MELILLA tiene la mayor tasa de positividad de España. La nuestra es del 21,5% frente al 10,2% de Aragón o al 4% de Asturias. Significa que somos la autonomía que más positivos detecta por PCR hecha. Para que se entienda, la tasa de positividad es el porcentaje de positivos por pruebas realizadas.
Desde el inicio de la pandemia se han hecho en Melilla 14.050 PCR y 12.365 tests rápidos. Estamos hablando de que en una ciudad de 85.000 habitantes, aproximadamente un tercio de la población ha sido sometida a alguna de las dos pruebas de detección del virus. Y esto ha arrojado un resultado altísimo: 1.130 personas han dado positivo en COVID-19. Parecen pocos, pero piénselo bien: más de mil positivos en poco más de 12 kilómetros cuadrados.
Pero siendo realistas, estamos hablando de un dato manipulable porque depende del número de PCR que se realizan y de los entornos en los que se hacen. Si hiciéramos más tests esa cifra podría subir o bajar. No lo sabemos porque la gente no lleva escrito en la frente la palabra coronavirus. La pregunta del millón es, por tanto, por qué no se hacen más PCR en Melilla. ¿Por miedo o porque nos dejamos el dinero en sueldos de cargos a dedo y no hay para comprarlos?
En agosto pasado, el súperconsejero Mohamed Mohand nos dijo que somos la autonomía que más PCR hace a los contactos de los positivos. Ahí quizás está la respuesta de por qué donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Vamos directo al grano. Si a eso le sumamos los problemas habitacionales que tenemos y el alto porcentaje de familias numerosas que residen en la ciudad, entenderemos al menos dos causas de la falta de contención en el número de positivos. Otra, evidentemente, es que existe un problema de mala gestión. Así, sin rodeos.
Pero no sólo es que no se frena la curva de contagios sino que, según la Organización Mundial de la Salud, todos los territorios que superan una tasa de positividad del 5% deben considerar que la pandemia está fuera de control.
O sea, no es que estemos mal, como Aragón, es que multiplicamos por cuatro el límite fijado por la OMS para determinar que las autoridades de un lugar equis no controlan lo que tienen entre manos.
Tiene por tanto razón el diputado del PP Miguel Marín cuando alerta de que no sólo tenemos la tasa de positividad más alta de España: también somos los terceros con más casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, sólo por detrás de Navarra y Madrid.
Con toda la razón del mundo, Marín se quejaba de que el Gobierno local ha accedido a crear una Comisión COVID-19 seis meses después de desatada la pandemia. Por increíble que parezca, en el Ejecutivo local sólo el súperconsejero Mohamed Mohand capitalizaba los datos de evolución del coronavirus hasta el punto de ni siquiera compartirlos en la cuenta oficial del tripartito en Twitter. Hasta que la cosa no se le fue de las manos no accedió a informar, entre otras cosas, porque la mierda ya salía por las alcantarillas y no se podía esconder lo evidente.
En todo caso, Miguel Marín no es el único que se ha quejado de la Comisión. El diputado Jesús Delgado Aboy, no adscrito a ningún partido en la Asamblea, ha adelantado que llevará al contencioso-administrativo su exclusión de este organismo, que se encargará de proponer medidas que ayuden a frenar el avance de la pandemia.
A Delgado Aboy lo han dejado fuera pese a que es médico y puede y debe aportar mucho en esta Comisión. Lo han marginado pensando en términos políticos. Han considerado que cualquier otro diputado sin formación en Ciencias Médicas puede aportar más que él. Parece una broma macabra, pero no lo es: el organismo de marras se ha hecho pensando en réditos electorales y no en lo que de verdad importa: remar todos juntos y aportar todos juntos para buscar una solución a este problema que se le ha descontrolado al Ingesa y la Consejería de Salud Pública.
En Madrid, señores, ha dimitido Alberto Reyero, el consejero de Bienestar Social aunque su cartera lleva el nombre pomposo de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. La única pega que le pongo es que lo haya hecho un viernes por la noche, cuando los periódicos están a medio gas y los periodistas reventados del cansancio de toda la semana. Evidentemente ahí está la mano maestra de un responsable de comunicación que conoce cómo funcionan los medios: si quieres que no hagan sangre, dales poco margen de maniobra.
Por lo demás, chapó. Es lo que tenía que haber hecho hace meses. Ojalá cunda el ejemplo y en esta ciudad los responsables de la pésima gestión de la pandemia, den el paso y entreguen el carguito.
Mucho me temo que no van a hacerlo. Reyero mantiene su acta (sueldo) de diputado en la Asamblea y además tiene un currículo impresionante de sus muchos años vinculados al trabajo con el Tercer Sector. Pero aquí, ya sabemos, el que no aguante la legislatura se va a chupar candado porque no hay donde recolocarlo. Lo que en otros sitios se llama puerta giratoria, aquí se llama SEPE. El que se caiga del tren, no tiene otra que apuntarse al paro.
