El representante legal de la familia de una menor discapacitada de primero de la ESO formalizó ayer una petición, a través de la Dirección Provincial de Educación, dirigida al Ministerio de Educación (MEFP) para que se atiendan sus necesidades educativas especiales en un instituto ordinario sin la necesidad de derivarla al Centro de Educación Especial Reina Sofía.
La solicitud de escolarización de la niña (identificada bajo las siglas I.M.M) en el IES Virgen de la Victoria fue denegada tras la afirmación del centro de que no estaba capacitada para realizar los estudios en dicho instituto. Centro que fue escogido al contar, según los padres de la menor, con unas características que le permitirían una mejor integración de la menor, compartiendo actividades y una rutina con niños de la misma edad que la suya.
Gustavo Socorro, del grupo Dougan Abogados y representante legal de la familia, aseguró que derivar a I.M.M. al Centro Reina Sofía a sería “una involución a todos los avances educativos, académicos y emocionales que ha experimentado”. Además, presentó en rueda de prensa una copia de las notas de la menor, incidiendo en que su avance durante la etapa de Primaria ha sido “evidente”. “De ahí podremos deducir que, bajo ningún concepto, I.M.M. es merecedora de ser alumna de un centro de educación especial”, comentó.
“No solamente estamos hablando del aspecto académico, sino de que existen otros aspectos sociales, psicológicos y emocionales que afectan a mi hija”, aseguró en la comparecencia el padre de la menor. “En la península existen aulas destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales, pero no en Melilla”, añadió.
En este sentido, el letrado de la familia ha propuesto al Ministerio de Educación y Formación Profesional medidas de equipamiento didáctico específico y equipamiento técnico preciso que aseguren el acceso “igualitario” de los alumnos con discapacidad al ámbito académico.
Para defender el ingreso de la menor en un centro ordinario, el representante legal de los progenitores hizo referencia a la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de mayo en la que se señala que uno de los principios fundamentales del sistema educativo español es la “exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, sin exclusión, procurando que alancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades intelectuales, individuales, sociales, culturales y emocionales”, destacó Socorro.
Es por ello que “corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para atender a los alumnos con necesidades especiales”, destacó el abogado, que también criticó el hecho de que en Melilla no se cumpla este compromiso, “a diferencia de otras comunidades autónomas, donde se respetan los principios de normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso al sistema educativo”, explicó Gustavo Socorro.
Según el letrado de Dougan Abogados, estas carencias en las que hace hincapié “pueden llevar a pensar que Melilla se ha convertido, una vez más, en una ciudad de segunda para las administraciones públicas”.
Es por ello y por la obligatoriedad del cumplimiento de la Educación Secundaria Obligatoria que instan al Ministerio de Educación que se adopten las medidas oportunas para satisfacer el derecho de los menores con necesidades educativas especiales para cursar sus estudios en centros ordinarios equipándolo con ellos de medios necesarios para tal fin.
“Este problema tiene fácil solución si existe un compromiso nítido por parte de las administraciones públicas en beneficio de la ciudadanía de Melilla”, señaló el abogado de los padres.
Del mismo modo, el letrado explicó que ante estos hechos, la presión por parte de la sociedad para que pongan solución a este problema “debería de ser absoluta”, ya que “es una exigencia para cubrir una carencia grave que padecen decenas de ciudadanos de Melilla”. “Yo como abogado, estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias”, añadió.
Por el momento, I.M.M. se encuentra matriculada en el Centro de Educación Especial Reina Sofía.
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