La seguridad de nuestras fronteras

La pasada semana, durante una reunión rutinaria con una nutrida representación parlamentaria de la República Checa en el Congreso de los Diputados, se suscitó un debate sobre la necesidad de armonizar medidas entre los países de la Unión Europea para hacer frente a los crecientes flujos de inmigración irregular. En mi turno de intervención mencioné la necesidad de hacer operativo a estos fines el Pacto de Migración y Asilo propuesto por la presidenta Von der Leyen el pasado 2020 y aún sometido a análisis y debate por parte del Parlamento Europeo, donde este tipo de asuntos son sometidos a un trámite con muchas garantías parlamentarias, pero consecuentemente largo.

En su turno de intervención, la diputada independentista catalana que participaba en la reunión, me dirigió una sonrisa condescendiente para manifestarme que, por su parte, ellos no estaban de acuerdo con el citado Pacto de Migración y Asilo porque asume, desde su punto de vista, medidas excepcionalmente rigurosas en lo concerniente a las medidas de seguridad a adoptar en el control de nuestras fronteras exteriores.

Este pasado miércoles, durante una reunión de unos treinta parlamentarios de países miembros de la OTAN con el Ministro del Interior de Turquía, se pusieron de manifiesto las dificultades para armonizar políticas de inmigración entre países fronterizos con políticas diferentes. En este caso, las controversias se manifestaron entre Grecia y Turquía. Turquía no forma parte de la Unión Europea y acoge en su interior más de cinco millones de inmigrantes irregulares, en diferentes circunstancias de acogida, fundamentalmente, sirios, afganos, iraquíes, iraníes y paquistaníes.

Ante la visión simplista de algunos que ven (o quieren ver) las fronteras, exclusivamente como un obstáculo para el flujo de personas con necesidades, en algunas ocasiones de mera subsistencia vital, las fronteras entre países previenen la criminalidad transfronteriza que pretende beneficiarse de los diferentes ámbitos legislativos y de seguridad existentes entre países adyacentes para obtener sus objetivos de actividades ilegales, tales como tráfico de mercancías no regulado, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, evasión de la acción de la justicia del país de origen o tránsito por actividades ilegales cometidas en dichos países, movimiento de activistas terroristas transnacionales, tráfico de seres humanos en estado de vulnerabilidad y muchos otros.

Es por ello que los Estados tienen la responsabilidad nacional e internacional de ejercer los controles fronterizos adecuados para prevenir esas actuaciones criminales, en ocasiones de carácter global.

En ese escenario complejo de prevención de actividades ilegales transfronterizas se intercala, de manera involuntaria para sus protagonistas principales, el fenómeno de la inmigración irregular, que hemos de distinguir de la ilegal. Los propósitos de la inmigración irregular son los de la búsqueda de mejores expectativas de vida (en ocasiones, simplemente, de expectativas de vida) sin disponer de los recursos o las cualificaciones profesionales necesarias para proceder a una inmigración legal, regulada y ordenada, de lo que los presuntos protagonistas de actividades ilegales pretenden beneficiarse a fin de satisfacer sus propósitos delictivos.

El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, propuesto por la Presidenta Von der Leyen en septiembre de 2020, preconiza nueve líneas de actuación: una gestión sólida y justa de las fronteras exteriores, incluidos los controles de identidad, salud y seguridad; unas normas de asilo justas y eficientes, racionalizando los procedimientos de asilo y retorno; un nuevo mecanismo de solidaridad para situaciones de búsqueda y salvamento, presión y crisis; una mayor previsión, preparación y respuesta ante las crisis; una política de retorno eficaz y un enfoque coordinado de la UE en materia de retorno; una gobernanza global a escala de la UE para una mejor gestión y aplicación de las políticas de asilo y migración; unas asociaciones mutuamente beneficiosas con terceros países clave de origen y tránsito; el desarrollo de vías legales sostenibles para quienes necesitan protección y para atraer talento a la UE; y el apoyo a unas políticas de integración eficaces.

En España vivimos estos días el proceso paulatino de reapertura de las dos únicas fronteras terrestres de nuestro país con un país no perteneciente a la Unión Europea y ajeno, por lo tanto, al espacio Schengen, de fronteras interiores permeables, que precisa que las fronteras exteriores comunes, las de todos, sean protegidas de manera eficiente por los países en los cuales dichas fronteras se encuentran.

El devenir de la realidad de ambos pasos fronterizos, los existentes en Ceuta y Melilla, se ha venido acomodando, con el transcurso de los años, a la realidad de las relaciones existentes entre ambas ciudades españolas y su entorno marroquí más próximo, desde la época de la consolidación de Marruecos como entidad nacional independiente, en 1956, hasta nuestros días.

Se alzan voces estos días que preconizan un tratamiento especial para estos pasos fronterizos al objeto de volver a un nivel de tránsito como el existente mucho antes del cierre de dichos pasos por parte de Marruecos, como consecuencia del inicio de la pandemia en marzo de 2020, cuando la realidad de las relaciones entre ambas ciudades españolas y su entorno marroquí más próximo era completamente diferente a la que es hoy, como consecuencia de la evolución de las actividades comerciales y sociales a ambos lados de la frontera.

Los pasos fronterizos entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla son pasos fronterizos internacionales entre un país de la Unión Europea y un país vecino, con francas relaciones de amistad y propósitos de buena convivencia, pero no perteneciente a la Unión Europea.

Como tales pasos fronterizos internacionales, debemos garantizar la seguridad del tránsito de personas y mercancías a través de los mismos, lo cual no está reñido con la agilidad ni con el volumen del mismo. Depende de la buena disposición y de la voluntad de las autoridades de ambas partes el que ello se realice de manera ágil y fluida, pero lo que es indudable es que, desde el lado español, nuestras autoridades no pueden abdicar de su responsabilidad de obtener las mejores condiciones de este tránsito para los intereses de melillenses y ceutíes ni de garantizar la seguridad de nuestras fronteras.