El Pleno de la Asamblea debatía hoy asunto que rondaba desde hace tiempo en las mesas de los diputados y es que uno de sus miembros, Jesús Delgado Aboy, tenga voz y voto en las comisiones. La figura del diputado no adscrito no está desarrollada en el Reglamento de la Asamblea y por ello, se ha llevado al pleno una nueva composición de las comisiones para facilitar esto a Delgado Aboy. Pero ni el PP ni Vox han votado a favor de los cambios, aunque ha salido adelante con la aprobación de CpM, PSOE y el propio Delgado Aboy.
Por un lado, el PP afirmó que se trata de un proceso en “forma y fondo que es ilegal” y acusó al Gobierno local de cambiar “por la puerta de atrás” el Reglamento de la Asamblea saltándose un paso que ve fundamental, como es la exposición pública de los cambios que se producen el reglamento para que los ciudadanos puedan opinar.
En el caso del diputado de Vox, Javier Da Costa, votó en contra porque cree que se vulneran sus derechos frente a Delgado Aboy, ya que éste estará en todas las comisiones emitiendo su voto, mientras que la formación de Da Costa tiene divididas las comisiones con el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, al estar los dos en el Grupo Mixto. No obstante, hay una ponderación de votos para evitar que el de Delgado Aboy valga más que el del Grupo Mixto, según respondió la vicepresidenta primera de la Asamblea y consejera de Hacienda, Dunia Almansouri.
El documento aprobado en el pleno registra que hay diez comisiones, dos de ellas especiales, como son la de Cuentas y la de Covid-19, y el resto relacionadas con las diferentes áreas de Gobierno. También se indica que habrá once diputados en cada una de las comisiones, siendo cuatro los del PP, tres los de CpM, dos del PSOE, uno del Grupo Mixto y uno del diputado no adscrito. Todas las comisiones deberán reunirse una vez al mes, a excepción de la del Reglamento de la Asamblea que se hará cuando haya temas que tratar.
Y la parte más destacada de esta modificación de las comisiones es que se incorporan valoraciones de lo que valen los votos. En este sentido, el valor total del voto del PP es el equivalente a su representatividad en el pleno, es decir, un 40% y el valor del voto de cada miembro de sus diputados será de un 10%; en el caso de CpM el total es un 32% y el de cada diputado cepemista de 10,66%; para el PSOE el total es de un 16% y el de sus diputados es de un 8%; en el Grupo Mixto el valor total es de un 8% y el voto de cada uno es de un 8%; y en el caso del diputado no adscrito es un 4% en los dos casos.
No le ha gustado nada al PP esta forma de valorar los votos de sus diputados y exigía en el pleno que prevalezca la ponderación que tienen en la Junta de Portavoces en lugar de esta otra recogida en dicho documento.
El diputado del PP, Miguel Marín, explicó que su formación está a favor de que Delgado Aboy pueda tener voz y voto en las comisiones. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma en la que se realiza. Aseveró que es “manifiestamente ilegal” y que el Gobierno local hace esto como todo “tarde y mal”. Añadió que esto es una “chapuza”.
En concreto, el popular explicó que para hacer un cambio en el Reglamento de la Asamblea hay que analizar este tema en la comisión, llevarlo a pleno y luego dejarlo en exposición pública para que los melillenses den su opinión. Pero este último punto no se va a llevar a cabo y es uno de los aspectos que critica el PP.
Sin embargo, la consejera de Hacienda replicó que no se trata de un cambio en el reglamento, sino de modificaciones en las comisiones y ese aspecto es un tema que se resuelve en el pleno y que no precisa de exposición pública.
Para Almansouri, este cambio en las comisiones se produce después de que haya una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que los diputados no adscrito tienen derecho a voz y voto. Remarcó la consejera que esta sentencia está por encima del reglamento y que lo único que se hace modificando las comisiones es facilitar que se pueda ejecutar un derecho constitucional. Afeó a los populares de querer dilatar en el tiempo esta decisión cuando no hay motivo para ello y dijo que no sabe por qué el PP quiere dejar para más adelante esta decisión. Pero Marín respondió que si bien se da el voto a Delgado Aboy, se indica también en la sentencia que no puede tener sobre representatividad este diputado no adscrito.
Por su parte, el diputado de Vox se centró en esa proporcionalidad porque no le parece justo que Delgado Aboy pueda ir a todas las comisiones y votar en todas, mientras que él solo puede asistir a la mitad al estar en el Grupo Mixto. Subrayó que se vulneran sus derechos y en este caso, exigía ir a todas las comisiones para votar. Además, añadió que se trata de un “parche” este cambio cuando hay que hacer una reforma del reglamento.
Almansouri respondió a Da Costa que no es cierto que tenga menos representatividad que Delgado Aboy porque su voto vale un 8% y el del diputado no adscrito un 4%. Remarcó que no pueden acudir todos los diputados a todas las comisiones, porque eso sería un pleno e indicó que si en un futuro hubiera más personas en el Grupo Mixto no podrían ir todas a esos órganos. No obstante, destacó dos cuestiones, por un lado que Da Costa puede votar en los plenos los asuntos porque las comisiones no son definitivas, y que el Congreso tiene este mismo sistema.
De forma que tanto el PP como Vox solicitaron que se quedara sobre la mesa este tema y volver a analizarlo en la comisión correspondiente. Sin embargo, esta petición fue rechazada y se aprobó de forma definitiva el texto dando a Delgado Aboy su derecho a voto.
No es habitual, pero en ocasiones los partidos de la ciudad llevan temas nacionales a la Asamblea de Melilla. Esto ocurrió ayer. El PP presentó dos mociones para que fueran aprobadas en este pleno. La primera de ellas para instar al Gobierno central de aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y que combata de forma eficaz la ocupación ilegal de viviendas. La segunda de ellas fue para instar al Gobierno central en el respeto a la Constitución, a la separación de poderes, la defensa de la unidad de España y la protección de todas las instituciones. La vicepresidenta primera del Gobierno local, Gloria Rojas, fue la encargada de defender la postura del Ejecutivo y el por qué no se iban a trasladar ninguna de las dos solicitudes al Gobierno central.
En la primera, el diputado del PP, Daniel Conesa, aseveró que se dan casos de ocupación y que se dilata en el tiempo la resolucion de este asunto.
Rojas explicó que una sola ocupación es un problema, pero instó a los populares a no hacer de esto una alarma social. Dijo que en Melilla se habían producido este año 6 casos y hay instrumentos legales suficientes para atajar estas ocupaciones.
La segunda moción fue defendida por el popular Miguel Marín que dijo que hay muchos signos en el Gobierno central de que no hay una defensa de la Constitución. Rojas le respondió que no era así porque todos los diputados creen en ella y prometen defenderla cuando asumen su cargo en la Asamblea.
Además, el último punto del pleno era un contrato de la gestión del servicio del vertedero de inertes. Pero el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, lo retiró del debate. Dijo que cambiarán el contrato y en lugar de ser de cinco años, será de cuatro prorrogables cada año, de forma que no necesitará la aprobación del pleno para sacarlo adelante.
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