El tiempo estival pone a prueba muchas cosas, también la capacidad de resistencia política. Por segundo año consecutivo las perspectivas del PP se hunden y, tras otras elecciones, quedan a medio fuelle sus pretensiones, que no eran otras que imponer la agenda del fango, de los bulos y el odio, al que nos tiene acostumbrado la derecha.
Llevan un año profetizando la ruptura del Gobierno de coalición progresista, pero a día de hoy los únicos Gobiernos rotos son los suyos con la ultraderecha sin que ello, a primera vista, haya supuesto un cambio relevante en las políticas de un PP cada vez más radicalizado y con posiciones cada vez más cercanas a la de sus socios en todavía más de un centenar de ayuntamientos.
Otro “verano azul” del PP que naufraga y un año de gestión que nos da un triste balance de retrocesos y ninguna alternativa clara de proyecto político. Solo hay que ver el motivo de la ruptura con sus socios para darse cuenta del lamentable espectáculo que ambos partidos han generado con un tema tan sensible para nuestra Ciudad.
No esperen un apoyo la reforma de la Ley de Extranjería que obligue a un reparto solidario de niños y niñas en situación de máxima vulnerabilidad entre autonomías. Y menos esperen que nuestra Diputada por Melilla vele por los intereses de nuestra Ciudad, en primera línea de futuras crisis migratorias que, como ya hemos visto, pueden desabordar más pronto que tarde nuestro sistema de protección de menores.
Porque se trata de migrantes, sí, pero, ante todo, se trata de infancia que necesita protección. Y a España nos obligan nuestras propias leyes, las europeas y los acuerdos internacionales suscritos en esta materia. El PP habla de condiciones para aprobar la Ley. Pero, más allá de frases pomposas, del tipo: “la patria empieza en Canarias, Ceuta y Melilla”, los melillenses no logramos entender qué impide al PP llegar a un acuerdo de estado con el Gobierno que, sin duda, a uno de los territorios que más beneficia es al nuestro. Tendrán que explicarlo mejor que con frases rimbombantes.
En Melilla no hemos tenido Gobierno de coalición con la ultraderecha, simplemente hemos tenido un año en blanco. Eso sí, nos han presentado planes de inversión y, nuevamente, nos han prometido fastuosamente el objetivo de 5.000 nuevos estudiantes universitarios y 50.000 nuevos turistas que, muy a nuestro pesar, no logramos entrever ni mínimamente en la próxima década. Sí hemos visto perfectamente cumplida las promesas electorales, de puertas para dentro, de contratar asesores y directores generales que, a día de hoy, no sabemos en qué han mejorado la gestión del macro-Gobierno del PP.
Pero Imbroda ha celebrado la ruptura con sus socios de ultraderecha en el resto del territorio como si aquí también se hubieran quitado una insufrible molestia. ¿No será que ven con preocupación que Vox sí que ha mantenido su peso electoral en todos los comicios de este último año y, encima, la derecha suma con Alvise un nuevo partido que les puede restar votos? A los socialistas nos preocupa que el PP rompa con las políticas de ultraderecha. Cosa que no vemos cuando se manifiestan en temas tan sensibles como la política migratoria y de protección de la infancia.
El Partido Popular, como promulga el PP de Melilla, debe a mirar al Norte, pero realmente. Empezando por tener su espejo político en la derecha europea que, no solo evita pactar con la ultraderecha, sino que la mantiene arrinconada. Una derecha, conservadora y liberal, que pacta con socialdemócratas y verdes en las instituciones europeas para mantener a raya el peligro de una derecha racista, xenófoba y machista, con el odio como principal bandera.
El PP también ha visto en Francia una advertencia y un ejemplo de que merece mucho la pena luchar por las instituciones democráticas. Eso pasa por alejarse del fango, de los postulados anticonstitucionales y por pactar con las fuerzas que verdaderamente sí creen en la regeneración democrática, como ya han demostrado que pueden alcanzar pactando con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La ciudadanía anhela más pactos de estado en temas sensibles como la política migratoria, la violencia de género o la vivienda, que el Gobierno tiene como objetivo en convertir en el quinto pilar del Estado del Bienestar.
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