Desde Podemos Melilla exigen a la Dirección Provincial de Educación que cumpla con las resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación en materia de admisión escolar. Desde la formación sostienen que no se puede seguir negando el derecho a la educación a centenares de menores en nuestra ciudad.
En un vídeo comunicado la secretaria general de Podemos Melilla, Gema Aguilar, explica que con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Educación de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como Ley Celáa, "se consigue derogar los aspectos retrógrados y segregacionistas de la anterior Ley Wert". Además, indica que la nueva ley de educación incluye cambios en la admisión de alumnos, "así como la explicitación de uno los derechos fundamentales, el derecho a la educación. Este es un derecho humano fundamental y garantizado por la Constitución Española que desafortunadamente está siendo negado cada año a cientos de niñas y niños en nuestra ciudad".
En los últimos tres años, cada inicio de curso escolar en Melilla viene acompañado de varios listados de las Comisiones de Garantías de Admisión que, alegando falta de documentación, contiene alrededor de un centenar de nombres de niños y niñas que se han quedado sin escolarizar. Aguilar explica que son menores que han nacido o residen en nuestra ciudad, "en su mayoría hijos de personas migrantes que no pudieron regularizar su situación y se ven perjudicados por unas trabas burocráticas que destilan cierto racismo institucional". Los motivos que cada año alega la Dirección Provincial de Educación es la falta de documentación que pueda probar la residencia en la ciudad, en este caso un certificado de empadronamiento, algo con lo que estos padres no cuentan por diversos motivos relacionados con una precariedad laboral y una desigualdad social heredada. Esta situación excepcional solo se da en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, evidentemente por su condición de ciudades fronterizas con Marruecos.
En Podemos Melilla entienden que esa negación del derecho a la educación no debería volver a producirse después de la aprobación de la LOMLOE, la cual en su artículo 1. Principios, apartados a) y b) explicita este derecho reconociendo “… el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos […] sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico”, algo que debería tener en cuenta una Dirección Provincial que ha sido reprendida por el Comité de Derechos del Niño de la ONU –recibiendo hasta siete resoluciones que exigen la inmediata escolarización de menores–, así como por el Defensor del Pueblo.
Sostienen que la Dirección Provincial de Melilla ha estado incumpliendo sistemáticamente las resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación sobre admisión de alumnos, en las que se estipula que dada la singularidad de Melilla como ciudad fronteriza, si los solicitantes no pudieran acreditar la residencia mediante certificado de empadronamiento, en su defecto se podrá acreditar “a través de certificado expedido por servicios sociales o aquel otro documento acordado por los órganos competentes en admisión de alumnos”. Consideran que esta posibilidad ha sido totalmente ignorada por la Dirección Provincial de Educación, cuyo director Juan Ángel Berbel y funcionarios responsables de la escolarización, "han estado haciendo una interpretación errónea", según la formación." Sin base sostenible y con tintes discriminatorios, en medios de comunicación el máximo responsable de la educación de la ciudad, argumentaba el año pasado, que el certificado de asuntos sociales solo es aplicable a los menores tutelados por la Ciudad Autónoma", expresa Aguilar.
Ante esta injusticia, desde Podemos Melilla quiere señalar que la nueva resolución de la Secretaría de Estado de Educación para el curso 2021-2022 trae consigo cambios en la admisión del alumnado en los centros educativos que la Dirección Provincial de Educación no puede ignorar, ni debe hacer interpretaciones erróneas que perjudiquen a los de siempre. Ahora, con las nuevas competencias del Consejo Escolar de cada centro en el proceso ordinario de admisión, se debería garantizar una mayor participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones de los procesos de admisión de alumnos que antes estaban reservadas exclusivamente a la figura del director, democratizando así este procedimiento.
En cuanto a las listas de alumnos solicitantes, hasta ahora, se venía haciendo un listado provisional de alumnos y posteriormente uno definitivo, pero a esto se le añadía, y contraviniendo a la norma, una lista extraordinaria de niños excluidos por falta de documentación, siendo en la práctica una lista con nombres de niños en el limbo educativo. Por tanto, Podemos exige que se sigan las directrices de la nueva resolución de la Secretaría de Estado de Educación sobre admisión de alumnos, en la que se especifica que solo deben realizarse dos listados: uno provisional y otro definitivo.
"Creemos que aplicando la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se debería permitir a los solicitantes con falta de padrón presentar documentación complementaria para entrar en las listas provisionales; en su caso certificado de asuntos sociales, o cualquier documento que acredite la residencia en Melilla que los Consejos Escolares de los centros en primera instancia y la Comisión de Admisión en segunda, determinen –tal como se indica en la resolución sobre admisión de la Secretaría de Estado de Educación- eliminando así esa lista estigmatizadora de niños y niñas", dicen desde la formación.
Por todo ello, desde Podemos Melilla exigen a la Dirección Provincial de Educación que abandone su empeño en negar el derecho a la educación de estos menores. "Son varios años consecutivos haciendo una interpretación torticera de las resoluciones sobre admisión de la Secretaría de Estado de Educación", expresa la líder de Podemos, que reitera que "el derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido universalmente que se ha privado sistemáticamente a cientos de niñas y niños residentes y nacidos en nuestra ciudad". Asegura que la formación estará atenta para fiscalizar estos procedimientos y en caso de que se produzcan nuevas vulneraciones de los derechos de los menores, no dudaremos en recurrir a las instancias competentes para denunciar estas irregularidades. "Después de haber recibido numerosas resoluciones de la ONU, esta Dirección Provincial nos ha convertido en la vergüenza de Europa", concluye.
