La historia se repite. Paciente agrede a personal sanitario, el agresor es detenido y, al día siguiente, juzgado y condenado. El problema llega cuando la sentencia condenatoria no es todo lo contundente que debería para conseguir su fin: conseguir que, de una vez por todas, quienes atacan física o verbalmente a los trabajadores de los hospitales y centros de salud no van a irse de rositas, hablando en castizo.
El pasado miércoles, un individuo que estaba siendo atendido en el Comarcal zarandeó a una auxiliar de enfermería y, según se refleja en la sentencia, “le pilló los dedos de su mano izquierda al cerrar la puerta de una patada”. Esa conducta le ha merecido una condena a cuatro meses de prisión y al pago de una irrisoria multa de 120 euros, aparte de una indemnización a la víctima de su ira.
El encausado reconoció los hechos que se le imputaban, lo que tuvo como consecuencia que el Ministerio Fiscal accediera a rebajar su petición inicial de pena, que era de seis meses de prisión. Finalmente, el hecho de que el individuo careciera de antecedentes penales, permitirá que este agresor se libre de ingresar en prisión. No obstante, si en un plazo de dos años volviera a cometer un delito, sí pasaría una temporada a la sombra, pues en ese caso debería cumplir íntegramente los cuatro meses impuestos ayer más la hipotética condena por su nueva conducta delictiva.
Vamos a hacer una comparación con otros actos delictivos y los castigos que la acusación solicita par ellos. El Faro asistió ayer a un juicio en el que Fiscalía reclamó año y medio de prisión para un hombre por amenazar a un guardia civil en la frontera con “quemar” su coche y su casa. No llegó a haber agresión física en este caso, pero sí en el de la auxiliar del hospital.
Es necesario que el personal médico tenga una consideración real de autoridad pública para disuadir a los agresores. Y eso se consigue con penas ejemplares.
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