“Se le podrían haber ocurrido cosas con más base para explicar la deuda de Ceuta”

Conesa califica de “error” el comentario del consejero ceutí y subraya el “salto cualificativo de Melilla”. “Hemos intentado mantener el equilibrio entre lo que se hacía y nuestros recursos”.

Para el portavoz del Gobierno de Melilla y consejero de Economía de la Ciudad, Daniel Conesa, son un “error” las declaraciones efectuadas por el también portavoz y consejero, en esta ocasión de Fomento, de Ceuta, Guillermo Martínez, quien justificó el mayor endeudamiento de su ciudad frente al de Melilla señalando que Ceuta cuenta con unos servicios públicos, equipamientos e infraestructuras que se acercan más a los estándares peninsulares.
Según explicó Conesa a El Faro, “si mi amigo y paisano se hubiera sentado a pensar un poco se le podrían haber ocurrido explicaciones con más base que las que ha dado explicando la situación de Ceuta y diciendo que en Melilla el crecimiento cualitativo ha sido inferior”.
Conesa, que expresó su intención de no entrar en polémica con el consejero ceutí, insistió sin embargo en que “hay cosas que explican de manera mucho mejor, y acercándose más a la realidad de cuál es la situación económica de Ceuta”, que las pronunciadas por Martínez.
Además, dijo, que desde su puesto de portavoz del Gobierno melillenses, “por supuesto me voy a abstener de hacer la más mínima valoración de esa situación económica, porque no me corresponde a mi”.
Conesa justifica y en cierta medida disculpa las palabras de Martínez, “porque están dichas en el fragor de la rueda de prensa –hablo por experiencia porque yo también soy portavoz–, pero que si las hubiera pensado mejor no habría cometido ese error”.
También se mostró convencido de que el consejero ceutí no comparte este comentario, porque “no me cabe la menor duda de que cuando ha venido a Melilla ha podido comprobar el salto cualitativo tan espectacular que ha dado esta ciudad. Me consta que lo sabe y lo ha visto”.
En contraposición a las palabras del dirigente ceutí, defendió el trabajo realizado por el Gobierno de Juan José Imbroda en Melilla, “como también las muchas cosas que se han hecho bajo la Presidencia de Vivas”, pero en “nuestra ciudad –subrayó– hemos intentando mantener el equilibrio entre lo que se hacía y nuestros recursos, lo que nos ha permitido tener una situación bastante saneada y que nos va a permitir a su vez seguir modernizando y evolucionando la ciudad. Precisamente por haber hecho bien el trabajo estamos en una situación mucho más favorable que otras comunidades y ciudades autónomas para afrontar los retos que tenemos ante la crisis económica”, subrayó.
En otro orden de cosas, y respecto al importe de la deuda que tiene Melilla y que podría acogerse al pago a proveedores, Conesa comentó que se eleve a 5,2 millones de euros, aproximadamente.
Esta cantidad sería la resultante, una vez descontadas las facturas que ya se han hecho efectivas o las que corresponden a Remesa y a la desaladora.
En palabras de Conesa, a 31 de diciembre, y cumpliendo los parámetros de la norma, el montante total de deuda de la Ciudad Autónoma con “proveedores, gente de la calle, empresas, particulares, constructores, proveedores de servicios, profesionales susceptibles de acogerse a este sistema de pago, incluidas también las facturas comerciales de las sociedades públicas, fundamentalmente Envismesa, ascendía a 8.150.000, aproximadamente”.
Sin embargo, en estos dos meses y medio del 2012, la cantidad ya no es la misma, pues según dijo, ya se han abonado algunas de esas facturas mediante transferencias o cheques. También hay que descontar alrededor de un millón de euros que se han pagado utilizando el sistema de endoso o ‘confirming’, consistente en que la Ciudad Autónoma autoriza a determinadas entidades bancarias a que abone el importe de la factura al proveedor, deuda que posteriormente liquida la Ciudad con el banco.
Al respecto, el portavoz del Gobierno matizó que este sistema “viene a ser una fórmula muy parecida a la que ahora ha establecido el Gobierno central pero que nosotros llevamos utilizando desde hace algún tiempo”.
De igual forma habría que descontar el montante correspondiente a la deuda con Remesa, la empresa encargada de la incineración de residuos “de la que la Ciudad también es accionista”, así como la cantidad que se debe a la desaladora por el suministro de agua. En total y según precisó Conesa, el importe de ambas rondaría los dos millones de euros.
Hechas estas salvedades, Conesa cuantifica la deuda real con proveedores en menos de 5,2 millones de euros, “siempre teniendo en cuenta que la información que pide el Ministerio es la deuda a 31 de diciembre”, puntualizó y matizó que en esa cantidad “no se cuentan facturas que puedan estar entrando ahora”.
La situación de Melilla “es bastante buena, sobre todo si la comparamos con algunos amigos y hermanos como son los de Ceuta, que tiene alrededor de 80 millones de deuda susceptibles de acogerse a esta norma”, puntualizó. “Creo que la diferencia es sustancial”.

Melilla decide a final de mes si se acoge a la norma de pago a proveedores

Respecto a si por fin la Administración autonómica se acogería a esta fórmula establecida por el Gobierno Central, Conesa precisó que todavía no está claro, “porque a lo mejor se hace con los propios medios de la Ciudad”.
De todas forma, anunció que la postura del Ejecutivo Imbroda, tanto si es a favor o se rechaza, se dará a conocer en las próximas dos semanas, aunque también aclaró que incluso los propios proveedores puede que no estén interesados en acogerse a esta medida, y que opten a la opción de que sea la Ciudad Autónoma quien haga esos pagos por el modelo habitual.
Al respecto comentó que la mayor parte de las deudas “son pequeñas y recientes” y que se están liquidando con una pequeña demora, “siempre en los márgenes que marca la ley. Tres o cuatro meses ya es hablar de mucho en el tiempo”, puntualizó; aunque también quiso aclarar que puede ocurrir el caso de que se vaya más allá si por ejemplo “hablamos de alguna factura concreta en la que pueda que exista un desacuerdo en la liquidación de cierta obra que ha sido objeto de litigio judicial”, u otras facturas que son más complicadas y que tienen su periodo de revisión más extenso.
“Son plazos bastante aceptables, comparados con otras Administraciones y nuestra situación no es urgente para tener que acogernos a esta fórmula”, indicó.