Portillo Rodrigo: “Es en la instrucción de los casos donde nos haría falta un refuerzo”

La justicia se ha puesto al día y ya no registra ese retraso en la resolución de casos provocado por la pandemia. Así lo destacó a El Faro el juez decano de Melilla, Fernando Portillo Rodrigo. No obstante, y aunque hayan bajado los delitos y, por lo tanto, los asuntos en determinados juzgados, sigue habiendo una sobrecarga en los juzgados mixtos, sobre todo, en la fase de instrucción. Es ahí donde se demanda el refuerzo.

–¿Qué balance hace de este año?

–Este año, desde el punto de vista de la justicia, se resume en que ha sido en este 2021 cuando hemos recuperado el retraso que teníamos por la pandemia. Y es que en el 2020 hubo un gran retraso por la paralización casi absoluta de la justicia en el segundo trimestre. Y no ha sido hasta el 2021 cuando se puede decir que se ha superado y que estamos a los niveles pre pandémicos. Gracias al esfuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, forenses, pero también abogados y procuradores se ha podido superar este retraso a través de una mutua comprensión y se ha podido recuperar ese tiempo que se perdió en su día.

–Con la pandemia llegó también la necesidad de digitalizar muchas cuestiones. No sé si en el ámbito de la justicia permanecerán algunas de las herramientas ya implementadas.

–Una de las cosas que creo que ha venido para quedarse es precisamente la digitalización. Durante estos meses pasados, tanto en el 2020 como en el 2021 se han hecho avance para mejorar el expediente digital en Melilla y para mejorar también las herramientas de conexión telemáticas o videoconferencias que permitan celebrar a los profesionales comparecencias, vistas e juicios incluso sin necesidad de estar físicamente en la sede, es decir, a distancia.

El teletrabajo ya no es solo una realidad para jueces y fiscales, que venía ya siendo algo que se podía hacer con carácter anterior, se ha ampliado a algunas plazas de funcionarios que pueden teletrabajar.

En el caso de las actuaciones en los juzgados, las intervenciones no presenciales eran superiores en los momentos más duros de la pandemia y a finales de este 2021, se había recuperado cierta normalidad y se siguen celebrando este tipo de actuaciones, pero más de forma excepcional.

En todo caso, sigue siendo un instrumento válido del que nos valdremos cuando sea necesario, por ejemplo, si algún letrado por cuestión de covid o de otra no puede acudir al juzgado o cuando la actuación permita celebrarse de esta forma sin perder derechos.

Y es que hay que tener en cuenta que hay una posibilidad real de tener un juicio telemático que se ha desarrollado en el 2021 pero que debe también quedar en casos circunscritos en los que no haya un pérdida de garantías. Y si no es así, deberá hacerse de forma presencial.

Pero al menos los avances técnicos que se han dado en digitalización y telecomunicación se va a quedar como una herramienta más para seguir utilizando en el futuro.

–¿Ha cambiado la covid-19 el tipo de juicios que son más comunes? ¿Han llegado esas demandas que se esperaban a los juzgados de la ciudad?

–De momento no. No ha habido en Melilla un incremento de los asuntos de lo Social, de lo Mercantil o de lo Contencioso-Administrativo que se esperaba con motivo de la pandemia.

Desde el punto de vista social, el hecho de que haya habido prórrogas sucesivas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), por ejemplo, está haciendo que la situación económica no esté colapsando el juzgado de lo Social.

En el tema Mercantil, la realidad es que Melilla no ha tenido nunca una carga en esta materia porque el tejido industrial y productivo en la ciudad no es muy grande. Y en cuanto al Contencioso-Administrativo, que era el área donde más esperábamos una avalancha de recursos y de multas ésta no se ha materializado por parte de la Administración y no ha habido particulares que hayan recurrido esas sanciones y que finalizaran en este juzgado.

Así que ese incremento de asuntos que todos vaticinábamos que se iba a producir, de momento no se ha dado en Melilla.

Lo que sí se ha producido es la modificación de la clase de asuntos que se ven en los juzgados. En temas relacionados con la pandemia hemos tenido muchos asuntos en lo Contencioso-Administrativo, por ejemplo, a autorizaciones que afectan a personas respecto a su salud.

Y también es cierto que en temas relacionados con delitos, con la frontera cerrada, se ha visto una disminución de los asuntos. Por ejemplo, ha habido menos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros de lo que es habitual.

–Hay que sumar el cierre de la frontera a los factores que han modificado los asuntos que llegan a los juzgados.

–A nivel nacional ha bajado el número de procedimientos penales y eso se debe a las restricciones de movilidad y los horarios. Eso ha hecho que haya disminuido la presencia criminatoria también en Melilla. Ese descenso ha sido importante, aunque habrá que ver los datos de 2021 cuando se cierre todo el año, pero a mitad de ese año y con respecto a 2020 era más acuciante dicha disminución que en el resto de autonomías. Y eso se puede achacar a una particularidad de Melilla como es el cierre de la frontera.

Y es que con el cierre de las fronteras hay entre 20.000 y 30.000 personas que no entran a diario en la ciudad y que entre ellas un porcentaje de delincuencia.

–¿Se precisa de algún refuerzo en los juzgados teniendo en cuenta la situación actual?

–Cuando en justicia hablamos de volver a la normalidad previa a la pandemia, hay que tener en cuenta que la normalidad en justicia siempre ha sido la ‘anormalidad’, puesto que siempre ha habido problemas de retrasos y sobrecarga de trabajo en los juzgados.

En Melilla, sin necesidad de tener en cuenta la pandemia, hemos echado de menos un juez que, sobre todo, auxilie las labores de instrucción de los juzgados de Melilla. En la ciudad, la sobrecarga la tienen en mayor medida los juzgados mixtos, es decir, los que llevan asuntos civiles, incluidos los de familia, y también llevan los penales en su primera fase de instrucción o investigación.

De forma que es ahí en esa primera fase de instrucción donde se nota una sobrecarga importante en comparación con los juzgados mixtos de Andalucía. Y ahí en esa instrucción donde nos haría falta ese refuerzo y siempre ha hecho falta.

Si un día se abre la frontera, se recuperará la situación que había con anterioridad a la pandemia. Y entiendo que seguiría siendo necesario ese refuerzo que ya pedíamos antes.

Externalizar el Registro Civil para dar al juzgado de guardia más espacio, una meta

–¿Sigue siendo un objetivo lograr un juzgado de vigilancia penitenciaria?

–Sí. Sigue siendo un objetivo en cuanto a que llevamos dos años seguidos solicitando a las autoridades competentes que se cree este juzgado de vigilancia penitenciaria.

Pero tengo que decir que la función ya la tenemos. Es decir, la materia de vigilancia penitenciaria está siendo tratada ya por un magistrado en Melilla, que es el juez de menores.

Pero creemos que no es acorde ni a la importancia de la funciones ni a la dignidad del trabajo que desarrolla el compañero que no exista el juzgado con tal nombre. Entendemos que quizás el volumen de asuntos que pudiera haber en Melilla no justificase la creación, pero que haya poco o muchos asuntos no ha impedido nunca que exista un juzgado.

Y desde luego habría que ver si ese compañero hace funciones de refuerzo o apoyo. Pero en otros sitios con igual número de asuntos que Melilla, tienen su juzgado. Por agravio comparativo Melilla debería tener este juzgado.

Aunque, sobre todo, lo creemos necesario para que se dé la importancia a las funciones y para el compañero la dignidad que le corresponde.

–¿Hay más áreas donde se precisaría ese aumento de personal?

–Es en los juzgados mixtos donde realmente sería necesario. También reforzar la plantilla de funcionarios sería interesante, sobre todo, para acabar con la interinidad que hay en Melilla.

Aunque la ciudad no sale mal parada si se compara con otras zonas de Andalucía. El funcionamiento es “óptimo” si se compara con ellas.

–¿Se ha solicitado alguna reforma en las Torres?

–El edifico no fue diseñado para tener unos juzgados. De hecho, hace años que se quedó pequeño y llevamos pidiendo desde hace tiempo la posibilidad de externalizar fuera del edificio algún servicio, como por ejemplo, el Registro Civil. El objetivo es permitir mayor amplitud, por ejemplo, al juzgado de guardia. No se trata tanto de una demanda de los trabajadores de los juzgados, aunque tendrían más espacio, que fuera acorde y digno para trabajar, sino también de los ciudadanos. Y es que se prestaría una mejor atención.

El hecho, por ejemplo, de que las instalaciones de los juzgados de guardia sean tan pequeñas lleva al inconveniente de que los funcionarios, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado, deban estar haciendo malabarismos para evitar que un asunto de violencia de género coincidan la denunciante y el denunciado. Y es que no hay sedes separadas.

Y es que las familias de unos y otros que esperan también no tienen sitio para sentarse ni mucho menos para estar separados. Al final muchas veces coinciden en la entrada de los juzgados.

Hay muchas deficiencias, pero para resolverlas requieren de una importante inversión del Ministerio de Justicia que es el que tiene la competencia en Melilla en esta materia.

De momento, en Madrid, por muchos informes, peticiones y reclamaciones que se hacen desde el decanato no se atienden a las mismas. Entre otras cosas, porque siempre recibimos buenas palabras, pero desde hace bastante años es continua la renovación de los altos cargos ministeriales. Y al final es muy difícil de esta manera acometer proyectos a medio y largo plazo, puesto que cuando se empieza a conocer la situación de Melilla, hay un cambio y hay que volver a empezar.

Eso hace muy difícil que cuestiones de gran calado, porque no se necesita un parche, sino inversiones importantes desde el Gobierno central, no se acometan. No porque no se pida. Es que ellos tampoco las ven relevantes y es que Melilla no siempre está en la agenda del Gobierno central.