El diputado del Partido Popular por Melilla en el Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha tildado de "irresponsabilidad" la propuesta no de ley (PNL) de Vox sobre Ceuta y Melilla desde el punto de vista de la seguridad y la defensa y ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular no comparte "la perspectiva apocalíptica" que se presenta en la PNL.
En su respuesta, Otazu ha dicho que "quiero expresarlo con respeto pero también de manera contundente, se está incurriendo en una grave irresponsabilidad. El mejor mecanismo para prevenir la generación de conflictos no deseados es el de que ningún adversario se sienta tentado a obtener sus objetivos por medio de la fuerza". En este sentido, ha argumentado que desde hace décadas "los ejércitos de nuestro entorno y el nuestro también han venido practicando la disciplina de la disuasión, según la cual, no se ha de generar nunca en un potencial adversario la falsa creencia de que, a lo mejor, si prueba a emplear la fuerza, puede salirle bien".
Es por ello que Otazu cree que emplear una supuesta reducción de la distancia operativa entre las Fuerzas Armadas de Marruecos y las de España, visión que no compartimos, como argumento para promover actuaciones políticas, "es tremendamente irresponsable desde el punto de vista de la seguridad y la defensa". En su intervención en la Comisión de Exteriores este miércoles, el diputado por Melilla ha recalcado que "hoy ratifico que el Grupo Parlamentario Popular no comparte la perspectiva apocalíptica presentada por el Grupo proponente sobre la amenaza militar que pudiera cernirse sobre las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla basada en una supuesta reducción de la distancia operativa entre las Fuerzas Armadas marroquíes y las españolas", recalcando que "la primera premisa es que las respuestas sean proporcionales a las ofensas recibidas, circunstancia que, en nuestra opinión, no se da con las propuestas que se formulan".
La idea de Vox en su PNL era declarar la crisis migratoria como situación de interés para la Seguridad Nacional en virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, de tal manera que se faculte al despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes , con el fin de prevenir, proteger y disuadir el atraque de embarcaciones con inmigrantes ilegales en territorio nacional. También querían denunciar ante el resto de los organismos internacionales la agresión que sufre España por parte de Marruecos al ser artífice de una invasión migratoria planificada de la ciudad de Ceuta y devolver de forma masiva a todos los individuos, incluidos los menores, que han violado nuestras fronteras de manera inminente.
Por otro lado, piden archivar de manera inmediata todos los expedientes de reconocimiento de residencia legal a nacionales marroquíes, archivar de manera inmediata todos los expedientes de concesión de nacionalidad a todos los residentes legales de nacionalidad marroquí, suspender cualquier pago y subvención a las autoridades marroquíes, poner en marcha un cierre total de fronteras con Marruecos y llamar a consultas al embajador de España en Marruecos y declarar persona non grata a la embajadora de Marruecos en España, dándole un plazo máximo de 24 horas para abandonar nuestro país.
Respecto a los ciudadanos marroquíes, Vox solicitó bloquear, incluso anular, la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración irregular como Marruecos, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes que dejan salir de sus costas en dirección a España y finalmente instar a las instituciones europeas a imponer sanciones económicas sobre Marruecos.
Otazu ha apuntado a que el Grupo Parlamentario Popular no puede respaldar con su voto dichas propuestas y subraya que, a pesar de reconocer a Marruecos como único responsable de las actuaciones absolutamente ilegítimas por las cuales se registraron los hechos de los pasados días 17 y 18 de mayo en Ceuta, no es posible desvincular totalmente los mismos de la enorme torpeza política con la que se gestionó la entrada en España del señor Brahim Ghali, utilizada como pretexto por parte de Marruecos para cometer su acto hostil, independientemente de las consecuencias judiciales que dicha gestión pueda tener.
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