Gloria Rojas, vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Turismo, aseguró este viernes que cree que fue una decisión acertada rechazar 600.000 euros del Gobierno central para construir un hotel en el cargadero de mineral de Melilla.
Tras ser preguntada por este asunto en el pleno de control de ayer, explicó que, además del dinero que llegaría desde el ministerio, la ciudad hubiera tenido que poner más de un millón de euros de las arcas públicas.
Señaló que se trata de un proyecto de dos millones de euros para 24 habitaciones de cuatro estrellas y que en el año 2016, el Gobierno del PP dijo que estaría listo “en un par de años”.
Rojas tiró de hemeroteca los distintos proyectos que anunciaron los populares cuando estaban el en Ejecutivo y que no se construyeron, por lo que la consejera cree que no tienen autoridad para reprocharle que haya suspendido el proyecto del cargadero.
La consejera subrayó que el papel de la Administración local debe ser facilitar las condiciones para que los hoteles inviertan en la ciudad y no tirar de dinero público, recordando que en Ceuta van privatizar un hotel que era de titularidad pública.
Explicó que no estaba convencida porque, además, había que pagar 100.000 euros anuales a la Autoridad Portuaria con un límite de tiempo de alquiler de cuatro años. “Soy una persona muy responsable con el dinero público y antes de lanzarme a un proyecto, yo tengo que tener muy claro qué tengo y qué voy a hacer o no.
Daniel Conesa fue el encargado de preguntar a la consejera por este asunto y expuso que el proyecto ya estaba listo, además de que los 600.000 euros fueron aprobados en Consejo de Ministros y reprochó a Rojas que dijese en una comisión de la Asamblea que este dinero no había llegado.
Conesa piensa que esto “es un despropósito más” del Gobierno y que es fruto de “una mala gestión”, diciendo que este es un Ejecutivo de reinos taifas.
Rojas también tuvo que responder sobre el presupuesto para hacer la futura ciudad universitaria tras ser preguntada por María del Mar Alfaya, diputada popular y exdecana de la UGR.
La consejera le informó que en los presupuestos de este año queda reflejada dicha cifra, de dos millones y medio de euros.
Alfaya dijo que parecía “una tomadura de pelo” que se lanzase un proyecto “sin un terreno específico, sin planificación o sin plazos de ejecución”.
La popular también quiso señalar que desde el año 2007, el Partido Socialista ha estado reivindicando la necesidad de un nuevo campus universitario y que, una vez en el Gobierno, sigue sin conocerse los detalles de la ciudad universitaria, además de deci que “no hay nada nuevo”.
También aseguró que ningún proyecto universitario estará terminado antes de que acabe la legislatura, recalcando que el Ejecutivo actual paralizó el campus que estaba listo para comenzarse en el antiguo edificio de Correos.
“Lo único que han conseguido es paralizar el crecimiento progresivo que hemos tenido hasta 2019 de la universidad y además han privado nuestra ciudad de la oportunidad de reactivación económica tan necesaria”.
Rojas dijo que los populares “mienten” en este sentido y pidió que no se demonizara el proyecto de ciudad universitaria.
La consejera puso en valor que se van a destinar 70.000 metros cuadrados cerca del hospital universitario al campus de Melilla.
También señaló que han aumentado el presupuesto para los másteres y las becas Erasmus, entre más ejemplos. Han creado la cátedra Melilla Sefard, un proyecto, dijo, que los populares guardaron en un cajón.
El presidente de la Ciudad Autónoma y responsable de la Policía Local, Eduardo de Castro, explicó en el pleno de este viernes que el perro policía que se jubiló este mes de abril fue trasladado a la península sin el procedimiento adecuado.
Javier Lence, diputado del PP, preguntó a De Castro si cree que actuó de forma adecuada durante el traslado, calificando la polémica de “lamentable”, y el presidente le respondió que él dio el permiso para que se iniciasen los trámites para llevar al animal a una familia de acogida.
Sin embargo, el presidente de la Ciudad subrayó tras haber dado el permiso para pagar el traslado de Melilla a Málaga del perro, supo que una asociación lo había hecho sin ningún tipo de procedimiento.
De Castro recalcó que Bronko pertenece a la Ciudad Autónoma y con la normativa en la mano, dijo que la decisión debería incluso haber pasado por pleno.
Insistió en que no había ningún problema en llevar al perro a la península, solo que había que hacerlo conforme a la ley.
“Cuando a mí me dicen que se jubila el animal y que hay que llevarlo, sencillamente digo que se proceda a hacer los trámites pertinentes. Cuando me dicen que si lo podemos pagar, también digo que no hay ningún problema y ahí se acaba la historia” .
A pesar de ello, personas individuales decidieron llevarse el perro en barco a Málaga. “Alguien se ha extralimitado en sus competencias”.
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