El PP sobre Almansouri y Rojas: “Si esto no es una conducta delictiva, que venga Dios y lo vea”

La diputada del PP de Melilla en la Asamblea, Esther Donoso, ha criticado este jueves la declaración en los juzgados de Dunia Almansouri, consejera de Hacienda, y de Gloria Rojas, vicepresidenta primera del Gobierno local y consejera de Presidencia y Administración Pública. “Si esto no es una conducta delictiva, que venga Dios y lo vea”.

Afirma la dirigente popular que Almansouri ha dicho que solo se dedicó a firmar los documentos y que Rojas ha asegurado que desconoce la Ley de Contratación del Sector Público.

Pero la diputada del PP ha aseverado que el contrato denunciado supone 60.000 euros más de coste al mes y ahora ese total de gasto asciende a casi 900.000 euros cuando había otro contrato en vigor y no era necesario uno nuevo.

“Si esto no es una conducta delictiva, que venga Dios y lo vea”, dijo al respecto.

Donoso explicó que la consejera de Hacienda se limitó a contar en el juzgado número 2 que su área es la contratante y que se limitaba a firmar.

“Que ella no tramitaba nada y solamente firmaba, por lo tanto ha venido a decirnos que ella es como un alma cándida, que nada tiene que ver y que no sabe nada. Solamente firma”, recalcó Donoso.

La diputada del PP también comentó que la declaración de Rojas fue similar. Según Donoso, comentó que ella es profesora de universidad y que no entiende de la Ley de Contratos.

“Es un muy mal argumento porque el desconocimiento de la ley no le exime de ello. Es más, como se suele decir, esta señora, como dice el refrán, sería muy tonta para algunas cosas y muy lista para otras”, añadió.

La dirigente del PP explicó que si la consejera de Presidencia es “muy tonta” para conocer la Ley de Contratos, sí que “ha sido muy lista, para que teniendo un contrato que estaba en vigor con la empresa Sureste para realizar la vigilancia de las dependencias de la CAM, ella de motu proprio realiza un procedimiento de negociado sin publicidad invitando solo y exclusivamente a esta empresa, Sureste, que llevaba el servicio, con el mismo objeto y por 60.000 euros más al mes de lo que estaba facturando hasta ese momento”.

Donoso matizó que esta empresa cobraba en mayo 311.000 euros y en junio, después de la firma del contrato nuevo, con el procedimiento de Rojas y con la firma de Almansouri, la misma empresa está recibiendo 370.000 euros al mes.

“¿Por qué hizo un contrato nuevo por más cuantía cuando tenía en vigor un contrato?”, se preguntó la popular.

De hecho, argumentó que no le sirve que las consejeras dijeran que la empresa no quería prestar el servicio a los precios que estaban adjudicados.

“No me sirve para nada que confundan un procedimiento de negociado sin publicidad con un procedimiento de urgencia porque esto no es así”, remarcó.

Donoso explicó que Rojas debe velar por los intereses y el dinero público y no por los de una empresa, “como así ha hecho”.

Además, subrayó que “debe cumplir y hacer cumplir la Ley de Contratación aunque no tenga conocimiento de esta ley, como dice ella”.

La popular hizo hincapié en que este contrato que ha realizado la Ciudad está hecho en “fraude de ley” porque existe otro en vigor.

Añadió asimismo que esto ha supuesto que el Gobierno local pague casi 900.000 euros más por este servicio.

“Es un auténtico despropósito. Si esto no es una conducta delictiva, que venga Dios y lo vea”

Otros datos de los juzgados

Por otro lado, esta declaración realizada este jueves se había previsto la semana pasada, pero se aplazó. Estaba previsto por el juzgado que el pasado jueves 30 de septiembre tanto la consejera de Presidencia, Gloria Rojas, como la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, acudieran al juzgado a declarar tras una denuncia presentada por el PP por el contrato de vigilancia de seguridad de la Ciudad. Pero se canceló.

Fuentes consultadas por El Faro aseguraron que el tribunal decidió retrasar estas declaraciones por no contar con toda la documentación.

Pero estas fuentes indicaron que los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma sí que habrían enviado todo el expediente a finales de agosto.

Para el presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, se trataba de una “artimaña” para retrasar este asunto.