El secretario ejecutivo del PSOE de Melilla, Fidel Moga, denunció ayer la “persecución” que la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, ha llevado a cabo contra el empresario local Enrique Remartínez Escobar, y le pidió responsabilidades políticas.
Moga se preguntó por qué se intentó cerrar una clínica privada en base a un informe “erróneo” elaborado por la Secretaría Técnica de la consejería. No obstante, recordó que el fallo judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, del pasado 4 de julio, declaró “nulo de pleno derecho” el procedimiento de cierre de este centro.
Por ello, se produjo el cese del secretario técnico de la consejería. Así, Moga insinuó que se entiende que también hay responsabilidad política por lo que le preguntó a Paz Velázquez si la va a asumir.
El secretario ejecutivo del PSOE local recalcó que su partido defiende que la sanidad sea pública al 100% pero que también debe haber actividad privada para que sirva de “acicate” para que la primera siga mejorando. Resaltó por elló la labor de este empresario y consideró como “injustificable” la persecución a la que se ha visto sometido Remartínez Escobar.
Por otro lado, Moga insistió en recordar a Velázquez que las competencias sanitarias de Melilla y Ceuta corresponden al ministerio, respondiendo así al reciente cruce de críticas entre la consejera y el PSOE, a quien esta acusa de querer dejar fuera a las dos ciudades autonómas del Consejo Interterritorial de Sanidad. Lamentó los “insultos y descalificaciones” a cuenta de este tema.
Sin embargo, apuntó que la acreditación de la formación de los profesionales sanitarios sí corresponde desde el año 2012 a la Ciudad, concretamente de la consejería que preside Velázquez, a quien preguntó qué actuaciones se están llevando a cabo en esta línea.
Moga indicó que la consejera debería preguntar a su padre, Ignacio Velázquez, a quien definió como un “gran profesional”, la importancia que tiene para la Sanidad contar con un personal bien formado. El socialista apuntó que el Gobierno les dijo que desde 2013 “están trabajando” para lograr la acreditación. “¿Cómo se puede estar cuatro años intentando solventar una acreditación?”, lamentó.
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