Categorías: Editorial

Prudencia vs. acción

El portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, realizó ayer un llamamiento a la “prudencia” a los sindicatos de la Policía Nacional por sus palabras ante las agresiones que están sufriendo los agentes en el puesto fronterizo de Beni-Enzar. Conesa confía en las medidas diplomáticas y judiciales para poner fin tanto al lanzamiento de piedras de los alborotadores como a la inactividad frente esos hechos de los agentes marroquíes de la autoridad.
Los representantes sindicales de los policías españoles consideran que el momento de las palabras ha pasado y ahora toca pasar a la acción. Defienden el cierre de la frontera y la solicitud a Marruecos de la extradición de los dos individuos que animan a atentar contra los agentes españoles.
Quizás ninguna de las dos alternativas sea la idonea, la primera porque hasta ahora no da muestras de ningún avance y la segunda porque puede llevarnos por un camino en el que sea muy difícil dar marcha atrás. En cualquier caso, lo cierto es que el problema está ahí y que cada día que pasa sin solución existen más posibilidades de que ocurra una trágica desgracia, como temen los sindicatos policiales. Entonces, si algún agente o ciudadano resulta gravemente herido por alguna de esas piedras lanzadas desde ‘tierra de nadie’, llegará el momento de exigir explicaciones a los responsables de que no se haya adoptado ninguna medida eficaz. Ya no habrá tiempo para continuar con los debates en los medios de comunicación. En ese momento las aclaraciones deberán realizarse ante un juez, como en el caso de Aya  Koudad, la adolescente que falleció en el Comarcal sin llegar a ser trasladada al Hospital Carlos Haya para recibir el tratamiento para la dolencia que padecía, según denuncia la ONG Prodein. Tras veinte días de gestiones infructuosas, ahora el caso está en manos de la Fiscalía. Los hechos se verán en el juzgado. Allí deberán aclarar su actuación los responsables de la administración sanitaria que tuvieron en su mano dar a esa menor la asistencia que recomendaban los médicos y que durante veinte días estuvieron enredados en trámites burocráticos.

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