El PP niega que les puedan achacar la responsabilidad patrimonial de facturas atrasadas

La Ciudad está estudiando 15,8 millones de euros de facturas sin pagar y plantea pedir responsabilidad patrimonial a antiguos consejeros del PP por ellas. Así lo publicó este medio de comunicación hace unos días. El presidente de los populares melillenses, Juan José Imbroda, aseguró que se solicita responsabilidad patrimonial en otras cuestiones, pero no cuando se ha solicitado un servicio, que tiene una justificación y que se ha realizado.

“Responsabilidad patrimonial es cuando en Santiago se hacen una serie de obras y ahora se quedan en el aire, ya no se van a hacer y ¿eso quién lo paga? Eso puede ser una responsabilidad patrimonial. Pero un servicio prestado, que está dado, entregado y que ha cumplido un objetivo… ¿Por qué me va a hablar de responsabilidad patrimonial? Es que tiene un muy mal asesor”, aseveró el presidente de los populares.

Imbroda remarcó que habría que ver esas facturas por qué están sin pagar. Indicó que hay algunas que no se pagan hasta ver la certificación de la obra o porque se está discutiendo sobre ella con otros técnicos. Remarcó que han sido 20 años de Gobierno y no cree que sea tan elevada esa cifra porque es la versión que ha dado el Ejecutivo local ahora. “Yo creo que ese número es mucho y me parece que será bastante menos”, aseveró.

La información

Fue la semana pasada cuando El Faro publicó que la denuncia realizada por el Gobierno autonómico de los 15 millones en facturas que encontraron en los cajones, sin haberse abonado y que pertenecieron a los distintos Gobiernos del Partido Popular pueden acabar en los tribunales si se confirman determinadas sospechas que ahora mismo bajara la Consejería de Hacienda.

No se descarta, en absoluto, que se pueda llegar incluso a solicitar responsabilidad patrimonial a algunos de los miembros de Gobierno anteriores por entender que se causó un daño a las arcas de la Ciudad Autónoma de Melilla. La responsabilidad patrimonial en la clase política es una figura moderna dentro de las medidas que se adoptaron por parte de anteriores administraciones del Estado para luchar con los denominados casos de corrupción.

Por supuesto, que el objetivo que marca el destino de la misma Consejería es abonar el mayor número posible de facturas para no perjudicar a las empresas que prestaron en su momento los servicios a la Ciudad Autónoma de Melilla, pero también es posible que no puedan hacerlo porque muchas de ellas, a lo mejor, prescribieron.

Se ha hablado de que parten del año 2010 y en muchas de ellas se centran en el 2015 y ahora mismo lo que se está haciendo por parte de los técnicos encargados de este trabajo es una depuración de las mismas para ver si algunas de las mismas deben enviarse al Consejo de Estado para que este alto organismo de la Administración se pronuncie o incluso, como decíamos al comienzo de esta información, solicitar responsabilidad patrimonial a antiguos consejeros del Partido Popular.

No es un trabajo nada fácil y ahora mismo se están dividiendo por grupos. Desde luego, una de las grandes preocupaciones es no dañar a ninguna de las empresas, pero se quiere, desde luego, solicitar informes que permitan conocer la forma en que se realizó el encargo, si se produjo por escrito o de manera verbal, si existía o no consignación presupuestaria.

Dunia Almansouri insistió recientemente en que se está haciendo hincapié en esta cuestión, al entender que es una forma de ayudar a las empresas y autónomos que lo están pasando mal como consecuencia de la crisis del Covid-19. Remarca, eso sí, que es problema heredado del anterior Ejecutivo del Partido Popular.

Además de puntualizar que de los 15,8 millones casi 10 son de facturas pendientes relativas al año 2015, Almansouri explicó en una rueda de prensa que tuvo lugar hace unos días que lo que está haciendo su área ahora es clasificar los distintos motivos por los no se han abonado estas facturas para poder así tramitarlas y pagarlas.

Tal y como sentenció la cepemista, la cuantía que se abonará dependerá de la liquidación del presupuesto, de la incorporación del remanente de años anteriores y de lo que la legalidad permita. La idea de Almansouri es, “prácticamente, vaciar esta cuenta y poder poner a cero la deuda” que la Administración tiene con los diferentes proveedores de la ciudad.

Porque nada más llegar al Gobierno el nuevo tripartito, el entonces consejero de Hacienda, Julio Liarte, ordenó varias auditorías en distintas Consejerías y organismos dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla. En agosto ya anunció que eran unos dos millones y medio de euros los que existían de facturas sin pagar. Con el paso de los meses se fueron incrementando las mismas hasta llegar a los 15,8 millones de estos momentos donde se ha llegado al punto y final.