El presidente Pedro Sánchez nos sorprendió a todos este miércoles diciendo en Nueva York que su Gobierno había hecho con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, lo que debía y como debía.
Sánchez respondió así al reto lanzado desde el Partido Popular, que tras la imputación de la ex ministra Arancha González Laya, la animó a que señalara al “señor X”, que dio la orden de permitir la entrada en nuestro país del enemigo público número uno de Marruecos, desatando una crisis bilateral sin precedentes desde Perejil entre Madrid y Rabat. El presidente poco menos que vino a decir que fue él ¿y qué?
Su explicación tiene una parte coherente. Sánchez ha dicho a la prensa que España sólo respondió a la solicitud de ayuda humanitaria de un político cuya vida corría peligro. Y no miente. Sin embargo, mucho me temo que tendrá que buscar argumentos más convincentes para explicar por qué Ghali entró en nuestro país de extranjis y, al parecer, al margen del protocolo establecido en estos casos.
Pero lo que tenga o no que explicar el presidente ante la justicia ya lo hará en su momento, si toca. Lo que es obvio es que a Marruecos no le puede haber sentado bien que Sánchez le pasara la mano por la cara de esta manera: con luces y taquígrafos.
La respuesta del presidente podría interpretarse como una reacción airada a la llegada de 125 migrantes subsaharianos al peñón militar español de Vélez de la Gomera sin que ni un solo gendarme marroquí se interpusiera en el camino del grupo de subsaharianos entre los que había mujeres, niños y al menos 90 solicitantes de asilo.
Los migrantes fueron devueltos en caliente y el presidente está metido ahora en un marrón porque no hay ninguna ley que respalde la expulsión automática de solicitantes de protección internacional.
Apelar a la Disposición Adicional Décima introducida en la Ley de Extranjería a través de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana no justifica nada porque la creación de la figura jurídica del rechazo en frontera sólo está pensada como excepción para los territorios de Melilla y Ceuta. Hasta donde sabemos, las islas y peñones del norte de África no son barrios de las ciudades autónomas.
Suponemos que esta devolución en caliente no ha gustado a los socios de Gobierno y Sánchez se ha visto acorralado entre la Ley y el efecto llamada que podría arrastrar el cumplimiento de la legislación vigente y la Convención de Ginebra.
Las devoluciones en caliente se hicieron con Rajoy y se siguen haciendo con Pedro Sánchez, ante la permisividad de la Unión Europea, que sabe perfectamente que ahora mismo, en la frontera Sur tenemos un problema.
Sánchez, con la astucia que le caracteriza, ha querido desviar el debate hacia el conflicto con Marruecos para entretener a la opinión pública y que no se hable de la barbaridad cometida el lunes en Vélez de la Gomera y que tiene a las ONG, al Defensor del Pueblo y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) dispuestos a llegar hasta donde se tenga que llegar para denunciar que no se está respetando el procedimiento de asilo en las islas y peñones de titularidad española en el Mar de Alborán.
Sea por el motivo que sea, el caso es que Sánchez ha puesto a Marruecos en su sitio y eso, aunque nos puede dar gustico, no es lo mejor para Melilla, especialmente ahora que teníamos la esperanza de que los ministros de Exteriores José Manuel Albares y Nasser Bourita se sentaran a conversar en persona y no por videoconferencia como si las distancias que nos separan fueran insalvables.
Después del bombazo que soltó este miércoles Sánchez en Nueva York, Marruecos tiene que estar que trina. No sólo por tener que desalojar el peñón de Vélez de la Gomera sino además por quedar como sospechoso de haber forzado la situación.
El presidente ya ha adelantado por dónde irá su defensa en el caso Ghali, pero no sabemos cómo piensa explicarle a Podemos que a día de hoy es cómplice de las devoluciones en caliente, templadas y en frío que está llevando a cabo el Gobierno de España, apelando al Tratado de Readmisión firmado con Marruecos en 1992 y vigente desde finales de 2012.
No cuela, entre otras cosas porque ese Tratado obliga a identificar a los migrantes y eso no ocurrió tras el desalojo del Peñón de los Vélez, pese a que los solicitantes de asilo entregaron una lista con sus nombres a los militares destacados en la zona.
En Melilla asistimos a este conflicto con los ojos abiertos como platos. La política va por una parte y nuestros deseos de volver a la normalidad van por otra. Cuando parece que nos acercamos, se produce un nuevo distanciamiento.
Es un tema complejo porque por una parte, el presidente está haciendo lo que llevábamos tiempo pidiéndole, que plantara cara a Marruecos y exigiera respeto a las decisiones soberanas de nuestro país, como por ejemplo, no reconocer la marroquinidad del Sáhara y seguir del lado de la ONU.
Pero por otra parte, si no hay Plan Estratégico urgente para Melilla, corremos el riesgo de morir asfixiados por Marruecos. A modo de conclusión, digamos que sí queremos que Sánchez plante cara a Rabat, pero no ahora, porque como aconsejaba hace poco el senador popular Javier Maroto, con el vecino hay que cuidar mucho las formas.
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