Propuestas para la ‘carpeta azul’ (IV)

He añadido un capítulo más a mis propuestas para la carpeta azul ‘Melilla y Ceuta’ que tiene en sus manos D. Juan Bravo y en el que voy a dar mi opinión sobre la interpretación que se ha dado por algunos académicos al art. 25.4 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y que ha sido acogida con cierto entusiasmo por los políticos melillenses para entrar en la Unión Aduanera.

Copio el último párrafo del art. 25.4 para poder comentar la propuesta al respecto de la entrada por esta vía en la Unión Aduanera: “A propuesta de la Comisión, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir las adaptaciones del régimen aplicable a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla que resultaren ser necesarias.”

Pues bien, algunos afirman que este mismo artículo 25.4 contempla, además de la supresión o derogación, la adaptación o modificación del especial régimen aduanero vigente en Ceuta y Melilla. Es decir, que “sería posible una fórmula intermedia entre la situación actual de franquicia absoluta y la integración plena derivada con la derogación de sus privilegios aduaneros; por ejemplo, sería factible acordar la incorporación a la Unión, pero manteniendo una zona libre o franca”.

Dicen esos mismos académicos que “en cualquier caso, la adaptación presenta evidentes ventajas frente a la derogación, es reversible, permite mantener determinados privilegios y, sobre todo, las disposiciones que reconocen sus especialidades son de derecho originario. En cambio, la derogación es irreversible, implica la derogación de cualquier privilegio reconocido en una norma de derecho originario y cualquier especialidad que pudiera otorgarse sería siempre en una norma de derecho derivado.” Sinceramente, no veo por ninguna parte dónde se especifica que esa adaptación sea “reversible” y me gustaría que se hiciese una consulta vinculante a la Comisión Europea al respecto antes de mover un papel no sea que tal decisión sea irreversible. Canarias entró en la Unión Aduanera, con los privilegios que negoció España en su momento, pero tal decisión es irreversible.

Por otra parte, desde 1955 somos Territorio Franco a efectos aduaneros en toda la ciudad y no restringido a una zona concreta y limitada como se exige a cualquier Zona Libre o Franca. Por tanto, no veo la ventaja de perder nuestra condición de Territorio Franco salvo para convertirla en una Zona Económica Especial sin tener que perder nuestras actuales ventajas y adquirir un carácter más moderno y europeo y sin necesidad de entrar en la Unión Aduanera.

También el Partido Socialista de Melilla se descolgaba en su programa para las pasadas elecciones con la propuesta de solicitar dos Zonas Francas para la Ciudad pues, según Gloria Rojas, “esta medida supondría que las empresas puedan importar, producir y exportar sus mercancías al resto de España y de Europa sin tantas trabas burocráticas y con unas ventajas fiscales todavía mayores.” La verdad es que no lo explicaron con detalle en su momento. Ahora, tienen ocasión de hacerlo. Vuelvo a repetir que si ya somos Territorio Franco -que es más que una Zona Franca- ¿para qué vamos a bajar de categoría restringiendo el espacio a un terreno cerca del puerto y otro del aeropuerto? Supongo que el terreno más cercano al Puerto es la Plaza multifuncional de la Explanada de San Lorenzo y la del aeropuerto deben ser las naves que han quedado vacías en el SEPES tras el cierre fronterizo. En fin… que lo detallen y salimos de dudas.

La de la incorporación “reversible” que dicen que permite el art. 25.4 es la vía que al parecer quiere explorar el Partido Popular de Melilla, según ha declarado su candidata al Congreso, y pretenden la integración aduanera de Ceuta y Melilla acudiendo a esta vía de adaptación, eso sí manteniendo nuestros actuales privilegios. Ya digo que no veo nada claro lo de que esta vía sea reversible por eso pienso que la aclaración debe venir de la propia Comisión Europea que, finalmente, es la que decide si es así o no.

Hasta la fecha, nadie ha puesto ‘negro sobre blanco’ -salvo el repetido ‘más España, más Europa’ que comparto para otras cuestiones- las ventajas que para Melilla, sus empresas y ciudadanos, supondría la entrada en la Unión Aduanera incluso manteniendo las actuales bonificaciones fiscales en impuestos directos y en los Impuestos Especiales de fabricación que gravan el consumo de los hidrocarburos, del alcohol y de las bebidas alcohólicas y de las labores del tabaco y, por otro, de la matriculación de vehículos.

Por otro lado, pienso que nadie pretende entrar en el Territorio de aplicación del IVA aunque entrásemos en la UA. Pero, lógicamente, soy partidario en adaptar el IPSI y armonizarlo al IVA para que deje de ser un impuesto monofásico que grava las distintas fases el circuito mercantil y hay que soportarlo como coste ya que no es repercutible. Así lo hizo Canarias con el IGIC.

El problema -según algunos- es la actual normativa aduanera aplicable en Melilla que supone tantas trabas al desarrollo del comercio y que se basa en una OM de 1988 aunque se nos aplica permanentemente el CAU por remisión al no ser aplicable directamente en Melilla. Estoy de acuerdo, por supuesto, en que hay que mejorar y simplificar las tramitaciones aduaneras para los tráficos directos entre dos Dependencias de la misma Aduana: una, en Melilla y la otra en Península. Pero no nos olvidemos que si entramos en la UA -y no en el Territorio IVA como se pretende- vamos a tener que seguir pasando aduanas a ambos lados del “charco” como ocurre con las expediciones entre Canarias y la Península. De los trámites paraaduaneros a los que nos obliga ser parte de la Unión Europea aunque estemos fuera de la UA mejor hablamos otro día.

Por tanto, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en mejorar los procedimientos aduaneros, cambiar nuestro actual estatus de Territorio Franco por el de la Zona Económica Especial, mejorar y blindar con una nueva Ley Orgánica de Régimen Económico y Fiscal los actuales beneficios fiscales que disfrutamos, negociar una mejora en las Reglas de Origen establecidas en el Reglamento (CE) nº 82/2001 del Consejo que no han sido nada aprovechadas en la práctica, armonicemos el IPSI a la estructura tributaria del IVA y pongamos manos a la obra para desarrollar el Plan Estratégico de Melilla ya aprobado modificando algunas de las inversiones previstas -si así se estima oportuno- y reclamando al Gobierno de turno los casi 357 millones que nos han pintado en el Plan Integral de desarrollo socioeconómico y que no están el BOE.