El PP señala se han realizado más de 500 contratos menores en el primer trimestre de 2020

La diputada local del Partido Popular de Melilla, Esther Donoso señaló que tan solo en el primer trimestre, de enero a marzo, se han realizado más de 500 contratos, 94 de ellos solo del área de Festejos. Según Donoso, en las facturas queda reflejado que la adjudicación y la firma de contratos son posteriores a la realización del servicio. Puso como ejemplo del "funcionamiento diario de este desgobierno" los contratos que se han realizado en el primer trimestre del área de Festejos así como los contratos realizado para la gestión de los menores en el Fuerte de Rostrogordo.

"Nada tienen que ver con lo que ellos tanto criticaban durante estos años atrás cuando ellos estaban en la oposición", dijo. Señaló que a las formaciones del Gobierno actual siempre han criticado al PP por todos los contratos menores "por hacer un uso abusivo, desmesurado y oscuro" de estos, mientras que desde a formación popular siempre han defendido realizar este tipo de contratos "porque administrativamente era una figura más regulada en la Ley de Contratos, siempre que se le diera un buen uso".

Sin embargo, la popular informó de que el actual Gobierno solo en el primer trimestre del año de 2020, de enero a marzo, ha realizado más de 500 contratos menores por un importe superior a 3.400.000 euros. En el caso del área de Festejos, de la consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, cuya representante es la socialista Elena Fernández Treviño, y una de las áreas más demonizadas por la antigua oposición según Donoso, se han realizado en esos tres meses 94 contratos menores por un importe de 747.193 euros.

De esos contratos, 47 son de la temporada de Navidad y suman 472.000 euros. Pero el problema que quiso señalar la diputada no es la cantidad de dinero que se sume, "sino que están hechos todos ellos de manera completamente irregular", ya que el servicio se realizó en diciembre o principios de enero, pero la adjudicación y el contrato no se han firmado hasta meses después en febrero o marzo.

"Un claro ejemplo de la llamada transparencia, regeneración, libertad y plural concurrencia de la que tanto alardeaban es que de esos 94 contratos del área de Festejos solo ocho se han hecho con publicidad, los 86 restantes sin publicidad, de esos 66 han sido contratos a dedo", aseveró. Además, dentro de esos 94 contratos menores 33 corresponden a Carnaval con un importe de 270.797 euros, de los cuales 17 son contratos que se han hecho de forma irregular porque el contrato se firmó meses después de realizar el servicio. Señaló que es un hecho que no dice ella, sino que "lo ha puesto de manifiesto el interventor cuando ha rechazado estas facturas".

Por ejemplo, según explicó Donoso, en el caso del contrato de Gigantes y Cabezudos de Carnaval, el interventor echó para atrás las facturas porque decía que el importe ni se correspondía con lo facturado; y en el contrato de marionetas, también de Carnaval, el servicio se hizo en febrero pero se adjudicó en marzo. "No sabemos ni siquiera cuándo se ha formado el contrato".

En el caso de la Feria de 2019, del 1 al 8 de septiembre, se hizo el contrato de tres grupos electrógenos para la caseta oficial, cuya firma de ese contrato tuvo lugar el 5 de febrero de 2020. También mencionó la grabación de un vídeo oficial para el certamen de Miss Melilla' que tuvo lugar en agosto de 2019, la forma del contrato fue el 20 de enero de 2020.

Dijo que estos son solo unos ejemplos y que en el segundo semestre del pasado año 2019 los contratos menores pasa también lo mismo: "contratos con un único licitador, contratos a dedo, sin ningún tipo de publicidad y firmándose la adjudicación siempre con posterioridad a la realización del servicio".

En cuanto contratos mayores, también hay irregularidades, el ejemplo que puso fue el de la gestión y traslado de los menores del centro de La Purísima a Rostrogordo. "Es exactamente igual o todavía muchísimo más sangrante", expresó. El 31 de marzo se hizo un informe de necesidad cuyo principal motivo es el hacinamiento, porque lo justifican los informes de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo desde junio de 2019, y donde queda reflejado que se llevará a cabo en lo que durase el estado de alarma y se adecúen las instalaciones del cuartel de Santiago. Sin embargo, no fue hasta el 15 de abril cuando se declara la emergencia para declarar el traslado de menores y posteriormente, el 22 de ese mes, la empresa Lisa Melilla presentó su oferta y el 23 de abril se firma el contrato.

Pero cuando llegan las primeras facturas de esa empresa es de un servicio de guarda de menores del centro de Rostrogordo desde el 8 de abril al 30 de abril, por un importe de 183.000 euros, comentó sorprendida la diputada popular, a quien no le cuadran las fechas. "¿Cómo es posible que se facture y se abone la factura desde el día 8 de abril cuando no había absolutamente nada?", cuestionó. Explicó que facturaron como si desde el primer día, el 8 de abril hubiese en Rostrogordo ya 200 niños y 56 trabajadores contratado, cuando además, también esos traslados se hicieron de forma paulatina a lo largo de los días.

"Desde nuestra labor de oposición y de fiscalización, seguiremos controlando todo esto y más muy de cerca y actuando en consonancia", aseveró la diputada.