La presidenta de la asociación Pymes Melilla, Francis Serón, ha reivindicado la necesidad de contar con trabajadores formados para fomentar el desarrollo de la economía. La asociación lamenta que en nuestra ciudad existe una carencia de formación de oficio.
La presidenta de Pymes Melilla ha hecho una valoración de los datos del paro del pasado mes de diciembre, destacando a El Faro que una de las soluciones para la problemática del paro en la ciudad es la formación dual. Esta es el conjunto de acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación. En ella, el alumno realiza sus prácticas en empresas mientras se encuentra cursando sus estudios.
"Al final, haciendo prácticas dentro de una empresa siempre alguno se quedará trabajando. Son necesarias más horas de formación dentro de las empresas", dijo Serón.
Por otro lado, la presidenta de la asociación habló de la necesidad de apoyo e inversión hacia los empresarios de la ciudad y demandó una mayor colaboración.
"Si este año queremos transformar la ciudad y la economía, tenemos que dar apoyo a nuevas inversiones y empresarios para que vayan cambiando la economía y su actividad".
Serón dijo confiar en que la Administración se vuelque en ayudar al empresario de cara a este nuevo año 2024. Además, afirmó esperar un cambio en la economía de Melilla, mediante un trabajo conjunto entre las partes.
"Esperamos que este año se empiecen a cumplir los planes estratégicos y que se realicen al menos en el corto plazo".
Respecto a la situación en torno a la bonificación del 50 % de las cuotas patronales a la Seguridad Social, Pymes Melilla anunció que se están manteniendo reuniones en Madrid para trabajar por que estas ayudas no se pierdan.
"Esta bonificación también es bajada del paro y fomento de la contratación de trabajadores", aseguró.
La pérdida de la anterior ayuda representa para Serón un perjuicio para empresas y trabajadores, por lo que dijo, desde Pymes Melilla están trabajando porque se vuelva a la Ley anterior.
Este cambio en el sistema de bonificaciones, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y que sustituía la bonificación del 50% por un importe fijo de 262 euros al mes más una subvención nominativa al empresario, ha sido muy criticada por el Gobierno de la Ciudad, la mayoría de los partidos que conforman la Asamblea y los empresarios ante los numerosos requisitos necesarios.
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