Prodein asegura que Melilla no cumple con la Ley de Inmigración

El Defensor del Pueblo sugiere a la Delegación del Gobierno la ampliación del permiso de residencia a un joven de La Purísima por irregularidades en su expediente.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Melilla para emitir una sugerencia con el fin de que se dicte una nueva resolución para otorgar una autorización de residencia a un joven que permaneció durante cuatro años en el Centro de Menores de La Purísima.

El caso, que fue puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo por la ONG melillense Prodein, data de mayo del 2007, cuando el menor ingresó en el centro. No obstante, su estancia se interrumpió en julio de 2008, cuando cesó la tutela por abandono voluntario del centro. 

Sin embargo, el joven volvió a La Purísima meses después, en noviembre de 2008, hasta que el 18 de junio de 2009 se fue de manera definitiva al haber cumplido la mayoría de edad, una práctica para la que, según  el Defensor del Pueblo, no existe cobertura legal.

En vista de estos hechos, se subrayó que la documentación del joven fue tramitada de manera incorrecta, ya que fue puesto a disposición de los servicios de protección el día 31 de mayo de 2007, aunque no fue hasta el día 26 de febrero del 2010 cuando se instó la solicitud de residencia temporal inicial, que no se retrotrajo al movimiento en que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección, sino que se efectuó a la última asunción de tutela realizada por la Consejería de Bienestar Social el día 29 de junio de 2009, más de dos años después de que el joven fuera puesto a disposición de la entidad de protección.

Por lo que se refiere a una minusvalía que el afectado alegó sufrir, el Defensor del Pueblo recalcó que en los escritos que se le remitieron sobre la situación del joven se informaba de que no existía ninguna información referente a dicha circunstancia.

No obstante, en el expediente del menor existían múltiples referencias, tanto al accidente que tuvo en junio de 2009 en el Puerto de Melilla al intentar abordar un barco, como al ingreso en el servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Melilla, existiendo documentación acerca de un traumatismo sobre la columna lumbar y una fractura por aplastamiento de la tercer vértebra, con pérdida de un 60 por ciento de altura vertebral, circunstancia por la que tuvo que ser trasladado con urgencia al Hospital Carlos Haya de Málaga.

En base a estos hechos, el Defensor del Pueblo sugirió a la Delegación del Gobierno la concesión de una autorización de residencia que retrotraiga sus efectos a la fecha en la que fue puesto a disposición de los servicios de protección, el 31 de mayo de 2007, por lo que si bien el plazo de validez de su documentación del menor no variaría considerablemente, dado que la que ostenta actualmente un permiso de residencia de primera renovación, con validez hasta junio de 2012, la que le corresponde alargaría la autorización hasta el 31 de junio, siendo la siguiente que le correspondería de larga duración.

Prodein se ha tomado esta recomendación del Defensor del Pueblo como prueba de que en Melilla “no se cumple la Ley de Inmigración”.

Luces y sombras en el Centro de Menores

En diciembre de 2010, el Defensor del Pueblo visitó de nuevo el Centro de Menores Fuerte de la Purísima de Melilla para evaluar las condiciones en las que vivían sus residentes. El informe final destacaba que la limpieza y el orden en el centro habían mejorado notablemente tras la última visita, en el 2008. Sin embargo, señalaba que continuaba sin reunir las características necesarias para ser considerado un recurso de acogimiento residencial de larga duración. De igual modo, se mostraba la “preocupación, ya manifestada tras la anterior visita”, de que no se hubieran adoptado las  medidas oportunas a fin de evitar que siguieran residiendo en sus instalaciones menores desde hace más de cinco años. “Resulta necesario que se habiliten recursos residenciales específicos para los mayores de 16 años que se encuentren suficientemente preparados para iniciar el proceso de autonomía personal previo a la mayoría de edad. Se ha constatado una importante mejora en la escolarización de los menores acogidos en el centro, así como en los plazos de tiempo necesarios para la asignación de plazas a los menores, siendo mínimas las incidencias en este sentido”, rezaba el informe. No obstante, se detectaron problemas con la correcta ubicación académica de los menores en los centros escolares, existiendo dificultades para que accedieran a un tratamiento educativo normalizado, una vez completado el proceso de adaptación. De igual modo, se subrayaba la necesidad de que los menores fueran informados de manera efectiva de la posibilidad de interponer quejas y reclamaciones de manera formal y que pudieran formularlas directamente ante la entidad de protección, con las necesarias garantías de confidencialidad. 

Asimismo, se consideró necesario que se evaluara de nuevo el criterio de no asignar una cantidad periódico de dinero 

a los menores.