Es la una de la tarde y la patrulla covid de la Policía Local de refuerzo en el sur de la ciudad durante el fin de semana comienza tu trabajo. Hay dos patrullas covid que se dividen las zonas por las que van a pasar. Formadas por dos agentes cada una, lo primero que hacen es entrar a un local de hostelería y pedirle al dueño la documentación.
El Faro TV acompaña a Carlos y Marcos, dos agentes de la patrulla encargada de la zona sur, empiezan por comprobar que se cumplen las normas en uno de los bares del barrio El Real.
A falta de actualizar con los últimos datos, los agentes de la Policía Local han registrado ya alrededor de 2.700 denuncias por no usar la mascarilla, unas 1.900 por confinamiento nocturno o por superar el aforo permitido y unas 80 denuncias en locales de hostelería por diversos motivos.
Nada más entrar al local, después de presentarse, los agentes solicitan al dueño del bar la documentación.
Marcos explicó que suelen venir al local y han visto que el dueño cumple las normas “a raja tabla”. Dijo que han contado las mesas y que no hay más de cuatro personas en cada una de ellas.
Mientras que los agentes cumplen con su labor, los clientes siguen disfrutando de la comida. Mohamed, uno de ellos, contó que venía de hacer senderismo con sus compañeros y aprovecharon el buen tiempo para tomarse una tapa con una cerveza cuando terminaron. Aseguró que cumplen con las normas para evitar contagios de coronavirus, como mantener la distancia de seguridad.
Toca ir al siguiente local. Este tiene una terraza más amplia y los agentes entran para presentarse al dueño. Carlos, uno de los agentes, señaló que lo primero es pedir la documentación personal para comprobar que está en regla. Uno de los puntos a los que le prestan más atención es al número de mesas que tienen permitidas cada bar o restaurante. “A priori está todo en regla”, dijo Carlos, aunque tendrán que volver para comprobar que el permiso de apertura coincide con los datos que apuntaron. “En definitiva, los pobres hacen lo que pueden”, dijo Carlos después de que los dos agentes escucharan durante un momento las quejas del dueño del local.
Se trata de Pedro, quien explicó a los agentes que necesitan un permiso de más de 10 mesas, porque se les concentran los clientes sobre la misma hora y hay algunos que no entienden que tengan que esperar a que se libere una mesa. Aseguró que la situación de los hosteleros “es muy mala, fatal” y contó que le dijo a los agentes que “así no se puede trabajar”. “La gente está esperando, se enfada, se creen que no queremos despacharlos, pero es que es la realidad, si tenemos más de 10 meses, nos multan”, señaló. Calificó la situación de “insoportable” y solicitó a las autoridades que permitan que se coloquen 15 mesas como antes, ya que, según afirmó, de esta manera pueden sacar adelante las cuentas del negocio. “Yo aún tengo todavía cuatro trabajadores en ERTE que no los puedo sacar”, recalcó. A los clientes les pide paciencia, “vienen y ya quieren coger la mesa y es un follón, no puedes estar así, muchos se enfadan y creen que somos nosotros los que no queremos servirles” y apuntó a que los comensales de concentran a la misma hora, sin que sea una llegada gradual de clientes.
Ilham es una de las clientes que estaba comiendo en dicho local con su familia y dijo que conocía al dueño, por lo que le tiene confianza si este le dice que no hay espacio, es que no hay. Contó que suele salir los fines de semanas y aseguró que se siente segura en los locales de hostelería, “queremos darles vida” dijo sobre la restauración.
Carlos apuntó a que ellos están en medio entre los hosteleros y la gente que quiere disfrutar. Aseguró que no es agradable “utilizar el boli en denuncias”. Los agentes deben continuar con su control y acuden a un tercer restaurante. Marcos expuso que al igual que en los otros dos lugares que visitaron en la misma zona, todo estaba correcto excepto que supera el aforo de mesas. “No obstante, el dueño dijo que tiene nueve mesas fuera y cinco dentro”, además de que no hay ninguna mesa que supere los cuatro comensales y la barra del local está despejada, siendo este otro de los puntos en los que hacen hincapié los agentes. Añadió que les toca a los hosteleros asegurarse de que los clientes de sus locales cumplan con la normativa, por ejemplo, que no haya más de cuatro personas en las mesas o que lleven la mascarilla. “Al final, él es el perjudicado” si no se cumplen, dijo. Existen ocasiones, continuó, en las que ciertos clientes se pueden sentir “amenazados o violentados por la solicitud del propietario”.
El turno de la patrulla está dividido en diferentes actuaciones. Si comienzan con los locales de hostelería, después vigilarán que los ciudadanos usen la mascarilla y después montarán un control de vehículos en un punto de la ciudad para comprobar que las personas que circulan en el interior de un mismo coche estén respetando la normativa. De todas formas, Marcos matizó que si durante la jornada ven a una persona sin mascarilla, perfectamente puede pararla, informarle sobre la obligatoriedad de su uso y en el caso de que no obedeciese, proponerla para sanción.
Por último , a las 19:00 horas observarán si toda actividad comercial baja la persiana, como gimnasios, tiendas o bares. Carlos explicó que al principio sí que costó más que se cumpliese la medida, pues algunos comerciantes argumentaban que les había venido un cliente a última hora y no querían dejarlo sin atender. Aún así, resaltó que con un poco de flexibilidad por las dos partes, se llega a un entendimiento. De todas formas, sí que hay propuestas de sanción por incumplir el Real Decreto, “pero nada fuera de lo normal”, dijo.
La ciudad ya supera los 60 fallecidos por coronavirus desde abril, nueve de ellos han perdido la vida en tan solo diez días este mes de febrero. “Los números son preocupantes”, dijo Marcos. Incidió en que desde el principio han estado reiterando el mismo mensaje a la ciudadanía de que el uso de la mascarilla “se está haciendo por algo” y que no es por gusto de ellos que deban ir por las calles de la ciudad advirtiendo de la obligación de su uso a quien no la lleva puesta hasta llegar al punto de tener que sacar la libreta para una propuesta de sanción. “Esto es para todos” y subrayó que no se debe de pensar de forma individual o solo en los familiares, sino que son medidas para proteger la salud de toda la población. “Hay que tener un poquito de concienciación para que no llegue a más”, dijo.
Por su lado, Carlos reiteró que hay que intentar seguir luchando y erradicar la pandemia “por el bien de todos”. También pidió comprensión por parte de la población para los agentes de la Policía Local. En la Jefatura, Salvador Díaz, inspector de la Policía Local, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para que se cumplan las normas establecidas con el fin de evitar los contagios por coronavirus, Relató que desde la Policía Local han reforzado los fines de semana con una patrulla más formada por dos agentes, pues por costumbre social, es cuando más personas salen a la calle aprovechando los días que tienen libres.
Las dos patrullas, utilizando la división de la ciudad que hace el río de Oro, se reparten las zonas entre norte y sur. “Viernes, sábado y domingo son los días de ocio”, dijo. Así pues, asignan una patrulla en cada una de las zonas, más el resto de indicativos de la Policía Local que trabajan como lo hacen habitualmente. Díaz apuntó a que hay personas que no llegan a asimilar del todo las normas debido a las reestructuraciones que ha habido, como el número de comensales que puede haber en una mesa o con quién se puede ir en el interior de un vehículo. Sin embargo, cree que tras la evolución de la pandemia en la ciudad y ya en la tercera ola, las medidas deberían estar “bastante claras” y por ello enfatizó la colaboración ciudadana. Díaz recalcó que más allá de los dispositivos de la Policía Local, los controles y las sanciones, “si el ciudadano en general no colabora, sería imposible”.
Recientemente, se establecieron los plazos para que se ejecuten las propuestas de sanción. Díaz dijo que desde la Policía Local dan el primer paso y de la instrucción se encarga la Consejería de Economía y Políticas Sociales, la responsable de Salud Pública. Estima que la sanción puede tardar en llegar de unos 20 días en adelante, pero no hay un plazo fijo ya que los ciudadanos tienen el derecho a presentar sus alegaciones.
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