Tal y como auguraban las encuestas, la mayoría de los chilenos depositó su voto en contra de la proposición constitucional que lleva la rúbrica de la ultraderecha y la derecha tradicional, corroborando la derrota del proceso para suplir la Carta Magna actual recibida de la dictadura que se inició con las fuertes protestas de 2019.
Ni que decir tiene, que el resultado trasluce un batacazo para el ultraderechista Partido Republicano, que tuvo una importancia esencial en la composición del nuevo texto y ambicionaba erigirse en la fuerza hegemónica de la derecha. Su presidente, el ultraderechista José Antonio Kast Rist (1966-57 años), admitía el fracaso de su formación. Señalaba al respecto: “Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Los republicanos somos distintos, cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, perdemos. Esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos. Reconocemos esa derrota con mucha claridad. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos de que esta era una mejor Constitución que la vigente”.
Las derechas habían intentado convertir el plebiscito en un referéndum sobre el mandato del Gobierno. El presidente Gabriel Boric Font (1986-37 años), quien claramente no se ha implicado en esta elección, en contraste de lo que realizó en la votación de 2022, ha indicado que los resultados evidencian “un fuerte llamado de atención. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos”.
Las fuerzas políticas de izquierda que componen la coalición de Gobierno, sí que han hecho campaña en contra de la invitación y han salido a festejar los resultados. En nombre de la alianza, Paulina Vodanovic Rojas (1971-52 años), la presidenta del Partido Socialista, ha acentuado de “bocanada de aire fresco” la victoria de la decisión que expresa ir en contra de lo que otros daban por hecho.
Con estas connotaciones preliminares, los chilenos llegaban a las urnas para determinar en otra votación de carácter imperativo si daban el visto bueno a esta iniciativa, o conservaban la Constitución existente surgida en el régimen de Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006), pero modificada alternativamente en democracia. Lo cierto es, que más de 15 millones de electores estaban citados para elegir a favor o en contra del nuevo texto, absolutamente incompatible al proyecto precedente, contemplado como vanguardista y objetado de modo irrevocable.
“En medio de una atmósfera de enorme sofocación, se da por finiquitado un proceso constituyente consignado a aportar optimismo, pero que ha terminado en fiasco y hartazgo en una parte notable de la ciudadanía”
Aunque los tanteos encaraban al rehúso del nuevo texto, la ciudadanía a favor había ido escalando peldaños en las últimas semanas y el marco estaba abierto, debido especialmente a la cantidad de indecisos. El resultado no podía ser otro: la amplia mayoría se inclinaba por la alternativa en contra del nuevo texto, respaldada por la izquierda. La disyuntiva de ahuyentar los falsos fantasmas de lo que muchos daban por hecho con la propuesta constitucional, se impuso en la mayoría de las dieciséis regiones del estado, fundamentalmente, en la norteña Antofagasta y la capital Valparaíso.
Tras la votación en el mes de mayo de 2023, el Consejo Constitucional que transcribió esta propuesta ha estado resaltado por la derecha tradicional y por el ultraderechista Partido Republicano de Kast. Entre las cuestiones que más polémica han suscitado y que más adelante referiré, se encuentran el aborto y los derechos reproductivos, la migración, la propiedad y el derecho al agua, la igualdad, el sistema de salud y las pensiones. De hecho, no eran pocos los constitucionalistas que habían avisado de que el esbozo formulado contenía importantes vacíos y equívocos legales.
Se trataba de la segunda tentativa por redactar otra Constitución tras el irrevocable desapruebo en 2022, a un plan trazado por una convención de superioridad progresista que planteaba una transición revolucionaria de la institucionalidad y era precursor en culminar el aborto libre y la protección del medioambiente.
El estado hispanoamericano pasó en poco más de dos años de redactarla y subsiguientemente excluirla, a facilitarle el testigo del segundo proceso constituyente a la ultraderecha. Esta era la quinta votación constitucional desde 2020, por lo que el desinterés y agotamiento electoral han punteado esta campaña. El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que secundó el nuevo documento, fue el primero en reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya Danús (1978-45 años) indicaba que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”.
Entretanto, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga Vicuña (1969-54 años) señalaba al pie de la letra: “A ver si después de dos procesos fallidos se consolida en Chile la necesidad de llegar a acuerdos, porque finalmente el primer proyecto era de la izquierda y el segundo de la derecha”.
Tras el deniego, proseguirá en uso la Constitución de Pinochet y cesará, al menos durante este mandato, la tormenta constitucional, porque el Gobierno de Boric ya ha expuesto que no promoverá un tercer intento ya que ”las urgencias son otras”. Sin apenas margen para ello, cualquier anticipación en clave constitucional tendrá que transitar por una reforma en el Congreso. Una hipotética revisión precisaría de la aceptación de al menos cuatro séptimas partes del Parlamento. Es por lo que numerosos investigadores concuerdan que ocurriera lo que ocurriera, los conservadores saldrían beneficiados de esta situación: o se daba el pasaje obtenido del Consejo que han liderado, o persistía la norma que en ningún tiempo desearon sustituir. Por el contrario, quienes presionaron durante décadas en reemplazar el texto adquirido del dictador, se habían visto en el dilema de apoyarlo para sortear otra norma más taxativa.
Conforme a la impresión de diversos analistas, una de las lógicas que descifra el éxito del “en contra”, es que los principales apartados de la propuesta no confluían en un acuerdo transversal. Los críticos del documento lo consideraron de “profundamente neoliberal” y manifestaron que no estaba a la altura de las circunstancias de los principales requerimientos que surtieron con fuerza en las protestas de 2019, como las reformas a los sistemas de salud, la educación y las pensiones.
El ofrecimiento privilegiaba una fórmula mixta en la disposición de estos servicios. Sucintamente, en salud anunciaba que la ley debía introducir un diseño de salud universal, el cual podía ser prestado por instituciones estatales y privadas. Algo parecido presentaba con ocasión de las pensiones, donde el Estado habría de avalar el acceso a prestaciones básicas y universales que, a su vez, podían ser concedidas por medio de organismos públicos o privados.
Y en educación, se subrayaba la libertad de enseñanza y el derecho predominante de los padres sobre la educación de sus hijos. Según los más críticos, con lo anterior el texto no afianzaba una mayor participación e implicación por parte del Estado en la resolución de estos servicios, sino todo lo contrario: asentaba el patrón del Estado subsidiario que concurre en nuestros días y que para muchos, es el culpable de la disconformidad estructural en el país.
Igualmente, se impugnaron artículos como el que se denunciaba literalmente: “la ley protege la vida de quién está por nacer”, o el que alzaba en pie de guerra la “objeción de conciencia”, pues para algunos se podían poner en riesgo los derechos de las mujeres, como la ley del aborto que impera en Chile desde 2017, o el acceso a la píldora del día después. Incluso representantes de la derecha, chocaron con el texto reseñando que aglutinaba visos de un “programa de gobierno”. Ciertamente, existían reglas que ideológicamente llevaron a que la izquierda se colocara en contra de una idea que estaba inclinada a la derecha.
Además, en algunas esferas hubo el fundamento de que se excedió en el contenido. Al igual, que el encaje del Consejo tampoco fue bien valorado por la ciudadanía. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en medio del proceso, poco más o menos, un 40% de las personas pensaba que lo hizo “mal o muy mal” y únicamente un 19% que lo realizó “bien o muy bien”.
De lo que se desprende que nos encontramos frente a una acción irregular, donde ambas tentativas por modificar la Constitución fracasaron, tanto en el mecanismo como el contenido.
Luego, la República de Chile se encuentra extenuada de tantísimo forcejeo constitucional y prácticamente la mayoría de los análisis de opinión así lo justifican. Fijémonos que cuando faltaba un mes para la elección, la encuesta Cadem ya revelaba que un tercio de los votantes, o lo que es lo mismo, el 32%, estaba “poco o nada” interesado en el proceso. Se declara abiertamente de “fatiga” o “hastío” constitucional tras estos cuatro años de pugnas por modificar la Carta Magna.
Mientras tanto, han transcurrido cinco elecciones, entre plebiscitos y comicios para designar a los consejeros a cargo de componer las propuestas y el resultado son dos intentos malogrados. En opinión de algunos ciudadanos que acudían a las urnas, “llevamos demasiado tiempo alargando este proceso, perdiendo tiempo en elecciones y con una clase política inepta e incapaz de ponerse de acuerdo”.
Uno de los motivos de esta falta de interés tiene mucho que ver con el desengaño de la primera votación, en la cual los chilenos ponían sus esperanzas. El proceso pagó un enorme descrédito y eso creó un efecto dañino. En este momento el cambio constitucional ni siquiera se contempla como un instrumento válido para dejar atrás la crisis que perdura. Existe desencanto y escasas expectativas en que las élites puedan ser competentes para al menos disipar un mínimo común. Asimismo, de la noche a la mañana las prioridades de los chilenos cambiaron cualitativa y cuantitativamente.
Asimismo, lo generalizan diversos estudios de opinión, donde tanto la seguridad, como la delincuencia y el narcotráfico, figuran entre las prioridades de los chilenos, seguido de la economía. Y es que este país franquea una de las peores crisis en seguridad de su historia más reciente. Se constata una importante proporción de individuos que sencillamente no deseaban otro proceso constitucional, porque en el fondo desorienta la cuestión política de materias que para ellos son apremiantes.
Y en atención a los datos facilitados por la Fundación Paz Ciudadana, el recelo a padecer un delito adquirió su máximo registro con más del 30% de las personas, que claramente declararon poseer ese temor.
Otra de las deducciones que demuestra el fragor de este proceso, es que no consiguió articular a las distintas parcelas políticas. Idénticamente aconteció con la primera tentativa, cuando grupos de centro y de derecha hicieron hincapié en que se les había discriminado. En esta ocasión fueron los sectores de izquierda los que expresaron sentirse completamente apartados. Obviamente, esto llevó a que se terciase la balanza en que una elevada participación de los electores se decidiera finalmente por la opción “en contra”, como un voto de castigo hacia la clase política.
Claro está, que un entorno donde todos hubiesen estado de acuerdo y respaldando la misma propuesta, hubiese sido distinto. Con lo cual, este escenario se contempla por la falta de transversalidad. En la misma línea ha de reflexionarse que en Chile y buena parte de la aldea global, la buena sintonía hacia los políticos ha ido decreciendo ampliamente en los últimos años.
Sin inmiscuir, que el parlamento y los partidos son las instituciones que hoy por hoy más alto porcentaje tienen con relación a la apreciación de corrupción. Y en este proceso constitucional, en contraste con el anterior, las fuerzas políticas adquirieron su protagonismo hasta llevarlos a recibir el voto “en contra”, desenmascarando el aborrecimiento hacia la clase dirigente.
Más bien, es la derivación de un alegato antipolítico que poco a poco ha ido enraizándose. Es semejante a la expresión inoculada en la República Argentina con Javier Gerardo Milei (1970-53 años) y la casta política, distinguida como una clase privilegiada que se aprovecha de los recursos del Estado.
Recuérdese que el primer borrador de reescritura entre 2021 y 2022, respectivamente, lo lideró una asamblea constituida por 154 miembros preferentemente de izquierda. Su proposición de texto era social, ecológico e íntegramente distinto al proyecto existente. No obstante, muchos chilenos reconocieron esa adaptación demasiado radical, fundamentalmente, en lo que atañe a los derechos dispuestos a los pueblos indígenas que constituyen el 13% del conjunto poblacional.
A resultas de todo ello, desgranando brevemente los temas más controvertidos con la nueva propuesta, comenzando por el aborto, la Constitución actual concreta textualmente que “la ley protege la vida del que está por nacer”. La propuesta constitucional sustituye el “que” por el “quien” está por nacer. Y a criterio de algunos expertos, el término “quien”, hace referencia o alusión a una persona.
De este modo, podría aclararse que el contenido planteado busca hacer inconstitucional el aborto, porque estos fundamentos son los mismos que se dispusieron por la derecha para contradecir la constitucionalidad de la ley de aborto. Si los utilizaron cuando tenían un texto que no los confirmaba directamente, es acertado pensar que empleasen la nueva propuesta para intentar prohibir el aborto.
Segundo, en relación a la objeción de conciencia, la Constitución actual no habla de esta materia. En tanto, el supuesto constitucional propone que la libertad religiosa y de pensamiento “comprende además la objeción de conciencia”. Se trata de otra de las cuestiones peliagudas que carecen de la debida conformidad, debido a la falta de límites determinados para este concepto.
Me refiero a una objeción general que está encuadrada por la libertad de conciencia que es la libertad de creer en cualquier cosa. Inicialmente, en consonancia a lo que especifica el texto, es un derecho íntegro a no observar la ley cuando ésta lidie con los pensamientos que cualquier persona elija asumir. Ese derecho es ilógico, porque las personas no pueden tener un derecho constitucional a no cumplir la ley, cuando les demanda algo con lo que ellos no están de acuerdo.
Tercero, en cuanto a la salud, ambos textos reflejan casi lo mismo. Sin embargo, en lo concerniente a la nueva propuesta, se reprocha que el enunciado “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”, comporta un respaldo a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). Luego, lo sugerido es factible con un sistema mixto de provisión de salud, pero disconforme con un monopolio estatal sobre la misma.
Lo anterior no entraña irremediablemente una defensa a la ISAPRE, ya que lo que se preserva es la provisión privada de salud y no la estabilidad de un prestador privado exclusivo. O tal vez, no denuncia que debe haber prestadores privados o públicos que estarían incluidos en un sistema.
“Tal y como auguraban las encuestas, la mayoría de los chilenos depositó su voto en contra de la proposición constitucional que lleva la rúbrica de la ultraderecha y la derecha tradicional, corroborando la derrota del proceso para suplir la Carta Magna actual”
Más bien, indica la predisposición de un sistema privado. Es decir, confirma constitucionalmente la subsistencia de un sistema privado de salud, lo que conlleva no sólo prestadores privados, sino que igualmente compañías de seguro privados. En este aspecto, dicha proposición lo que hace visiblemente es salvaguardar el sistema de la ISAPRE.
Cuarto, con las pensiones, la Carta Magna vigente hace mención únicamente “el derecho a la seguridad social”. La nueva propuesta añade que las personas tendrán “propiedad sobre sus cotizaciones previsionales” y “el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”. Los críticos sugieren que se ampara al discutido sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Lo que la propuesta establece, aunque no lo indica con esas palabras, es escudar dicho molde. Al contrario, otros consideran que “no se excluye al Estado como administrador de cotizaciones, pero se prohíbe que este detente el monopolio del sistema. Al igual que en salud, no son necesariamente las AFP las favorecidas, sino los prestadores privados en general”.
Quinto, con la vivienda se propone “el derecho a la vivienda adecuada”. Pero el principal de los escollos de disputa que no queda al margen, reside en la exclusión de las contribuciones: “El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.
Parece una norma que a ciencia cierta favorece únicamente a las personas más ricas. Tan sólo el 25% de las propiedades costean impuestos y la mayoría de ellas son las que se encuentran emplazadas en las comunas más lujosas. Por otro lado, lo que se obtiene con contribución, sufraga a las comunas más pobres.
Sexto, con respecto a la educación, no concurren demasiadas divergencias entre los textos, pero se objeta que la nueva propuesta compromete al Estado a capitalizar un sistema que afianza el financiamiento “por estudiante en establecimientos estatales y privados”. Sin duda, es la fórmula en que actualmente se sufraga el sistema educacional chileno. Al igual que forma parte del prototipo neoliberal efectivo en Chile, pero no contiene cobertura constitucional.
Como valoran algunos analistas, encajar en la Constitución una regla de juego que compromete al financiamiento, es constitucionalizar el neoliberalismo. Esta medida comportaría, valga la redundancia, un financiamiento educacional encaminado al beneficiario y no exclusivamente al entorno público o privado del establecimiento. Esto último podría comprender que las entidades públicas no disfrutarían de ninguna prerrogativa presupuestaria por su naturaleza.
Séptimo, derecho al agua, como es sabido la Constitución de Chile garantiza “los derechos de los particulares sobre las aguas”. En tanto, la nueva propuesta constitucional refiere que las aguas “son bienes nacionales de uso público y que su dominio y uso pertenecen a la Nación toda”. Pese a todo, el pasaje clarifica, podrán “constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de estas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad con la ley”.
Y como último punto entre los debatidos, la seguridad pública, la iniciativa del Consejo Constitucional añadió un capítulo de seguridad que no consta en la Carta Fundamental. Entre otras cuestiones, en ese párrafo se sugiere la futura institución de una policía fronteriza, cuyas limitaciones y funciones han sido tildadas. También se propone que se llevará a cabo la expulsión de extranjeros irregulares que hayan incurrido en infracciones en “el menor tiempo posible”.
Algunos analistas reparan de que nos estamos refiriendo a una medida improcedente para una Constitución, e incorporan que las causales de expulsión de migrantes y la premura de estas políticas deberían quedar como materia de ley. Y con respecto al término “en el menor tiempo posible”, se trata de una imposición de optimización que deberá desempeñarse en la mayor medida posible, sin que el contenido proponga a cuánto tiempo señalado se refiere.
En consecuencia, en medio de una atmósfera de enorme sofocación, se da por finiquitado un proceso constituyente consignado a aportar optimismo, pero que ha terminado en fiasco y hartazgo en una parte notable de la ciudadanía. De esta manera, el mínimo resquicio para que Chile renunciase a su actual y cuestionada Carta Magna, se ha visto cada vez más distante: dos oportunidades desaprovechadas que los chilenos advierten con desconcierto.
