De “demagogia pura” tachó ayer la secretaria de Comunicación del Partido Popular (PP) de Melilla, María Ángeles Gras, la crítica lanzada por Ciudadanos (C’s) a la valla anti-intromisión anunciada por la Autoridad Portuaria en el espigón del puerto comercial con el fin de evitar la entrada de polizones a los barcos. La ‘popular’ defendió esta medida que se va a colocar en una zona por la que aseguró que entran el 90% de las personas que acceden irregularmente a la ciudad.
En concreto, el portavoz de C’s, Eduardo de Castro, apostaba por el aumento de policías. Para Gras, con los 500.000 euros presupuestados para poner una valla el doble de alta en el Puerto, solo daría para contratar a 14 efectivos durante un año. “¿Y después qué?”, comentó la secretaria de Comunicación. No obstante, indicó que el PP apoya la valla más un incremento en la plantilla de efectivos.
De hecho, recordó que ya se ha aumentado el personal en seis policías, al tiempo que negó rotundamente que no haya control nocturno en el puerto, asegurando que, cuando la estación marítima cierra por la noche, el control se adelanta a la zona de la entrada, desmintiendo las críticas de C’s de que esa zona se ha convertido en un coladero por el que puede entrar “cualquiera”.
“La seguridad de los ciudadanos es lo primero para el Gobierno de la Ciudad Autónoma y no se van a escatimar gastos”, indicó María Ángeles Gras.
En relación con la inmigración irregular, la secretaria de Comunicación aseguró también que los gobiernos español y marroquí están manteniendo reuniones para solucionar el problema de los menores extranjeros no acompañados (menas).
Reiteró que el Ejecutivo de España está apoyando a Melilla en este problema y puso como prueba de ello la ayuda de dos millones de euros para atender a menas, que se suman a otros dos millones anuales que se destinan para esta complicada cuestión, a la que el gobierno local destina un montante total de 13 millones de euros al año.
Plan de clases de apoyo
En comparecencia en rueda de prensa, Gras también puso en valor el programa de clases de apoyo en once colegios públicos que va a llevar a cabo la Ciudad Autónoma para menores en riesgo de exclusión social. Con un presupuesto de 163.000 euros, las clases se llevarán a cabo de octubre al 31 de diciembre y de enero al 31 de mayo.
Por otro lado, destacó el aumento de personal en la residencia de mayores, que va a permitir abrir un ala para atender a una veintena de usuarios más. En concreto, se van a emplear a 22 auxiliares sanitarios, 8 enfermeros y 3 camareros. María Angeles Gras confió en que estas contrataciones puedan llevarse a cabo antes de que acabe este año.
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