El Gobierno ha trasladado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su intención de estudiar el fin de las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, prácticas por las que España iba a ser juzgada este mes de julio.
El primer paso ha sido comunicar que revisará el recurso que el anterior Ejecutivo presentó contra la sentencia que condenaba a España por realizar estas prácticas, en concreto por el caso de dos subsaharianos en Melilla.
En una carta enviada por el ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso El País, el Ejecutivo asegura haberse dado cuenta "de inmediato" de la "destacada importancia" del caso de estos dos inmigrantes. De esta forma, dada la cercanía de la fecha del juicio, previsto para el 7 de julio, se ha solicitado un aplazamiento del mismo al que el Tribunal ha accedido: finalmente será el 19 de septiembre.
El asunto aún está en estudio, aunque según ha informado El País el Gobierno de Sánchez mantiene la intención de acabar con las devoluciones en caliente, tal y como el propio presidente llegó a plantear en su discurso durante la moción de censura planteada a Mariano Rajoy. El PSOE asegura contar con el respaldo de la mayoría de los grupos del Congreso.
En concreto, España tiene pendiente el juicio por el caso de las devoluciones en caliente de dos inmigrantes en la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014. Estos fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes “contra su voluntad” y “sin ninguna medida administrativa o judicial previa” según la primera sentencia, que dio a la luz en octubre y confirmó la ilegalidad a ojos de la justicia europea de este tipo de prácticas.
En un primer momento, se impuso una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los subsaharianos por daños morales, aunque el Gobierno del PP recurrió a la sentencia.
El juicio estaba previsto en un primer momento para el 4 de julio, aunque tras el replanteamiento de España tras el cambio en el Ejecutivo, la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, ha aplazado el juicio que aclarará la base legal de estas prácticas.
España decidirá ahora si retirar un recurso excepcional dada la historia del Tribunal: desde hace 20 años, cuando entró en vigor el protocolo, solo se han aceptado un 5,16% de las 2.129 solicitudes de remisión interpuestas.
Las devoluciones en caliente forman parte de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, cuya reforma es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo. Conocida popularmente como la Ley Mordaza, cuenta con el rechazo de la mayoría de formaciones políticas en el parlamento, por lo que su modificación se prevé como una de las medidas urgentes a aplicar por el nuevo Gobierno socialista.
Además de contemplar recortes de derechos para el conjunto de la ciudadanía, la Ley introduce una Disposición Adicional Décima en la Ley de Extranjería cuyo objetivo es proporcionar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla, las conocidas como “devoluciones en caliente”.
Según el texto legal, “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Una medida que choca con el principio de no devolución una medida que prohíbe a los estados, por Derecho Internacional, a devolver a las personas a un país en el que su vida o libertad están amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
La carta fue enviada a Estrasburgo el pasado 11 de junio, el mismo día en el que Pedro Sánchez ofrecía España como país de acogida para los más de 300 inmigrantes del Aquarius.
El anuncio del presidente abrió durante varios días las portadas de los medios nacionales, dada su importancia en el contexto de la crisis migratoria europea. Sin embargo, en esa misma jornada se producía este gesto, que se traduce en un primer paso hacia una de las medidas más criticadas de la política migratoria de Rajoy: expulsar al inmigrante que acaba de cruzar la valla de Ceuta o Melilla sin opción a identificarse, solicitar asilo, pedir asistencia letrada o presentar un recurso.
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