Save the Children señala que los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España encuentran profundas carencias para acceder a una educación en los centros de menores, un obstáculo que el Defensor del Pueblo describe y denuncia con frecuencia en sus informes.
Esto también ocurre en Melilla, explicaron, ya que a la ciudad autónoma llegan regularmente menores indocumentados. Relatan que el problema de las dificultades de acceder a la educación también afecta a los centros de personas migrantes adultas en los que viven menores de edad, según expusieron en su último informe sobre los menores que crecen sin papeles en el país. Relataron el caso de Jamal y su madre, que llegaron a Melilla a principios de 2020.
Este niño de ocho años estuvo un año sin ir a clase y su problema no se resolvió, aseguraron, hasta que se trasladaron a Francia, donde solo necesitó una semana para matricularse y empezar a estudiar. Añadieron que en otros casos, las pruebas de determinación de la edad llevan a un número considerable de menores de edad al circuito para personas adultas, excluyéndoles así de su derecho a la educación.
Salud
Y no solo señalan las dificultades para acceder a la educación, sino también a la sanidad, tal y como ha recogido la ONG a través de testimonios por todo el país. En Melilla relatan el caso de Moussa, de Guinea Conakry, que llegó a la ciudad con 15 años. Antes de alcanzar la ciudad autónoma asegura que fue agredido por la gendarmería marroquí en varias ocasiones mientras se refugiaba en el monte Gurugú, hasta que logró saltar la triple valla de Melilla, en la que sufrió cortes graves causados por la concertina.
Cuenta que también sufrió malos tratos en su paso por el sistema de protección. Desde entonces, Moussa asegura padecer un trastorno mental no diagnosticado que le genera pesadillas y le dificulta el sueño. Este problema se ve agravado por la incertidumbre en torno a la obtención de papeles. “Siempre pedí ayuda (psicológica) pero nunca me la dieron”. Moussa, con 18 años recién cumplidos, nunca ha recibido ningún tipo de apoyo psicológico.
Explican que en el periodo que comprende los años entre 2012 y 2018, desde la aprobación hasta la derogación del RD 16/2012, que limitaba el acceso de la sanidad a los inmigrantes sin papales, muchos menores han sufrido el vaivén de las legislaciones, ya que las comunidades autónomas también adaptaron la norma de forma distinta.
147.000 niños y niñas
En España en 2019 vivían 721.556 inmigrantes menores de edad, de los que casi 147.000 lo hacían en situación administrativa irregular, lo que supone una tasa de irregularidad del 20,4 %: uno de cada cinco niños extranjeros crece sin papeles en el país, la mayoría procedente de América Latina.
Es la estimación que hacen Save the Children y la Fundación Por Causa en el informe "Crecer sin papeles en España", que presentaron este miércoles en Madrid para ofrecer una fotografía actualizada e "inédita" de esta "población invisibilizada" y cómo sus derechos se ven recortados en salud, educación, vivienda o justicia.
"Estos niños sufren una triple vulnerabilidad: por ser menores de edad, migrantes y estar en situación irregular", denunció el director general de Save the Children, Andrés Conde, que lamentó que estos menores "vivan un escalón por debajo del resto de niños" y reclamó su regularización como medida excepcional.
Más de la mitad de los 146.773 menores en situación irregular en España tienen menos de 10 años y cerca del 30 % tienen más de 15, con tasas de irregularidad por encima de la media nacional que incluye a los adultos (13 %).
Tres de cada cuatro menores sin papeles proceden de América Latina: Colombia concentra los números absolutos más altos (25.226), le siguen Honduras (15.653), Venezuela (14.817) y Perú (11.436).
Según advirtió una de las autoras del informe, Jennifer Zuppiroli, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir de 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de esos países.
Los niños procedentes de África tienen un peso muy pequeño en la irregularidad, ya que pese a que este continente es el origen del 43 % de los inmigrantes menores de edad residentes en España, solo concentra el 13 % (18.334) de los que lo hacen de forma irregular.
El impacto de la COVID-19
En España, la irregularidad administrativa es un fenómeno mayoritariamente sobrevenido, por lo que los autores del informe advierten de que esta situación podría complicarse aún más como consecuencia de la crisis "devastadora" del coronavirus, la caída del empleo entre los inmigrantes y su impacto en los permisos de residencia.
Otro de los autores, Gonzalo Fanjul, estimó que el número de inmigrantes sin papeles en España podría verse incrementado en más de 160.000 trabajadores "en los próximos meses o años".
A esa cifra, aseguró, hay que sumarle unos 13.000 casos más de niños que podrían quedar en esa situación al ser rechazada su solicitud de protección internacional.
Conde, por su parte, incidió en que la irregularidad precipita a estos menores a la pobreza y la exclusión social, y señaló que la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar con inmigrantes y menores a cargo es del 48 % frente al 14 % de uno con españoles.
"Sus salarios son menores, sus empleos más precarios y les resulta imposible acceder a ayudas sociales como el ingreso mínimo vital", aseveró, antes de exigir que se permita a estas familias beneficiarse de esta prestación.
El acceso efectivo al derecho a la educación o a la salud de los menores sin papeles puede verse vulnerado por la falta de un permiso de residencia, de un número de identidad de extranjero (NIE) o de una tarjeta sanitaria, recalcó.
Ante esta situación, estas organizaciones no gubernamentales consideran que una regularización de las familias inmigrantes sin papeles con hijos reduciría "considerablemente" su vulnerabilidad laboral y social y supondría un "importante beneficio fiscal".
Para Fanjul, "no hay nada" en las normas nacionales y europeas que impida la regularización: "Es difícil justificar que estos 147.000 niños no son una circunstancia excepcional". Save the Children reclama también que se considere por ley como regulares a todos los menores sin papeles que viven en España, no solo a los niños inmigrantes que viajan solos, que se incluya la minoría de edad para obtener un NIE como no residente y un régimen jurídico específico que evite la irregularidad sobrevenida.
