega y respalda la opinión de la ministra de Educación, Isabel Celaá.

La ministra, en una entrevista publicada recientemente por el diario El Correo, afirmó que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones religiosas y morales “en los términos que la ley establezca”, pero, “de ninguna de las maneras, puede significar que haya una educación curricular a la carta”.

De este modo, advirtió que “la pretensión de algunas familias de autorizar o no que sus hijos acudan a ciertas actividades obligatorias y evaluables es un veto parental inaceptable, que vulnera además la capacidad que tiene los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, para completar el currículo”.

La ministra señaló que “no se puede confundir la patria potestad con la propiedad” de los hijos. “Esto no lo defiendo yo sólo. Lo defienden las sentencias del Tribunal Constitucional”, precisa. Asimismo, responde a quienes “dicen que educa el Estado” que “vivimos en un estado social, democrático y de derecho, con control ciudadano en todas las actividades”.