La protección a la infancia es una obligación para todos y, especialmente, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que siempre están alerta ante cualquier conducta que suponga una violación de los derechos del menor.
Ayer, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla informó de la detención de una joven de 23 años a la que se acusa de difundir un vídeo de contenido pornográfico en el que se observan imágenes de niños de corta edad en actitudes de “índole sexual”.
La arrestada es de nacionalidad marroquí y tiene tarjeta de residencia en nuestra ciudad. Su localización fue posible gracias a la colaboración ciudadana, pues alguien avisó a la Benemérita del hallazgo en un grupo de WhatsApp del citado vídeo.
Esta ayuda permitió a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Instituto Armado identificar el teléfono móvil y la tarjeta SIM desde los cuales se había llevado a cabo supuestamente esta conducta delictiva.
La Guardia Civil comprobó que el terminal pertenecía a una mujer de mediana edad y que era completamente ajena a los hechos. Sin embargo, tirando de ese hilo, se averiguó que la joven de 23 años se había apropiado de la tarjeta de su progenitora para que dicha SIM no pudiera ser relacionada con su propio móvil. Pese a esta burda maniobra, la responsable de esta reprobable conducta pudo ser detenida y ahora se espera que el peso de la Justicia caiga sobre ella.
Tanto los poderes públicos como los propios ciudadanos debemos ser implacables con quienes cometen delitos como el denunciado en estas líneas. Como se indica al comienzo de este artículo, la protección a la infancia es una obligación para todos. Y es aquí donde entra en juego la colaboración ciudadana: gracias a personas anónimas que avisaron a la Guardia Civil de lo ocurrido, este Cuerpo pudo arrestar a la culpable. Por ello, todos tenemos que poner de nuestra parte para combatir cualquier acto delictivo del que tengamos noticia. Es nuestro deber como ciudadanos.
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