El PP señala que las declaraciones del consejero de Distritos podrían tener responsabilidad penal

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Melilla, Isabel Moreno, ha vuelto a señalar las irregularidades del contrato que se ha realizado para atender a los menores que han sido trasladados al Fuerte de Rostrogordo. Moreno tachó de alarmantes las declaraciones del Consejero de Distritos cuando dice que se encargará de ver él mismo los expedientes de los empleados a contratar ya que podría tener responsabilidad penal, porque podrían ser constitutivas de delito. Por otro lado, también quiso señalar la partida de 239.000 euros que anunció este responsable del Gobierno local para el contrato del Fuerte, la cual se acercaría, con una diferencia de 11.000 euros, a la del centro de La Purísima donde hay trabajando 140 empleados.

Ante esta situación, donde se dan también las cifras más altas de menores extranjeros no acompañados en Melilla, la diputada local señala “una lucha a cara descubierta” entre Coalición por Melilla y el Partido Socialista, representada en las Consejerías de Distritos, con Mohamed Ahmed, de CpM, y el área de Bienestar Social y Salud Pública, cuyo responsable es el socialista Mohamed Mohand.

Moreno reiteró que desde el PP se ha advertido que la Consejería de Distrito que gestiona CPM “se ha convertido en un Gobierno paralelo o un microgobierno que está usurpando deliberada e irregularmente las competencias de Bienestar Social y Salud Pública con una intención de opaca las competencias del Partido Socialista y dejarlas vacías de contenido”. Todo, dijo Moreno, con la complicidad del presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro y sin que sea en pro de la ciudadanía melillense ni de los propios menores que son tutelados por la Ciudad.

Por tanto señala, que la Consejería de Distritos se ha convertido en un área propagandística de Coalición por Melilla, y con las declaraciones del consejero Ahmed, cuando dijo que revisaría el mismo los expedientes de los empleados que van a ser contratados en el Fuerte de Rostrogordo, los populares advierten de que además “tiene la finalidad de funcionar como una agencia de colocación de los perfiles que ellos consideren aptos para sus propios intereses”. Por ello dijo que CpM se está aprovechando de la crisis sanitaria “para llevar a cabo su campaña electoral particular y en consecuencia seguir ampliando su red clientelar”, eligiendo ellos mismos los perfiles, como dijo el consejero.

Dichas declaraciones son graves y podrían tener consecuencias penales, aseveró Isabel Moreno. “Señor Ahmed, ¿quién es usted para revisar los perfiles profesionales? ¿Quién es para decidir a quién se contrata y a quién no?”, cuestionó. Dicha contratación, según la diputada popular, tiene apariencia de ser oscura y hace que suenen todas las alertas, y que el estado de alarma no le exonera de cumplir con la legalidad vigente para hacer y deshacer a su antojo. Por lo que dijo que se trata de una actuación irregular y que serán los tribunales quienes tengan que determinar si es algo legal o no.

Moreno se dirigió entonces a Gloria Rojas y le preguntó qué es lo que opina respecto a la actuación de sus socios y compañeros de Gobierno como vicepresidenta y portavoz de la Ciudad Autónoma, así como secretaria regional del PSOE. “La responsabilidad es total y absolutamente compartida, y usted, le guste o no le guste lo que se hace, no se puede desligar de la gestión de sus socios de gobierno”, dijo Moreno.

Asimismo, la diputada local también quiso incidir en las declaraciones de Ahmed acerca del contrato de mantenimiento de los menores del Fuerte de Rostrogordo el cual iba a tener un coste de 239.000 euros y preguntó si se trataba de un canon mensual. De ser así, Isabel Moreno tachó la cantidad de “soberana barbaridad”, ya que sería para 55 trabajadores, y tan solo habría 11.000 euros de diferencia con el contrato que hay para La Purísima donde trabajan 140 trabajadores y el canon mensual es de 250.000 euros.

Preguntó si en esos 239.000 euros se incluyen las dietas de los menores y el coste del acondicionamiento de las instalaciones. Si es así, según la diputada, también se está omitiendo información. “Usted, señor Ahmed, no ha informado absolutamente de nada, y también ha hecho referencia a que el contrato va a durar hasta el final del estado de alarma, pero eso es una fecha desconocida, ¿qué plazo ha establecido en el contrato? Porque no puede poner ene un contrato que va a durar hasta que termine el estado de alarme, tiene que establecer un plazo determinado”, remarcó.

Por otro lado, también comentó que el anuncio de que Distritos iba a comprar 200 tests para esos menores era una decisión que había tomado Coalición por Melilla “sin contar con el PSOE”, ya que si hubiera sido así no se habría anunciado de esa manera y habría sido Mohand el encargado, ya que ese asunto es competencia del área de Salud Pública. “Desde el PP venimos reclamando desde el principio la necesidad de hacer tests masivos pero hemos reclamado que había que establecer un orden y dando preferencia al personal que se encuentra en primera línea, el personal que expone su salud, que pone en riesgo su vida y a sus propios familiares”, explicó.