Sigue sin acuerdo la propuesta de reparto de menores migrantes

Las comunidades autónomas han comenzado a debatir en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra en Tenerife, la reforma de la ley de Extranjería para garantizar la acogida solidaria de los menores no acompañados que llegan a Canarias, pero lo han hecho con criterios encontrados y reclamando que cualquier medida esté acompañada de la financiación adecuada.

Uno de los primeros en expresar sus dudas acerca de esta reforma ha sido el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, Carles Campuzano, que ha aseverado que la acogida de los menores no acompañados tiene que hacerse "bien, de manera ordenada" y ha indicado que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley de Extranjería, "el Govern de Catalunya no puede avalarla".

Campuzano ha insistido en que entiende las necesidades de Canarias y por ello acude a esta reunión con un "ánimo constructivo" pero ha recordado que desde el 2017 ha recibido a 14.000 jóvenes migrantes, por lo que tiene "vocación de acogida", si bien ha recriminado al Ejecutivo estatal que no lo esté haciendo "bien", al tiempo que ha reclamado "orden y financiación".

El representante catalán, que ha sido uno de los siete consejeros autonómicos que ha asistido presencialmente a esta reunión, ha pedido al Gobierno de España que "se abra a introducir otros criterios" en la modificación legislativa que propone y ha considerado que no solo Canarias, Ceuta y Melilla son territorios "sobreocupados", sino que también en Cataluña hay hasta 4.000 personas que han llegado a la mayoría de edad y no les han "echado a la calle".

En esta misma línea, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha expresado esta tarde en el Congreso su rechazo al cambio legislativo si no se excluye a Cataluña del reparto, ya que en su opinión, "el Gobierno de Cataluña no puede defender los intereses del PSOE" y su comunidad debe poder decidir cuántos menores puede acoger en función de sus capacidades.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla La Macha, Bárbara García, ha expresado su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería para repartir la tutela de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias, pero ha señalado que tiene que estar acompañado de financiación.

García ha señalado a los periodistas antes del inicio de la reunión, que el martes le pasaron un documento sobre la reforma y su comunidad está en "plena colaboración" ante la situación que se está viviendo en Canarias.

No obstante, ha insistido en que se trata de un problema que debe asumir el Gobierno de España e, incluso, Europa con la colaboración de las comunidades autónomas y ha insistido en que si hay que modificar la ley para dar cobertura y garantizar los derechos de los niños y niñas que están en Canarias para que sean atendidos con todas las garantías que se merecen, "pues habrá que modificarla".

En cuanto a la acogida voluntaria de los menores de acuerdo a los convenios y protocolos que se firman anualmente, la consejera ha señalado que su comunidad va a votar a favor de esa acogida de los niños y niñas que ya estaban consignados para Castilla-La Mancha.

También el Gobierno Vasco y los tres diputados forales, competentes en materia de infancia, han pedido al Ejecutivo central "reglas claras" en la atención de los menores migrantes no acompañados y un plan estructural que evite las vulneraciones de derechos humanos.

El Ejecutivo vasco ha difundido un comunicado momentos después de comenzar en Santa Cruz de Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el Gobierno y las comunidades autónomas abordan la acogida solidaria de menores migrantes desde zonas con recursos saturados como Canarias.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado que el fenómeno migratorio "es una realidad estructural y no coyuntural" por lo que requiere planificar y articular un plan de contingencia estructural que tenga entre sus prioridades evitar las vulneraciones de derechos humanos de los menores.

"Un plan de contingencia concreto que incluya cuatro elementos: una planificación, una previsión de posibles escenarios diferentes, una serie de indicadores que nos permitan evaluar las actuaciones desarrolladas y una memoria económica", ha explicado