SATE-STEs reclama al Gobierno central que revitalice el sector público

El sindicato de enfermería carga contra el primer paquete de recortes anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La formación sindical SATE-STEs rechazó en la jornada de ayer la congelación salarial aprobada por el Consejo de Ministros para este año el pasado viernes y que afectará, de nuevo, al personal empleado público.
Así, el sindicato de enfermería recalcó en nota de prensa que la congelación salarial supone una nueva pérdida de poder adquisitivo para las 2,6 millones de personas que trabajan en los diferentes organismos, instituciones y administraciones públicas del conjunto del Estado.
Asimismo, subrayaron que la previsión del IPC para 2012 es, según el Gobierno de Mariano Rajoy, del 1%, mientras que el Banco Central Europeo cifra esta previsión en el 2%. “Por lo tanto, cada persona que trabaja en el sector público verá rebajado su poder adquisitivo, si se cumplen las previsiones, entre el 1% y el 2%”, aseveraron.
“Esta pérdida se añade a la rebaja del 5% de los salarios en 2010 y a la congelación salarial de 2011. Hace falta recordar que hace dos años el IPC se situó en el 3% y en 2011 en el 2,4%. Es decir, que hubo una reducción salarial y en los años 2010 y 2011 pérdidas importantes de poder adquisitivo”, recalcaron.
A estas pérdidas haría falta sumar una nueva en 2012, según denunciaron. “Todos estos datos ponen en evidencia la falsedad de las declaraciones de la portavoz del gobierno español, que afirmó que no quieren hacer recaer sobre el personal empleado público las medidas de ajuste económico”, criticaron.
Además, consideraron que una vez más las personas que trabajan en los organismos, instituciones y administraciones públicas pagan los efectos de una mala gestión y de una crisis económica que no han generado.                                                       
De igual modo, SATE-STEs también se opuso a las restricciones de las ofertas de empleo público.
“En un momento en el que la tasa de paro es tan elevada, el sector público debería servir para generar empleo”, reclamaron a la administración que preside Mariano Rajou.
Además, señalaron que el Estado Español se sitúa por debajo de la media europea en número de personas que trabajan al sector público.
“Se trata de una porción vital para garantizar la prestación de los derechos básicos a la ciudadanía. En este sentido la ampliación de la jornada laboral supondría la reducción de la plantilla y el despido de personal interino o eventual”, lamentaron desde la formación sindical.                             
También consideraron “inaceptables” otras medidas que figuran en este “tijeretazo histórico” aprobado, como por ejemplo la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a 641,40 euros, el aplazamiento a 2013 de la introducción de los dependientes moderados y de la ampliación del permiso por paternidad, así como la no renovación de las ayudas al alquiler de 210 euros para la gente joven y la actualización de las pensiones en sólo el 1% cuando la inflación de la zona euro se prevé que sea del 2%.
Para la formación sindical, estas medidas suponen que, una vez más, los sectores más débiles de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida.
“De las palabras de la portavoz del gobierno se desprende además que este tijeretazo es el inicio del inicio de la política de recortes del Gobierno de Rajoy”, añadieron, “unos recortes que se concretarán en la reforma laboral que se aprobará en los próximos tres meses y en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se han de aprobar antes del 31 de marzo de 2012”
Por ello, la formación sindical estudia en este momento una estrategia lo más unitaria posible de movilización social, sostenida en el tiempo, que fuerce un cambio en “las políticas antisociales” del nuevo gobierno español que preside Mariano Rajoy.

Para tapar el ‘agujero’ que ha encotrado el Gobierno central  fueron decretadas el pasado viernes nuevas cargas fiscales excepcionales para  el año que acaba de comenzar, con el fin de recaudar casi 6.300 millones de euros, mediante un incremento del impuesto a los rendimientos del trabajo y el resto a los beneficios del ahorro y a los bienes inmuebles.
Por otro lado, la administración del Estado reducirá un 18 % su estructura y habrá un primer recorte de gasto de 8.900 millones en todos los ministerios, fundamentalmente en obras públicas.
El 20 % de los recortes corresponden a Fomento, mientras que Industria, Economía y Asuntos Exteriores tendrán reducciones del 11 al 13 %.
Ese ajuste de 15.175 millones solo es, como dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “el inicio del inicio” de otros venideros.