En Melilla, casi un 8 por ciento de ciudadanos, exactamente un 7,93 por ciento, solicitó que se les prohibiera jugar online en 2021 en España, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Es un por ciento más de las personas que pidieron que se les prohibiera jugar en la ciudad hermana de Ceuta.
Y con respecto al país, en total, 7.640 nuevas personas pidieron el año pasado, motu proprio, ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online, con lo que la cifra global de las que lo han solicitado alcanzó las 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020.
La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.
En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afecta al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades autónomas se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de esa inscripción.
El Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros y, en consecuencia, avanzar en la lucha contra la ludopatía.
Según el departamento que dirige Alberto Garzón, de esta manera se evitarán situaciones como que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una comunidad pueda jugar en otro territorio.
Por comunidades autónomas, es Baleares la que presenta el mayor incremento de autoprohibidos, al pasar de 1.179 a 1.480 en un solo año, lo que implica una subida de un 25,53%, seguida de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); la Comunidad Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).
Con menor porcentaje, aparece Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77%, La Rioja (15,56%), Cantabria (14,89%), País Vasco (14,80%), Cataluña (14,29%), Asturias (10,99%), Canarias (10,77%), Andalucía (10,09%) y Aragón (10,08%).
Menos significativos, aunque también destacables, son los incrementos de autoprohibidos registrados en Castilla y León (9,48%), Galicia (9,38%) y Extremadura (7,97%), así como en las ciudades autónomas de Melilla (7,93%) y Ceuta (6,93%).
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