Recurso de alzada contra sanciones basadas en un decreto de Castilla y León

Ayer comentábamos en esta Jabalina que no entendíamos por qué el artículo 8 de la Orden de la Ciudad Autónoma que cierra los bares durante 15 días, se sometía a un Decreto Ley de la Junta de Castilla y León, a la hora de fijar el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria derivada de la gestión de la COVID-19 en Melilla.

Pues bien, hasta donde sabemos, un particular ha interpuesto un recurso de alzada contra ese artículo y el súperconsejero Mohamed Mohand ha admitido el error en la orden redactada por su departamento. Según dijo en rueda de prensa, será subsanado en el Boletín Oficial de Melilla.

No es por hacer leña del árbol caído, pero seguimos sin saber cómo se coló un decreto ley castellanoleonés en una norma local publicada en el BOME. Es una suerte que la Ciudad no esté obligada a pasarle el programa antiplagio Turnitin a sus decisiones políticas. Visto lo visto, podríamos llevarnos un disgusto.

Pero ahí no queda la cosa. Los hosteleros afectados por las restricciones que marca la orden están a la espera de que el Juzgado de Melilla decida si la norma respeta los límites que marcan la Constitución y la Administración del Estado. Si no la tumba un juez, se plantearían interponer una denuncia por daños y perjuicios. Si les dan la razón, finalmente terminaría pagando el Gobierno de la Ciudad Autónoma. Y ya sería preocupante que se equivoque un político y paguemos todos. Ojo con esto.

Volviendo a la orden de Mohand, me pregunto por qué si a finales de agosto no teníamos facultades para prohibir fumar en la calle o decretar el confinamiento de los centros de menores, de mayores y de extranjeros, ahora sí podemos cerrar los bares y limitar derechos a la ciudadanía. ¿En qué momento pasamos de ser ayuntamiento plus a comunidad autónoma?

Todos coincidimos en que la situación es muy grave. Hoy por hoy Melilla da miedo. La situación epidemiológica está descontrolada y es cierto que había que hacer algo. Ayer, de hecho, el súperconsejero Mohand advirtió a navegantes de que si la cosa no mejora tenemos un nuevo confinamiento a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, habría que pararse a pensar por qué consideramos que la hostelería es la responsable de toda la transmisión local de la COVID-19.

El 12 de agosto, Salud Pública anunció que la ocupación de mesas en bares y restaurantes se limitaba a 10 personas por mesa. Los hosteleros tenían además la obligación de registrar el nombre y apellidos de los comensales para, en caso de contagio, localizarlos con mayor facilidad. En ese momento también se modificó la distancia entre sillas en las cafeterías y se dijo que se evaluaría la situación en 15 días.

No sabemos si esa evaluación se hizo y si se hizo, desconocemos sus conclusiones. Lo que sí sabemos es que la medida no funcionó porque los casos de coronavirus siguieron creciendo como la espuma en Melilla.

Fue así como el pasado 3 de octubre que entraron en vigor varias restricciones que otra vez afectaban al sector hostelero. En ese momento, la orden 3864 de 1 de octubre argumentaba la necesidad de adoptar nuevas medidas debido “al incremento considerable de brotes y contagios en agosto y septiembre”.

Además, se amparaba en el intento de “impedir la expansión descontrolada” del virus para ordenar una reducción del 80% en el aforo de las terrazas de los bares y del 75% en el interior de estos. También se prohibió el uso de las barras a menos que fueran utilizadas como mesas.

Pues bien, esa medida tampoco funcionó porque los contagios siguieron creciendo en nuestra ciudad. Y es como llegamos al cierre de los bares.

Entiendo que todos venimos presionando al súperconsejero y que estaba obligado a hacer algo. Pero las medidas deberían estar sujetas a informes técnicos. Si los rastreadores dicen que la gente se contagia en los bares de Melilla, aquí nos alineamos todos con Mohand y no hay nada que discutir. Guste a quien guste y afecte a quien afecte. El problema es que no sabemos en base a qué estudios epidemiológicos se ha decidido que un restaurante me puede llevar comida a mi casa, pero yo no me puedo acercar a un bar a pedir un café con leche para llevar. Tampoco puedo ir a buscar un pollo asado al establecimiento donde lo recojo todos los domingos, pero sí puedo ir a un supermercado y coger comida para llevar o comprar castañas en un puesto.

Estos detalles peliagudos son los que demuestran que la orden de Mohand no se consensuó con los hosteleros. Ya puestos a corregir lo de Castilla y León, igual podrían aprovechar y retocar estos puntos que tienen a los restauradores en pie de guerra.

Por lo demás, nada que objetar. Ayer mismo, Navarra anunció un nuevo confinamiento a partir del jueves. El 11 de septiembre ya Mohand pidió el estado de alarma y desde Madrid el ministro Salvador Illa se llevó las manos a la cabeza por el atrevimiento del consejero de Melilla. Pues bien, igual no estaba tan equivocado. Si finalmente nos confinamos, lo haremos mucho después de que él lo propusiera. Lo pudo decir más alto, pero no más claro.