El secretario ejecutivo del PSOE local, Fidel Moga, denunció ayer la falta de sensibilidad y empatía del delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el director Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), Francisco Robles, con los profesionales sanitarios ante las agresiones que padecieron en el pasado 2017.
El dirigente socialista señaló que sólo el desapego de la realidad sanitaria tras llevar 20 años alejado del mundo sanitario ha podido llevar a El Barkani a alardear de una mejora en los sistemas de seguridad y reducción de las agresiones.
Según Moga, el delegado del Gobierno dijo que se produjeron siete agresiones a lo largo del pasado año. Sin embargo, para el socialista, esos datos “no casan con la realidad”, debido a que, solamente en el incidente que se dio en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Comarcal, en el que tuvieron que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con material antidisturbios, hubo ya siete profesionales afectados.
“A El Barkani, o los datos reales no se los han pasado, o bien los ha alterado, dado que, sólo en aquel acto en la Unidad de Psiquiatría, tres vigilantes de seguridad terminaron con traumatismos y con baja laboral; dos celadores acabaron con traumatismos y con baja laboral; una enfermera terminó con baja laboral por la ansiedad que le creó la situación y un auxiliar de clínica estuvo de baja por la agresión”, reveló.
Además, de estos sucesos, Moga se refirió a la reciente denuncia del CSIF de una patada a una enfermera en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria; a la agresión con un bolso a una facultativa en el centro de Cabrerizas cuando estaba pasando consulta; o al caso del facultativo al que, por dar de lata laboral a un paciente, recibió un puñetazo.
También el propio Moga denunció una agresión, a través del protocolo establecido, y “para atender la denuncia tardaron casi cinco meses”, por lo que, estimó que, como mínimo, estaríamos hablando de 12 agresiones a lo largo del año pasado.
83 agresiones desde 2012
El dirigente socialista dio a conocer datos oficiales del propio Ingesa, según los cuales, “el índice de agresividad ha aumentado de forma significativa y se estima que el 80% del personal sanitario ha sufrido algún tipo de agresión verbal o física”.
Moga también se refirió a la respuesta vía parlamentaria dada por el propio Gobierno nacional, donde señala que, desde 2012 a 2017 se han producido 83 agresiones. Además, se refirió a los datos de la estadística del año 2016 de la organización colegiada de médicos, que señala un 17,61% de agresiones en el Ingesa Melilla frente al 2% que se da en el resto del conjunto del país.
“Si están ustedes satisfechos con esta gestión es para que dejaran de ser gestores públicos y se dedicaran a su actividad profesional”, les replicó Moga a Barkani y Robles. En palabras del socialista, no están abordando el problema de las agresiones sanitarias porque no se marcan el ‘objetivo 0’, que es con el que deberían trabajar los gestores públicos.
El socialista mostró ante los medios el Plan de Prevención ante Situaciones Conflictivas del Área de Salud, de octubre de 2005. Un manual realizado por recursos propios del Ingesa Melilla, según informó. “Trascurrido seis años de Gobierno del PP, no se ha tocado una coma”, denunció.
Ahora, en el primer trimestre del 2018, a pregunta parlamentaria del PSOE, el Gobierno asegura que se va a trabajar con dicho manual. “No lo van a actualizar en nuestra ciudad sino en Madrid porque el Ingesa tiene una desconfianza total y absoluta hacía los gestores sanitarios de Melilla y concretamente hacia Robles”, aseveró.
Rotos desde hace años
A propósito de las declaraciones de Robles en las que asegura que su preocupación es tener las medidas adecuadas para evitar agresiones, Moga recordó que los sistemas antipánico se pusieron en 2006 por el Gobierno Socialista.
“Quien lo montara da lo mismo porque todos tenemos la obligación de defender a los profesionales sanitarios, el problema está en quien no lo mantiene”, señaló en referencia a la denuncia de UGT de noviembre de 2016 exigiendo al Ingesa que arreglara estos mecanismos que llevaban años rotos y que no fueron reparados hasta marzo de 2017.
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