La intención del Gobierno local de cobrar una tasa por enterramiento en el cementerio musulmán de 360 euros, que hasta ahora no se había exigido, ha levantado polémica. El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Hassan Mohatar, preguntó ayer sobre por este asunto en el Pleno de Control. Subrayó si es que supone un “quebranto” para las cuentas de la Ciudad cobrar esta tasa municipal. El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, afirmó que las personas sin recursos económicos están exentas de abonarla.
Mohatar explicó que hay un acuerdo del presidente Enrique Palacios de 1993 con el que el Gobierno local se comprometió a que fuera “coste cero” el servicio de enterramiento para los musulmanes, aunque se tuviera que abonar una tasa mínima de 30 euros.
“Ya ha llovido desde 1993. Creo que no tiene sentido aplicar una tarifa en el 2017 si no se ha cobrado antes. ¿Por qué no se ha solicitado el pago hasta ahora?”, se preguntó el cepemista.
El diputado de CpM subrayó que el único afán del Gobierno local es recaudar más dinero y que el no cobrar esta tarifa no supone nada para las cuentas de la Ciudad.
Coste real
Por su parte, Quevedo argumentó que el enterramiento no es un servicio gratuito y aseveró que otras ciudades tienen tasas mucho más elevadas que Melilla.
En este sentido, explicó que el coste real de la sepultura en el cementerio es de 4.000 euros para 50 años. En cambio, la Ciudad solicita una tasa de 360 euros. “No es descabellada”, apuntó. También comentó el titular de Medio Ambiente que en otras ciudades donde se llega a abonar 1.000 euros y desean tener los precios de otra porque paga 500 cada diez años. En Melilla esa tasa es de por vida.
“No es legal”
El consejero señaló que no se le puede cobrar a una persona 30 euros por ser musulmán y al resto de comunidades más dinero. Reiteró que todos somos iguales ante la ley y, de hecho, subrayó que “no es legal” aplicar diferentes tasas según el cementerio en el que se produzca el entierro.
El titular de Medio Ambiente destacó que la Ciudad no puede aplicar en este tema una medida “discriminatoria” contra determinados colectivos.
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